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México pierde 3 mil mdp al año por ciberataques

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Para el año 2020, las transacciones vía internet a nivel mundial alcanzarán los 170,000 millones de dólares (mdd), un crecimiento de 127% con respecto a 2015. El desarrollo del cibermercado mundial, que en el mundo empresarial requiere de grandes volúmenes de almacenamiento de datos en servidores, resulta importante proteger las operaciones en la red.

Avi Shavit, experto en ciberseguridad y consultor de la oficina del Director de Ciencia y Tecnología de Israel, dijo en entrevista a Expansión que es urgente aumentar el nivel de protección de redes y datos ante el robo de todo tipo de información, que afecta a las personas y a las empresas.

En México, la protección de las empresas, operaciones y datos en internet aún está en una fase inicial. Recientemente, Víctor Lagunes Soto, jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, dijo que México pierde 3,000 mdd por ciberdelitos al año.

En el Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, México tiene un nivel de seguridad por debajo del promedio internacional con 32.4 puntos de 100 posibles, mientras que el promedio global se ubica en 44.6 puntos.

En México, 19% de las empresas tienen programas de seguridad informática, contra 40% a nivel global; una firma afectada paga hasta 20,000 dólares para corregir daños informáticos, según un reporte de la firma Ernst & Young, México 2015

Por ejemplo, la empresa de tecnología y entretenmiento Sony fue víctima de un ataque en 2014 en sus oficinas centrales en Estados Unidos, que implicó el robo de información y daño en equipos, eso llevó a la la inhabilitación de correos electrónicos de los empleados. El daño, según expertos, fue valuado en 100 mdd.

El tema sobre la ciberseguridad toma relevancia, debido a que el almacenamiento de datos en la llamada nube continuará con su crecimient, por lo que es indispensable que las empresas cuenten con un sistema eficiente contra ciberataques. “La nube es el futuro de las tecnologías de información, no solo en México, en todo el mundo. Las personas, organizaciones, gobiernos e industrias tienen que prepararse para estar en la nube”, dijo Shavit.

Explicó que la conectividad de dispositivos a la red permite el acceso a una gran cantidad de información que se almacena en la red, por lo que los datos tienen que estar encriptados, es decir, que deben contar con un código que acompañe a la información y que impida que terceros la descifren.

“Necesitamos asegurarnos de que los datos estén encriptados para hacerlos más confiables al momento de que salen de las organizaciones (…) incluso si la nube es hackeada, solo la persona autorizada puede ver la información”, añadió el experto en ciberseguridad. La función de las empresas dedicadas a esta área de las tecnologías de la información es el intercambio de datos con confidencialidad a través de códigos de encriptación.

El precio de la ciberseguridad depende del tamaño de la empresa. Una aproximación para una pequeña empresa lo da Norton, software antivirus propiedad de Symantec, que ofrece un paquete de antivirus para cinco a 20 equipos por 1,200 pesos por el primer año. En promedio, la falta de protección de datos puede costarle a una empresa hasta 4 mdd, según una investigación del Instituto Ponemon e IBM realizada en 838 compañías de 16 sectores industriales en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil, Japón, Italia, India, la región árabe y Sudáfrica.

 

 

CNN

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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