Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno hará una consulta para decidir si se debe juzgar a los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En entrevista para #AristeguiEnvivo señaló que en México han habido mucho abusos y latrocinios y la corrupción está presente en todos los sectores.
“Hay políticos vendiendo medicinas, por eso no hay medicinas en los hospitales; en las cárceles, y las policías, todo está podrido… No nos alcanzarían las cárceles y los juzgados“, dijo.
Comentó que si se abren expedientes contra los corruptos se tendría que comenzar por “los de arriba” pero no sería conveniente porque significaría “conspirar contra la estabilidad política del país”.
“Desatamos (a los demonios), nos empantanamos, se suelta la confrontación entre los mexicanos, porque tendríamos que enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y habría demasiado escándalo, y no podría hacer lo que quiero hacer para acabar con la corrupción”, sostuvo.
En este sentido, consideró que lo mejor será poner un “punto final” e iniciar una nueva etapa, en la que se modifiquen las leyes para que la corrupción sea considerado un delito grave. “Hacia adelante cero corrupción y cero impunidad”, puntualizó.
Recordó que durante su campaña nunca ofreció encarcelar a los políticos por actos de corrupción, ya que eso generaría un conflicto peor que en Brasil.
“Le haríamos más daño al país que beneficios si desatamos una cacería de corruptos. Me interesa un cambio de régimen. Lo que ya está en curso continúa porque no soy absoluto, yo no soy dictador, pero como titular del Ejecutivo no voy a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza, quiero justicia no venganza”, afirmó.
Sin embargo, al ser cuestionado si aceptaría realizar una consulta legal organizada por el Instituto Nacional Electoral para decidir si se juzga o no a los expresidentes, López Obrador dijo que sí y la pregunta que los ciudadanos tendrían que contestar sería: “¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia, y no sólo se persiga a chivos expiatorios, y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto?”.
Al preguntarle sobre el Consejo Asesor integrado por empresarios, el también fundador de Morena recordó que Ricardo Salinas Pliego fue el primero que se le acercó para ofrecerle su apoyo y le propuso algunos nombres.
Sin embargo, aclaró que la lista de los empresarios que pertenecerán al Consejo se seguirá ampliando, sólo tendrán un papel honorífico y no incidirán en las políticas públicas.
“Yo no voy a traicionar al pueblo ni a mis principios. Mi amo es el pueblo de México“, reiteró.
Al decir que lo que más estima en su vida es la honestidad, el Presidente electo aseveró que durante su gobierno hará una clara separación entre el poder político y económico, como lo hizo Benito Juárez con la Iglesia y el Estado.
“Es una gran teoría política y es lo que vamos a llevar a la práctica, sin aspavientos, sin escándalos, con responsabilidad, consultando a los ciudadanos, mandar obedeciendo”, abundó.
En ese sentido, también se comprometió a someter a consulta el papel del Consejo Asesor de empresarios.
“Una consulta que diga ¿crees que Andrés Manuel, el presidente de la república, deba asesorarse, escuchar a Bernardo Gómez, Ricardo Salinas, Olegario Vázquez y otros empresarios?” planteó.
Respecto a la opinión que tiene del actual presidente, Enrique Peña Nieto, el próximo mandatario afirmó que lo respeta porque no se metió en la elección del pasado 1 de julio, a pesar de que un grupo de empresarios acudió a él en dos ocasiones para que interviniera.
El 84 por ciento del sector productivo en México respalda la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que ha contribuido a fortalecer la inversión, la integración productiva y las cadenas regionales de valor. Así lo revelan los resultados de las consultas públicas realizadas en el país con motivo de la próxima revisión del acuerdo comercial.
Durante la presentación del informe Resultados de las Mesas de Consulta Pública, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el consenso nacional apunta a preservar el tratado, al señalar que sus efectos han sido positivos para la economía mexicana.
De acuerdo con el documento, el respaldo alcanza 84 por ciento cuando se mide por sector productivo y 75.9 por ciento al analizarlo por entidades federativas. La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), Altagracia Gómez, señaló que existen pocos temas en el país que generen un nivel de acuerdo similar.
Aunque el apoyo es mayoritario, tanto empresarios como gobiernos estatales identificaron diversos puntos que consideran relevantes rumbo al proceso de revisión del tratado. Entre los principales señalamientos se encuentran los aranceles aplicados de manera unilateral por Estados Unidos bajo disposiciones como las secciones 232 y 301, así como asimetrías en el mecanismo laboral y los altos costos de certificación que enfrentan exportadores, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas.
El titular de Economía también rechazó la posibilidad de establecer revisiones anuales del acuerdo. Advirtió que introducir este tipo de mecanismos podría generar incertidumbre estructural y afectar la competitividad de la región de Norteamérica frente a otras economías, especialmente en Asia.
El informe destaca como principales ventajas del T-MEC la certidumbre jurídica para los inversionistas, la atracción de capital extranjero y el fortalecimiento de la plataforma productiva regional.
No obstante, el análisis también señala retos pendientes, entre ellos la saturación en cruces fronterizos, casos de competencia desleal, prácticas de triangulación comercial y rezagos en infraestructura energética y logística.
En términos generales, la postura predominante entre los participantes de las consultas es mantener el tratado y enfocar los esfuerzos en mejorar su implementación, sin modificar de fondo los capítulos que integran el acuerdo comercial.