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AMLO anuncia consulta legal que organizará INE para decidir si se juzga a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña

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Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno hará una consulta para decidir si se debe juzgar a los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En entrevista para #AristeguiEnvivo señaló que en México han habido mucho abusos y latrocinios y la corrupción está presente en todos los sectores.

“Hay políticos vendiendo medicinas, por eso no hay medicinas en los hospitales; en las cárceles, y las policías, todo está podrido… No nos alcanzarían las cárceles y los juzgados“, dijo.

Comentó que si se abren expedientes contra los corruptos se tendría que comenzar por “los de arriba” pero no sería conveniente porque significaría “conspirar contra la estabilidad política del país”.

“Desatamos (a los demonios), nos empantanamos, se suelta la confrontación entre los mexicanos, porque tendríamos que enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y habría demasiado escándalo, y no podría hacer lo que quiero hacer para acabar con la corrupción”, sostuvo.

En este sentido, consideró que lo mejor será poner un “punto final” e iniciar una nueva etapa, en la que se modifiquen las leyes para que la corrupción sea considerado un delito grave. “Hacia adelante cero corrupción y cero impunidad”, puntualizó.

Recordó que durante su campaña nunca ofreció encarcelar a los políticos por actos de corrupción, ya que eso generaría un conflicto peor que en Brasil.

“Le haríamos más daño al país que beneficios si desatamos una cacería de corruptos. Me interesa un cambio de régimen. Lo que ya está en curso continúa porque no soy absoluto, yo no soy dictador, pero como titular del Ejecutivo no voy a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza, quiero justicia no venganza”, afirmó.

Sin embargo, al ser cuestionado si aceptaría realizar una consulta legal organizada por el Instituto Nacional Electoral para decidir si se juzga o no a los expresidentes, López Obrador dijo que sí y la pregunta que los ciudadanos tendrían que contestar sería: “¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia, y no sólo se persiga a chivos expiatorios, y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto?”.

Al preguntarle sobre el Consejo Asesor integrado por empresarios, el también fundador de Morena recordó que Ricardo Salinas Pliego fue el primero que se le acercó para ofrecerle su apoyo y le propuso algunos nombres.

Sin embargo, aclaró que la lista de los empresarios que pertenecerán al Consejo se seguirá ampliando, sólo tendrán un papel honorífico y no incidirán en las políticas públicas.

“Yo no voy a traicionar al pueblo ni a mis principios. Mi amo es el pueblo de México“, reiteró.
Al decir que lo que más estima en su vida es la honestidad, el Presidente electo aseveró que durante su gobierno hará una clara separación entre el poder político y económico, como lo hizo Benito Juárez con la Iglesia y el Estado.

“Es una gran teoría política y es lo que vamos a llevar a la práctica, sin aspavientos, sin escándalos, con responsabilidad, consultando a los ciudadanos, mandar obedeciendo”, abundó.

En ese sentido, también se comprometió a someter a consulta el papel del Consejo Asesor de empresarios.

“Una consulta que diga ¿crees que Andrés Manuel, el presidente de la república, deba asesorarse, escuchar a Bernardo Gómez, Ricardo Salinas, Olegario Vázquez y otros empresarios?” planteó.

Respecto a la opinión que tiene del actual presidente, Enrique Peña Nieto, el próximo mandatario afirmó que lo respeta porque no se metió en la elección del pasado 1 de julio, a pesar de que un grupo de empresarios acudió a él en dos ocasiones para que interviniera.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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