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Política

Piden sancionar a Cuauhtémoc Blanco por violar Ley de Asociaciones Religiosas

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Por supuestamente violar el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al haber celebrado una misa al interior del Palacio de Gobierno de Morelos el pasado 12 de diciembre; integrantes de asociaciones civiles y de la República Laica, presentaron una denuncia ante la secretaría de Gobernación contra el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco.

De acuerdo a Aidé García de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en el contexto de la Cuarta Transformación, el actual gobierno ha manifestado el interés de actuar en la legalidad y salvaguardar la Constitución.

Por ello, confió en que las autoridades van a proceder, y ofrecerán una respuesta pronta. “A ellos les vamos a entregar este documento y como justamente la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que cualquier violación al Estado esta es esta es la distancia que regulan estas violaciones y lo que estamos esperando es que nos reciban esta denuncia y que además se dé un proceso de sanción al gobernador Cuauhtémoc Blanco”.

“El gobierno de la República está obligado a hacer valer nuestro marco legal, investigando y sancionando este tipo de conductas que no abonan al reconocimiento de la diversidad y el pluralismo del país”, señalaron.

A su vez, Martha Juárez, indicó que las autoridades “tendrían que mandar un mensaje claro, un ejemplo de que este tipo de actos por más que popularmente sean bien vistos, afecta la legalidad y la Constitución de nuestro país y nuestras leyes”.

“Sí Cuauhtémoc Blanco, el gobernador o cualquier otro funcionario, en su día de descanso, en sus horas privadas, desea realizar un culto católico, evangélico, protestante o ninguno, es libre de hacerlo, pero sí como funcionarios públicos, me parece que tenemos que exigir un papel a nuestros gobernantes de todos niveles”, agregó.

El documento fue entregado en el área de Oficialía de Partes y está dirigido a la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, así como al director general de Asociaciones Religiosas, Héctor Humberto Miranda.

Juárez

Negligencia panista colapsa el transporte y castiga al poniente de Ciudad Juárez

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Morena denuncia abandono, simulación y desprecio del Gobierno del Estado hacia miles de familias juarenses

Chihuahua. – La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, responsabilizó al Gobierno del Estado del colapso del transporte público en el poniente de Ciudad Juárez, al denunciar una política sostenida de abandono y negligencia que vulnera de manera sistemática el derecho humano a la movilidad y castiga diariamente a miles de familias.

Al presentar un Punto de Acuerdo, la morenista dejó claro que la crisis del transporte no es un hecho aislado ni un problema técnico, sino la consecuencia directa de años de abandono, negligencia y decisiones políticas que han excluido deliberadamente al poniente de la ciudad. “Aquí no hay errores accidentales: hay un gobierno que decidió no asumir su responsabilidad y darle la espalda a la gente”, sentenció.

Argüelles Díaz señaló que mientras el Gobierno Estatal presume el BRT como propaganda, en las colonias del poniente la realidad es brutal: rutas inexistentes, camiones en condiciones deplorables, esperas interminables y nula supervisión. “El transporte público no es un discurso, es la vida diaria de miles de personas que hoy están siendo castigadas”, afirmó.

La legisladora acusó a la Subsecretaría de Transporte de tolerar la circulación de unidades en pésimas condiciones, poniendo en riesgo a las personas usuarias, normalizando accidentes y protegiendo a concesionarios incumplidos en lugar de defender a la ciudadanía.

Denunció además que la ausencia de rutas alimentadoras al BRT no es un descuido, sino una decisión política que obliga a las familias a destinar hasta el 21 por ciento de su ingreso únicamente para poder trasladarse al trabajo, la escuela o los servicios de salud. “El costo de la incompetencia gubernamental lo paga la gente todos los días”, subrayó.

En su exposición de motivos, la representante legislativa advirtió que este abandono impacta con mayor crudeza a mujeres, niñas y niños, quienes enfrentan acoso, violencia e inseguridad en los trayectos y dentro de las unidades, sin que el Gobierno Estatal implemente medidas reales de prevención. “La falta de perspectiva de género también es violencia institucional”, enfatizó.

Calificó como inadmisible que el Consejo Consultivo de Transporte lleve más de dos años sin sesionar, evidenciando que para el Gobierno del Estado el transporte público no es una prioridad, pese a que millones de personas dependen de él para vivir.

Es por ello que exhortó al Gobierno Estatal responder de inmediato a las quejas ciudadanas, abrir mesas técnicas con participación social real, crear rutas alimentadoras, ampliar la cobertura y ejercer una supervisión estricta, sin simulación ni favoritismos, sobre las personas concesionarias.

“El transporte público en Chihuahua está hecho pedazos porque el Gobierno decidió abandonarlo. La movilidad es un derecho humano y no vamos a permitir que siga siendo rehén de la incompetencia, la indiferencia y la propaganda”, concluyó.

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