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Hallan muerto a segundo testigo de caso Odebrecht en Colombia

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Las autoridades colombianas hallaron muerto en Bogotá al exsecretario de Transparencia de la Presidencia Rafael Merchán, testigo en el caso Odebrecht en Colombia, menos de dos meses después de que falleciera Jorge Enrique Pizano, cuya declaración estaba considerada clave.

“Tristeza infinita por la muerte de un gran amigo, extraordinario ser humano, Rafael Merchán. Nos va a hacer muchísima falta. Que dolor. Que en paz descanse”, escribió en Twitter el ex senador Carlos Fernando Galán, muy cercano al ex secretario de Transparencia.
Según el diario El Tiempo, el cuerpo de Merchán, que tenía 43 años, fue hallado en extrañas circunstancias en su casa de Bogotá y había sido citado como testigo en el proceso penal contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade por el caso Odebrecht.

Andrade está acusado por la Fiscalía de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio, en calidad de determinador.

Los hechos investigados corresponden a la adición del contrato de concesión Ruta del Sol II, cuyo socio mayoritario era la empresa brasileña Odebrecht, realizada cuando Andrade se desempeñaba como presidente de la ANI.

Jorge Enrique Pizano falleció de un infarto, según el informe del hospital donde fue atendido, y tres días después falleció su hijo el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, envenenado con cianuro al beber agua saborizada que estaba en una botella que halló en un escritorio que su padre tenía en su casa.

Por el manejo de ese caso el pasado 20 de diciembre el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, Carlos Valdés, renunció en medio de la controversia por el manejo de las pruebas sobre el fallecimiento de Pizano.

Según la Fiscalía, las coimas que pagó Odebrecht en el país para hacerse con el contrato de la carretera Ruta del Sol II, en donde Pizano trabajó como auditor en representación del Grupo Aval, fueron de 84 mil millones de pesos.

Resto del mundo

Estados Unidos se alista para atacar instalaciones militares en Venezuela vinculadas al narcotráfico

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La tensión entre Washington y Caracas alcanzó un nuevo punto crítico luego de que medios estadounidenses revelaran que el gobierno de Donald Trump se prepara para bombardear instalaciones militares dentro de Venezuela, como parte de una operación para debilitar al régimen de Nicolás Maduro y desmantelar las redes del narcotráfico controladas por el llamado Cártel de los Soles.

De acuerdo con reportes del Miami Herald y The Wall Street Journal, los ataques aéreos podrían iniciarse “en cuestión de días o incluso horas”. Aunque aún no se ha tomado una decisión final, fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron que el plan contempla golpear puertos, aeropuertos y bases militares supuestamente utilizados para el tráfico de drogas.

Los funcionarios citados aseguran que la ofensiva busca forzar la salida de Maduro del poder y cortar las fuentes financieras del narcotráfico venezolano. “El tiempo de Maduro se está agotando”, afirmó una fuente consultada por el Herald, al señalar que “más de un general estaría dispuesto a entregarlo”.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe ya está en marcha. El portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el buque de guerra más grande y avanzado del mundo, se dirige hacia las costas venezolanas acompañado por destructores, un submarino, aeronaves F-35B y aviones de patrulla P-8. Según el Pentágono, esta es la mayor movilización naval en la región desde la invasión de Panamá en 1989.

Washington ha justificado la operación bajo el argumento de combatir el narcotráfico transnacional, tras dos meses de ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico que, de acuerdo con cifras oficiales, han dejado 61 muertos y tres sobrevivientes. “Estamos librando una guerra como nunca antes contra los cárteles, y la estamos ganando”, declaró Trump ante tropas estadounidenses en Japón.

La ofensiva ha provocado fuertes críticas internacionales. La ONU acusó al gobierno de Estados Unidos de violar el derecho internacional y denunció que los ataques marítimos recientes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. “Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, expresó el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk.

En medio del despliegue militar, la tensión diplomática aumenta mientras la comunidad internacional observa con cautela una posible intervención directa. De concretarse los bombardeos, la operación marcaría un giro histórico en la política estadounidense hacia América Latina y abriría un nuevo capítulo de confrontación entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

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