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Estados Unidos se alista para atacar instalaciones militares en Venezuela vinculadas al narcotráfico

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La tensión entre Washington y Caracas alcanzó un nuevo punto crítico luego de que medios estadounidenses revelaran que el gobierno de Donald Trump se prepara para bombardear instalaciones militares dentro de Venezuela, como parte de una operación para debilitar al régimen de Nicolás Maduro y desmantelar las redes del narcotráfico controladas por el llamado Cártel de los Soles.

De acuerdo con reportes del Miami Herald y The Wall Street Journal, los ataques aéreos podrían iniciarse “en cuestión de días o incluso horas”. Aunque aún no se ha tomado una decisión final, fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron que el plan contempla golpear puertos, aeropuertos y bases militares supuestamente utilizados para el tráfico de drogas.

Los funcionarios citados aseguran que la ofensiva busca forzar la salida de Maduro del poder y cortar las fuentes financieras del narcotráfico venezolano. “El tiempo de Maduro se está agotando”, afirmó una fuente consultada por el Herald, al señalar que “más de un general estaría dispuesto a entregarlo”.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe ya está en marcha. El portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el buque de guerra más grande y avanzado del mundo, se dirige hacia las costas venezolanas acompañado por destructores, un submarino, aeronaves F-35B y aviones de patrulla P-8. Según el Pentágono, esta es la mayor movilización naval en la región desde la invasión de Panamá en 1989.

Washington ha justificado la operación bajo el argumento de combatir el narcotráfico transnacional, tras dos meses de ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico que, de acuerdo con cifras oficiales, han dejado 61 muertos y tres sobrevivientes. “Estamos librando una guerra como nunca antes contra los cárteles, y la estamos ganando”, declaró Trump ante tropas estadounidenses en Japón.

La ofensiva ha provocado fuertes críticas internacionales. La ONU acusó al gobierno de Estados Unidos de violar el derecho internacional y denunció que los ataques marítimos recientes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. “Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, expresó el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk.

En medio del despliegue militar, la tensión diplomática aumenta mientras la comunidad internacional observa con cautela una posible intervención directa. De concretarse los bombardeos, la operación marcaría un giro histórico en la política estadounidense hacia América Latina y abriría un nuevo capítulo de confrontación entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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