Chihuahua

Chihuahua con altos índices de participación en programas sociales

Con 22 mil 500 personas capacitadas para vigilar los Programas Sociales, la Secretaría de la Contraloría registró un número sin precedentes de personas capacitadas con el Programa de Contraloría Social, lo cual coloca a este Órgano de Control Estatal en el Primer Lugar Nacional, según los reportes de todas las Contralorías del país; con lo anterior el Gobierno del Estado se posiciona como uno de los que da mayor énfasis a la participación de la gente que recibe directamente los beneficios de programas sociales en las zonas rurales del estado de Chihuahua.

Esas 22 mil 500 personas son en su mayoría mujeres y adultos mayores, radicados en las comunidades rurales de 31 Municipios del Estado, cuyas actividades de sustento son principalmente agrícolas, los programas asistenciales que reciben tienen injerencia directa en su esfera de supervivencia social.

Al respecto, la licenciada y M.A. Liliana Álvarez Loya, titular de la Contraloría Estatal, informó que “Contraloría Social, tiene el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen con la mayor transparencia y legalidad.

En lo que va del año, – explica la funcionaria-, “hemos atendido a 31 Municipios del Estado, principalmente a los más afectados por la sequía, capacitando en primer término, a los beneficiarios de programas Federales, Estatales y Municipales, que gracias a las gestiones del Gobernador Cesar Duarte, se han incrementado de manera extraordinaria, logrando aumentar la confianza de la ciudadanía, generando esquemas preventivos en la aplicación de los programas sociales, a través de procesos de participación social y mecanismos de legalidad y transparencia”.

La funcionaria Estatal, Liliana Álvarez Loya, destacó la importancia que tiene para la actual administración, el fomentar la participación ciudadanía en el control y vigilancia del ejercicio de los recursos, ejecución de las obras y el desempeño de los servidores públicos.

A la par de estas acciones de capacitación, Liliana Álvarez Loya, dio a conocer la colocación de 114 buzones de quejas y sugerencias, los cuáles son monitoreados de manera permanente; “El control social activa el control formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría” señaló categórica la Contralora del Gobierno del Estado, agregando que la contraloría social es un mecanismo ciudadano que contribuye a que la gestión gubernamental se realice en términos más amplios de democracia, transparencia y legalidad.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.