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Denuncia Trump ‘golpe de Estado’ en su contra

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El presidente Donald Trump, asediado por las investigaciones del Congreso para un posible juicio político, afirmó que lo que está en marcha es «un golpe de Estado» para privar a la ciudadanía de sus derechos.

A medida que me entero de más cosas cada día, estoy llegando a la conclusión de que lo que está en marcha no es un juicio político, es un GOLPE», afirmó el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Según Trump el supuesto golpe «tiene la intención de arrebatar el Poder del Pueblo, su VOTO, sus Libertades, su Segunda Enmienda, Religión, Fuerzas Armadas, Muro en la Frontera, ¡y sus derechos otorgados por Dios como ciudadanos de los Estados Unidos de America!».
La segunda enmienda de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a poseer armas y la referencia a la frontera está vinculada con la promesa de Trump de que construiría un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos para contener la inmigración, y que México pagaría por ella.
La Cámara de Representantes, donde el Partido Demócrata tiene mayoría, ha iniciado formalmente una investigación que podría conducir al juicio político de Trump.

El proceso ha intensificado las disputas entre el Congreso y sus comités investigadores por un lado, y las diversas agencias del gobierno a las cuales la Casa Blanca ha ordenado que resistan a las investigaciones.

El inspector general del Departamento de Estado, Steve Linick, ha solicitado una «reunión urgente» con funcionarios de varios comités de la Cámara de Representantes y del Senado, para discutir documentos relacionados con esa agencia y Ucrania.

Los legisladores investigan a Trump por una llamada telefónica el 25 de julio con su homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski, en la que le pidió que invesgigara al exvicepresidente Joe Biden, ahora aspirante a la candidatura presidencial demócrata en 2020, y a su hijo por presunta corrupción en el país europeo.

La solicitud inusitada de Linick ocurrió después que el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que se opone a que los funcionarios de su departamento, citados por el Congreso, concurran a declarar sobre la relación con Ucrania.

Permítanme ser claro: no toleraré tales tácticas, y utilizaré todos los medios a mi disposición para prevenir y exponer cualquier intento de intimidar a los profesionales dedicados a los que me enorgullece dirigir y servir en el Departamento de Estado», dijo Pompeo en una carta enviada al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

La Cámara de Representantes necesita una mayoría simple de 218 legisladores para enviar los cargos de acusación al Senado. Los demócratas ocupan 235 escaños los 435 de esa Cámara.

Por su parte, el Senado, controlado por mayoría republicana, deberá contar con el respaldo de dos tercios de la cámara, 67 senadores, para destituir al presidente, algo que actualmente parece poco factible.

En la historia de Estados Unidos, solo tres presidentes han enfrentado hasta ahora procesos de destitución: Andrew Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), quienes fueron absueltos; y Richard Nixon (1964-1974), quien dimitió antes de que se produjera su juicio político.

Excelsior

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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