Hace unos meses inicio la polémica distribución de la Cartilla moral con el objeto de promover una
transformación en la sociedad mexicana, esta sólo consta de algunas páginas, es una reedición de
la original de Alfonso Reyes a la que se le agregó la presentación escrita por el presidente, quien
insiste en inyectar su idea de moralidad a absolutamente todas las actividades, incluso a la
economía, un término tan subjetivo que la discusión del mismo nos llevaría una eternidad. El
primer título de este texto es; “El hombre se educa para hacer el bien” y textualmente señala… “El
bien no debe confundirse con nuestro interés particular en este o en otro momento de nuestra
vida. No debe confundírselo con nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro deseo. El bien es un
ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos, y aun de
nuestra felicidad o de nuestra vida”.
Es de llamar la atención que al regirse por principios tan claros y muy cercanos a los dogmas
religiosos la administración de la autoproclamada cuarta trasformación este pasando en su primer
año por cuestionamientos tan fuertes que recaen en alfiles del ejecutivo. Es sumamente extraño
como esos axiomas no comulgan en absoluto con personajes como los gobernadores Bonilla y
Barbosa, este último que incluso usando el nombre de dios afirmo que; el castigo cayó sobre los
opositores, justo en ese instante el estado laico sangró.
El martes pasado Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaria de
hacienda dijo a la prensa que existen investigaciones abiertas a gobernadores y superdelegados,
recalco que; “La Secretaría de la Función Pública ha planteado, el caso de nueve personas y
nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular”. A tan corto tiempo de
que esta administración haya arrancado, los casos de presunta corrupción resuenan con fuerza,
muchos dicen a favor de los señalados que los ataques a esos alfiles del ejecutivo responden a
diferentes intereses, que una investigación es solamente eso y que en un sistema acusatorio todos
somos inocentes hasta demostrar lo contrario, eso es cierto, el sistema inquisitorio que
desechamos hace algunos años quedó en desuso por ser violatorio de los derechos humanos.
La figura de superdelegado es nueva, según la administración actual atiende a una reorganización
administrativa, una persona en la que se depositaran responsabilidades varias con el propósito de
recortar el gasto en las diversas dependencias federales, concentrando su dirección en él o ella,
quien absorbería el peso laboral de un todo, pero con ello también vendría un gran poder. La
oposición por su parte señala que esta figura busca posicionar a personajes del partido en el
poder, mediante una estrategia clientelar, ya que al disponer de todos los recursos del aparato
gubernamental es fácil tomar ventaja, sobre todo porque no existe una reglamentación que
impida después a estos personajes buscar puestos de elección popular.
Los delegados federales con denuncias por uso irregular de programas ante la Secretaria de la
Función Pública según su titular son: los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima,
Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco, es decir, el treinta por ciento de los
que ostentan ese puesto hoy son señalados, pésima estadística, que para nada se lleva de la mano
con los principios rectores de la cartilla moral.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 17 señala claramente qué; “los
delegados tienen la encomienda de coordinar los programas, supervisarlos, siempre bajo el

mandato directo del Presidente de la República”. Es sumamente delicado el manejo de estos
programas.
Las declaraciones de Santiago Nieto no las debemos de tomar a la ligera, las investigaciones siguen
su curso, es lamentable que Chihuahua sea uno de estos casos, fue un tema que a nivel nacional
resonó ya que se la cuestionó por el tema al presidente en la conferencia matutina, por décadas
nos quejamos del sistema clientelar priista, de que su fuerza de movilización provenía de
programas públicos, del uso de recursos del estado y del abuso del poder. Permitimos que esas
prácticas se arraigaran, muchos partidos las han emulado con la esperanza de prolongar su
estancia en el poder, hace casi un año nos prometieron un cambio, hoy es el momento de
sanearlas.