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Las nalgadas han disminuido en EE.UU., pero a los pediatras les preocupa el impacto de la pandemia

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Los padres millennials y los pertenecientes a la generación X parecen estar castigando menos con nalgadas a sus hijos que las generaciones anteriores, según una carta de investigación publicada este lunes en la revista médica JAMA Pediatrics.

“Este artículo es realmente impresionante… y corresponde con nuestra perspectiva de que hay un cambio generacional”, señaló el pediatra de abuso infantil Dr. Robert Sege, autor principal de la declaración de políticas sobre el castigo corporal de la Academia Estadounidense de Pediatría.

“Las personas más jóvenes tienden a no golpear a sus hijos”, sostuvo Sege, quien no participó en la nueva investigación. “A medida que nos hemos dado cuenta de los problemas de violencia doméstica y violencia de pareja, ha habido un rechazo cada vez mayor ante cualquier tipo de violencia dentro del hogar, incluidas las nalgadas como castigo”.

El nuevo análisis utilizó datos del estudio Monitoring the Future, una encuesta nacional de 25 grupos de graduados consecutivos de la secundaria entre 1993 y 2017. Cada conjunto fue revaluado 17 años después, aproximadamente a los 35 años de edad. El estudio excluyó a las personas sin hijos o con hijos mayores, y se centró en los padres con al menos un hijo biológico, hijo adoptivo o hijastro entre los 2 y 12 años que vivieran en el hogar tiempo parcial o tiempo completo.

Alrededor del 50% de los padres informaron haber castigado con nalgadas a un niño en 1993. Sin embargo, para 2017 ese número se redujo al 35%. Si bien son muy buenas noticias, la cifra continúa siendo demasiado alta según los estándares establecidos por la Academia Estadounidense de Pediatría en 2018.

El grupo de pediatras sugiere que los adultos cuidadores de niños utilicen “formas saludables de disciplina” ––como el refuerzo positivo de comportamientos apropiados o el establecimiento de límites y expectativas–– y que eviten las nalgadas, golpes, bofetadas, amenazas, insultos o humillaciones.

“Los padres nunca deben golpear a su hijo ni usar insultos verbales que lo humillen o avergüencen”, aseguró Sege, quien dirige el Centro de Medicina Comunitaria de la Universidad de Tufts en Boston.

Las escuelas, los programas extracurriculares y las guarderías suelen ser los lugares que reportan la posible violencia doméstica.

Debido a que la ley les exige informar signos de abuso, como contusiones, cortes, huesos rotos y señales emocionales, la sociedad ha dependido de aquellas personas obligadas a reportar ––como maestros y trabajadores de cuidado infantil–– para alertar a las autoridades dar inicio a las investigaciones. (Los médicos, enfermeras y policías también tienen esta exigencia).

Sin embargo, la pandemia ha cerrado muchas de esas vías de denuncia, lo que deja a los defensores de menores sin pistas sobre lo que podría estar ocurriendo en casa. Un estudio preliminar durante las primeras seis semanas de pandemia, realizado por el proyecto de Evaluación Rápida del Impacto de la Pandemia en el Desarrollo (RAPID, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oregon, encontró un aumento inmediato del estrés en los cuidadores y de los problemas emocionales y de comportamiento en los niños.

Desde entonces, las dificultades emocionales y mentales parecen haber disminuido para los niños y sus padres, según la encuesta. Pero hay excepciones clave: los indicadores de estrés en los hogares de bajos ingresos y de un solo padre continuaron aumentando a medida que pasaron las semanas, y a menudo el impacto fue más difícil para las personas de color.

Para develar lo que está sucediendo en todo el país, la Academia Estadounidense de Pediatría y la organización Prevención del Abuso Infantil comenzará un estudio longitudinal en agosto acerca de cómo los padres lidian con esta situación a lo largo de Estados Unidos.

“Planeamos analizar realmente en profundidad cuáles son las experiencias positivas que están recibiendo los niños, cuáles son sus experiencias adversas y cómo cambian las prácticas de crianza durante todo esto”, detalló Sege.

“Todos los que nos preocupamos por los niños estamos muy preocupados frente a lo que sucedería si los beneficios adicionales, los subsidios por desempleo y todas esas cosas dejan de existir”, agregó. “La medida en que las familias han sido capaces de sobrellevar la situación, ha sido porque tienen apoyo económico, no están siendo desalojados. Pueden poner comida en sus mesas”, añadió.

Asegurarse de que los estadounidenses no retomen el castigo corporal es clave, advirtieron los experto. Un creciente número de investigaciones indica que los resultados finales de los castigos corporales pueden no ser positivos.

“El punto de disciplinar a un niño es enseñarle autorregulación cuando mamá y papá no están cerca”, explicó Sege. “Las nalgadas no logran eso”.

Un metanálisis de 75 estudios sobre las nalgadas como castigo descubrió que esta acción contribuía a la agresión, los problemas de salud mental y de estima social, así como al comportamiento antisocial en los niños, que se desarrollaron en la edad adulta.

Otros estudios han encontrado que los niños que reciben castigos corporales también experimentan problemas académicos en las escuelas y déficits cognitivos, además de tener más probabilidades de ser violentos hacia las mujeres posteriormente en su vida.

“Lo que encuentras es una correlación positiva entre las nalgadas y los niveles más altos de problemas de conducta. Si fuera efectivo, deberías ver lo contrario”, explicó a CNN Rebecca Ryan, psicóloga del desarrollo y profesora asociada de la Universidad de Georgetown, en una entrevista previa.

Los jóvenes son menos violentos en lugares donde se prohíbe el castigo corporal, según encontró un análisis de 2018 sobre datos de 88 países, territorios y estados del protectorado.

“Las sociedades que tienen estas prohibiciones parecen ser lugares más seguros para que crezcan los niños”, indicó en una entrevista previa el autor principal del estudio, Frank Elgar, profesor asociado del Instituto de Salud y Política Social de la Universidad McGill en Montreal.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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