El gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, recurre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para instrumentar ataques mediáticos y represión política contra el Movimiento Antorchista Nacional. Luego de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de la UIF, declarara que se congelan cuentas “de dirigentes” de la Organización por recibir recursos al margen de la ley, pero sin presentar pruebas de sus acusaciones y sin aclarar que tales cuentas son de particulares o de razones sociales que desarrollan su actividad dentro de la ley, y haciendo clara referencia a la participación de la Fiscalía de Puebla en la ofensiva. “Es claro que la dependencia federal se está prestando a las venganzas políticas del gobernador poblano Miguel Barbosa en contra de quienes lo cuestionan por su pésimo gobierno y busca bloquear arbitrariamente el financiamiento legal de la organización que se ha convertido en su principal opositora en la entidad”, dijo Brasil Acosta Peña, diputado federal e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Organización.
Tras varios meses en que el Movimiento Antorchista ha denunciado la mala gestión del gobernador de Puebla, caracterizada por un crecimiento alarmante de la inseguridad, la pobreza, el desempleo y por ser uno de los estados con más víctimas de Covid-19, el titular de la UIF declaró que se congelaron cuentas de dirigentes antorchistas porque recibieron recursos en efectivo y al margen de la ley, algo «totalmente falso e inventado porque ningún dirigente de Antorcha ha recibido recursos de ningún tipo, ni ahora ni en el pasado, pues todos lo que hemos gestionado son obras y programas entregados directamente por el gobierno a los beneficiarios», aseguró Acosta Peña,
“La información oficial sobre este tema, escueta y sin ninguna prueba, deja claro que el objetivo es confundir a los mexicanos sobre el origen del financiamiento de nuestra organización, a pesar de que dicha actividad es pública, legal y sometida a la fiscalización de las autoridades desde hace 46 años que nacimos como grupo organizado. No hay nada qué perseguir, somos un grupo de mexicanos que generan recursos para su actividad social y política; no hay nada ilegal ni inmoral en el trabajo financiero de Antorcha, a menos que los gobernantes fabriquen delitos como en los peores tiempos políticos de este país”
Brasil Acosta agregó que él ha escrito artículos argumentando sus críticas al mal gobierno de Miguel Barbosa y esa es la razón más inmediata por la que se le incorpora a la lista de perseguidos políticos del gobernador morenista de Puebla y se le congelan indebidamente sus cuentas. “Hoy me presenté personalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera para que se me informara de las razones del bloqueo bancario ordenado en mi contra y no recibí ninguna explicación, pero hoy mismo el titular de la Unidad ya estaba lanzando acusaciones a través de los medios y confirmando que se trata de una operación lanzada desde el gobierno de Puebla, lo cual evidencia la naturaleza política del ataque”.
“Barbosa busca frenar el papel ascendente del Movimiento Antorchista en la opinión pública de Puebla, donde su oposición y críticas a las políticas equivocadas y antipopulares del gobierno morenista han formado una corriente de opinión de cientos de miles de poblanos que seguramente votarán en contra de Morena. Barbosa ve perdidas las próximas elecciones, no tiene argumentos para defender su gobierno y recurre a la represión abierta, pero la UIF no debe ser el garrote de la 4T para perseguir opositores y críticos. La persecución política en Puebla tendrá por respuesta un enérgico movimiento nacional de protesta” afirmó Acosta Peña.
Prácticamente desde que Barbosa llegó al gobierno estatal, se ha declarado la guerra a cualquier ciudadano y organización que le exija cumplimiento de sus promesas y atención a los miles de problemas de los poblanos. Estudiantes, maestros, médicos, obreros, alcaldes, el rector de la BUAP, dirigentes de partidos políticos de oposición y organizaciones sociales de todo tipo han denunciado a Miguel Barbosa por ser un represor y un mal gobernante, que está llevando a la entidad hacia una crisis política y social. Esa gran inconformidad se evidencia en las encuestas donde se ubica en el sótano de la aceptación popular comparado con el resto de los gobernadores.
