Opinión
Lección de buen gobierno y mejor política de medios en Veracruz Por Aquiles Córdova
En Hidalgotitlán, en el sur de Veracruz, hace rato que viene librándose una lucha entre un grupo de transportistas que pretenden el monopolio absoluto de esa actividad, respaldados por autoridades locales y estatales, y un grupo de trabajadores del volante que reclaman su derecho a un trabajo digno y legítimo para ganar el pan de sus hijos. Pero el asunto que hoy quiero tratar no es el fondo ni los pormenores del conflicto, sino una muy aleccionadora nota que apareció en uno de tantos “medios electrónicos” que saturan el espacio cibernético en nuestros días. El periodiquillo, que aparece con el título de Municipiossur.com, publicó lo siguiente el día domingo 25 de noviembre del año en curso (la sintaxis y la ortografía son del original):
<<“Paran de patas” a los miembros de “Antorcha Campesina”.- Ya era hora que alguien “parará de patas” a los miembros de “Antorcha Campesina”, ¿y saben quien fue el hombre que tuvo los “riñones” para hacerlo?, pues Santana Bahena Cruz, alcalde de Hidalgotitlán. A los “lidercillos” de la citada agrupación se les “apareció el diablo” cuando intentaron tomarle a Santana el palacio municipal, el edil, junto con varios colaboradores (¿en serio se trató de “colaboradores”? ¿qué clase de “colaboradores” hay en las oficinas municipales de Hidalgotitlán, pregunto yo? ACM) le acomodaron una soberana madriza a los señores de “Antorcha”. Los garrotazos y reatazos que recibieron fueron mas que suficiente para que se retiraran del lugar, y de un solo tajo se terminó la manifestación. Lo anterior habla de los “riñonsotes” de Cruz Bahena (sic), ¡claro que si!. Y para que se escuchara muy lejos (¿hasta el palacio de gobierno de Veracruz, por ejemplo, pregunto yo? ACM), en efecto, el Presidente Municipal declaró: “En Hidalgotitlán mando yo”. Ahora si que los de “Antorcha Campesina” encontraron quien los pusiera en su lugar.>> Hasta aquí la nota de referencia.
Ahora bien, ante este exaltado homenaje a los “riñonsotes” del alcalde de Hidalgotitlán y al uso expedito y brutal de la violencia física que ese mismo señor empleó en contra de un grupo de sus gobernados, de parte de un medio informativo (por muy rupestre e insignificante que sea), no es posible dejar de hacerse ciertas reflexiones y preguntas que importan a la salud pública nacional y a quienes tienen el deber de hacer respetar las leyes y las instituciones que el país se ha dado para la convivencia civilizada de los mexicanos. Lo primero que destaca en la nota, es el absoluto desprecio hacia la causa de fondo que motivó la protesta que el de los “riñonsotes” (que tanto admira el redactor) terminó tan eficazmente “de un solo tajo”. En efecto, como se ve en lo transcrito, no hay una sola palabra sobre eso, lo que demuestra palmariamente que al reportero (o a su medio como tal) le vale un comino la problemática social, que le importa un bledo la legitimidad o ilegitimidad de la inconformidad popular, que la repudia y aplaude su represión violenta no en razón de los motivos que la animan, sino simplemente porque al señor reportero (o a quienes le pagan) le provoca urticaria la lucha organizada de la gente humilde y desamparada y para él eso basta. En seguida, llama la atención que la nota tampoco fundamente, ni poco ni mucho, la acusación de que los antorchistas “intentaron tomarle a Santana el palacio municipal”, lo cual la convierte en una afirmación sin fundamento, es decir, en una calumnia pura y simple. Por mi parte, como que soy uno de quienes han enseñado a los antorchistas su modo de actuar y defenderse, y como gente absolutamente respetuosa de la verdad, que nunca se defiende con mentiras sean cuales sean las circunstancias, afirmo que es totalmente falso ese “intento de toma” del palacio municipal. Lo que buscaba la protesta era hacerse escuchar por el alcalde y obtener justicia de su parte, que es muy distinto a lo que dice la nota en mención.
Suma y sigue. Pero, aun suponiendo sin conceder que los antorchistas intentaran cometer un ilícito, la pregunta obligada es: ¿puede, por sus puros “riñonsotes”, un presidente municipal salir al frente de un grupo de porros y golpeadores (que eso eran y no “colaboradores” como dice el reportero, a menos que se confiese que el cabildo municipal es un nido de pandilleros y malvivientes) a “madrear” a “garrotazos y reatazos” a los ciudadanos que gobierna? ¿Es lícito combatir el delito con otro delito? ¿Es legal que un gobernante tome directamente la justicia en sus manos y la aplique como lo haría una pandilla de malandrines de barrio? ¿Qué ley lo autoriza y reglamenta? De ser así, sería obvio que la Constitución General de la República y las fuerzas del orden saldrían sobrando, serían totalmente inútiles y todo se haría según los “riñonsotes” de cualquier caciquillo de poca monta. En caso contrario, el alcalde de Hidalgotitlán habría cometido un delito y debería ir a la cárcel por violación flagrante a las garantías constitucionales de sus gobernados.
Es sumamente grave y preocupante, por otro lado, que la prensa veracruzana se deshaga en elogios para un troglodita que ignora olímpicamente que vive y gobierna en un país de leyes (Municipiossur.com no es el único medio que celebra la paliza a los antorchistas; otros lo hacen también, aunque a su modo y más discretamente). Tanto se ha abusado del calificativo de “fascista”, aplicándolo a troche y moche sin saber siquiera su verdadero significado, que se ha desgastado hasta el punto de ya no significar nada para quien lo escucha o lo recibe; pero aquí, a la luz del encendido elogio a los “riñones” y al uso de la violencia brutal e ilegal en contra de ciudadanos inermes, no hay más remedio que decir que tanto el munícipe como sus amanuenses y lacayos mediáticos están protagonizando un acto de verdadero fascismo, un claro sacrificio de la ley y el derecho en las aras de los “riñones” y la violencia física, brutal y sin medida. Y es claro que el país no puede dejarse ir por semejante despeñadero, por lo que resulta indispensable preguntarse si el gobernador veracruzano, doctor Javier Duarte de Ochoa, está enterado de la barbarie de sus munícipes y qué piensa de ellos y de los medios informativos que los aplauden y azuzan en contra del derecho de manifestación pública. Y si no está de acuerdo con esto (como yo creo que no lo está), ¿qué medidas piensa tomar para hacer respetar las garantías constitucionales del pueblo veracruzano? A los señores de Municipiossur.com y consortes, sólo les deseo que pronto, muy pronto recojan una buena cosecha de lo que están sembrando, es decir, que reciban la misma dosis de “riñones” y de violencia que hoy tan alegremente celebran; pues sólo así entenderán que no es muy inteligente escupir en el agua que tal vez mañana tendrás que beber.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
-
México22 horas agoSheinbaum destaca elecciones en EU y representación mexicana
-
México21 horas agoDetienen a 32 presuntos criminales en Edomex, entre ellos líderes de Los Gigan
-
Revista24 horas agoRenuncias en producción de ‘Manos Negras’ por negligencia hacia actriz de 13 años
-
Resto del mundo23 horas agoFrancia se prepara para huelgas y protestas en un día de movilización nacional



You must be logged in to post a comment Login