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Policiaca

Nunca tendrán mejores armas que el Ejército mexicano: Las armas del CJNG

Su efectividad es legendaria. Quienes conocen a la costosa “guardespaldas” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) saben que es destructora y letal; grande pero ligera.

Su nombre técnico es Browning .50, una ametralladora de la Primera Guerra Mundial, que puede hacer hasta 600 disparos por segundo. Oficialmente se trata de un arma de uso exclusivo para el Ejército, pero el CJNG las ha introducido lentamente, pieza por pieza de Estados Unidos a México.

De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el 80 por ciento de las armas con que operan las huestes de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, vienen de ese país, incluido los drones y/o artefactos voladores controlados desde tierra y cargados de explosivos.

(Gráfico: Infobae México)(Gráfico: Infobae México)

Cuentan con un gran arsenal que les ha permitido enfrentar a las fuerzas armadas y a sus enemigos. El 4 de julio ante las cámaras de la agencia mexicana Cuartoscuro, posaron con el rostro descubierto y equipo táctico presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una carretera en Aguililla, Michoacán, donde prácticamente han despedazado a sus rivales de Cárteles Unidos.

El periodista Jorge A. Medellín asegura que el tema central no es el poderío ni el músculo de poder del CJNG, sino el asunto de fondo es cómo la armas llegaron a ser irrastreables.

(Foto: CUARTOSCURO)(Foto: CUARTOSCURO)

Según un informe elaborado por la Secretaría de Seguridad, en el país circulan más de 15 millones de armas ilegales, de estás el 70 por ciento proviene de Estados Unidos. Casi todas las armas —al menos el 85 por ciento— se han utilizado para cometer el 60 por ciento de los homicidios que se cometen en el país.

(Foto: CUARTOSCURO)(Foto: CUARTOSCURO)

Aunque el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal más poderosa, mejor armada y violenta, nunca tendrán más y mejores armas que las Fuerzas Armadas, advierte Medellín, también miembro de CASEDE.

El 17 de octubre de 2019, cuando miembros de Guardia Nacional intentaron detener a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, los elementos no fueron al “matadero” desarmados ni tampoco subestimaron el poder del Cártel de Sinaloa.

En aquella interminable, las Fuerzas Armadas contaban con el poder de fuego aéreo para hacer frente a los criminales, según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

En un esfuerzo de transparencia, el Gabinete de Seguridad informó que los efectivos tenían disponibles hasta 15 helicópteros en la zona con armamento de alto poder durante el frustrado intento por capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sin embargo, se evitó emplear armamento aéreo debido a que las acciones violentas se desarrollaron en áreas urbanas. “Pudieron haberse empleado, pero que el emplearlos obviamente iba a ser un riesgo para la sociedad, para la población, porque ellos iban a hacer fuego sobre los delincuentes”, aclaró Sandoval.

A detalle, aquel día en bases militares de Sinaloa se encontraban dos aeronaves armadas —con ametralladoras— en la base de “El Zorrillo”, dos en San José del Llano y 11 helicópteros más en Culiacán, entre ellos dos Black Hawk y un MI-17.

Los Black Hawk estaban reforzados con ametralladoras Dillon calibre 7.62, que tienen capacidad para disparar de 4,000 a 6,000 cartuchos por minuto.

El portal especializado en Fuerzas Armadas infodefensa.com detalla que el gobierno federal compró entre 2010 y 2016 armas de alto poder por USD 1,080,536. Otras habrían sido compradas posteriormente.

También conocida como Minigum, ésta ametralladora rotativa de seis cilindros y municiones 7.62 por 51 milímetros, fue desarrollada para los ejércitos de los países del Tratado del Atlántico Norte.

Chihuahua

Caso crematorio “Plenitud”: van por máxima pena para responsables de ocultar 383 cuerpos sin cremar en Cd. Juárez

El escándalo que conmocionó a Ciudad Juárez por el hallazgo de 383 cuerpos apilados en un crematorio clandestino comienza a tomar forma judicial. La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, y Facundo M. R., su empleado, fueron detenidos y están sujetos a prisión preventiva por los delitos de inhumación y exhumación ilegales, así como por faltas graves al respeto debido a cadáveres humanos.

En una conferencia de prensa encabezada por el Fiscal General César Jáuregui Moreno, se dio a conocer que los cuerpos, embalsamados y sin haber sido cremados, fueron encontrados el pasado 26 de junio en condiciones indignas dentro del inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. El sitio operaba prestando servicios a cinco funerarias locales, que subcontrataban la cremación sin saber —o sin querer saber— el destino final de los cuerpos.

“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables”, declaró Jáuregui, quien también prometió investigar posibles omisiones de las autoridades encargadas de regular este tipo de establecimientos.

La Fiscalía busca una sentencia de hasta 17 años de prisión y, según los avances, ya se ha logrado identificar de forma preliminar a 15 cadáveres, algunos por etiquetas hospitalarias, otros por tatuajes o prótesis dentales. De los 383 cuerpos, 218 son hombres, 149 mujeres, y 16 más aún no han sido clasificados. Cuatro serían menores de edad, incluidos dos neonatos.

Acompañado del Fiscal de Distrito Zona Norte Carlos Manuel Salas, del Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Javier Sánchez Herrera, y de Norma Ledezma, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jáuregui sostuvo un encuentro con familiares que temen que sus seres queridos estén entre los cuerpos hallados. A ellos se les ofreció atención integral y acceso a información detallada del proceso de identificación, el cual se realizará con métodos forenses y antropológicos.

Las funerarias vinculadas a este caso son:

Luz Divina

Protecto-Deco

Del Carmen

Latinoamericana

Amor Eterno

Aunque se investigará si estas funerarias actuaron de buena fe o con negligencia, la prioridad —según dijo Jáuregui— será garantizar justicia y trato digno a los fallecidos, así como evitar la revictimización de las familias.

“Estamos ante un hecho inédito, atroz, que debe marcar un antes y un después en la regulación de los servicios funerarios en el estado”, puntualizó el Fiscal.

La audiencia de vinculación a proceso para los detenidos se celebrará el próximo 4 de julio, donde el Ministerio Público buscará consolidar las pruebas necesarias para llevarlos a juicio. Mientras tanto, las autoridades seguirán trabajando para identificar y entregar los cuerpos a sus familias.

Este caso podría desencadenar una reforma profunda en el sistema de vigilancia de servicios funerarios, ante la magnitud del engaño y el dolor causado a cientos de familias que creyeron haber despedido dignamente a sus seres queridos.

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