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«Nuevo León necesita un Fiscal sin atadura política»

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El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, señaló que Nuevo León tiene la oportunidad de buscar un perfil sin atadura política, técnico y ciudadano para encabezar la Fiscalía General de Justicia en el estado, pues indicó que actualmente no rinde cuentas a la ciudadanía.

Afirmó que el Estado tiene la oportunidad en el corto plazo de designar al mejor abogado o abogada de Nuevo León sin intereses políticos o ataduras electorales.

Tras sostener una reunión con integrantes del Consejo Nuevo León y del World Justice Project México, el Mandatario también mencionó que quien esté al frente del órgano autónomo, debe llevar a cabo procesos sólidos, ya que anteriormente la discrecionalidad aplicada en los casos alejó la justicia.

Por otra parte, dijo que la Fiscalía General de Justicia ahora sí debe colaborar con la Secretaría de Seguridad del Estado, con un plan conjunto de persecución penal en delitos graves y de alto impacto. No malinterpretar la independencia como ente por separado, sino como un ente colaborativo del poder Ejecutivo y una Agencia Estatal de Investigación coordinada con Fuerza Civil.

“Nuevo León debe darse la oportunidad de poner un perfil técnico y ligero en la Fiscalía, Nuevo León necesita un perfil que esté sin ataduras políticas, ni partidos, porque de continuar así, su Sistema de Justicia Penal no va a mejorar, porque el diseño de discrecionalidad va a volver omnipotente al próximo Fiscal”, declaró.

“Debemos aprovechar la nueva Constitución y la coyuntura de renuncia del anterior Fiscal para buscar tener la mejor Fiscalía local del país en el mediano plazo”

“Por eso reitero que la o el próximo Fiscal debe realizar procesos que le den solidez al órgano autónomo de justicia, empezando por un plan de persecución penal en delitos graves y de alto impacto que esté coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado.

“Además tenemos la oportunidad en el corto plazo, de que las y los ciudadanos tengan una Fiscalía que no tenga ataduras y que rinda cuentas a toda la población”, agregó.

Por otra parte, en el encuentro el Gobernador firmó como testigo de honor el Memorando de Entendimiento celebrado entre el Consejo Nuevo León y el World Justice Project.

El memorando tiene como objetivo generar información basada, principal, pero no únicamente, en el Índice de Estado de Derecho en México, la colaboración en el diseño y propuesta de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en la entidad.

Así como la evaluación y seguimiento de las políticas públicas propuestas a través de los instrumentos de medición que ya genera el World Justice Project.

El Presidente Ejecutivo del Consejo Nuevo León, Jesús Viejo González, reconoció el trabajo que ha realizado el World Justice Project en la medición del Estado de Derecho, y destacó la cooperación técnica que mantienen.

Durante más de una década, el World Justice Project ha aplicado encuestas en más de 130 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho.

En la reunión estuvieron presentes Mauro Guerra, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Arturo Salinas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Mario Silva, Secretario Técnico del Gobierno del Estado; María Teresa Herrera, Contralora del Estado; Ximena Peredo, Secretaria de Participación Ciudadana; y Gerardo Palacios Pámanes, Secretario de Seguridad.

Samuel García: Nuevo León necesita un Fiscal sin atadura política

Samuel García: Nuevo León necesita un Fiscal sin atadura política

También asistieron Alejandro González Arreola, Director de Rule of Law Projects del WJP;  Eréndida González, Team Leader del Índice de Estado de Derecho en México; Estefany Caudillo, Investigadora del Índice de Estado de Derecho en México, el Rector de la UANL, Santos Guzmán, entre otros integ

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La embajada, ¿un salvavidas para Adán Augusto? Por Caleb Ordóñez T.

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El rumor corrió con fuerza, como suelen correr las versiones que no nacen en el vacío. En los pasillos del poder se empezó a repetir una misma idea: Adán Augusto López Hernández estaría explorando —o incluso negociando— su salida del Senado a cambio de una embajada. No como castigo, no como premio, sino como salida política. Cuando un trascendido de ese tamaño se vuelve insistente, no es porque alguien quiera inventar una historia, sino porque el sistema está buscando una válvula de escape.

En política, los fuertes rumores no siempre anticipan hechos, pero casi siempre revelan tensiones. Y hoy, la tensión alrededor de Adán Augusto es real, profunda y multicausal.

Caleb Ordóñez T.

Desde que asumió como coordinador del grupo mayoritario en el Senado, su figura pasó de ser un operador eficaz en la sombra a un protagonista expuesto todos los días. El Senado es una máquina de desgaste: cada sesión suma presión, cada negociación deja heridos, cada escándalo se amplifica. Y Adán Augusto llegó a ese espacio con una mochila pesada, cargada de pasado, poder y enemigos.

Porque no es un senador más. Es exsecretario de Gobernación, exgobernador, aspirante presidencial frustrado y, sobre todo, líder de un grupo político interno tan disciplinado como polémico, que hoy empuja candidaturas por todo el país. Gobernaturas, alcaldías, congresos locales, espacios estratégicos rumbo a 2027. Ese movimiento no es clandestino ni improvisado: es una estructura que incomoda porque compite, porque presiona y porque recuerda que el poder dentro del oficialismo no es monolítico.

Ahí comienza el problema.

La llegada de una nueva presidenta redefinió las reglas del juego. Claudia Sheinbaum necesita orden, control narrativo y disciplina legislativa. Y el Senado se volvió un frente sensible. Cada fractura interna cuesta gobernabilidad. Cada corriente autónoma se convierte en una amenaza potencial. En ese contexto, Adán Augusto dejó de ser solo un aliado con historia: pasó a ser un factor de tensión permanente.

A eso se sumó el golpe más duro: el costo reputacional derivado de su gestión pasada en Tabasco. La historia de su exsecretario de Seguridad —hoy señalado como operador criminal— se convirtió en un ancla que arrastra todo intento de defensa. No importa cuántas veces se repita que no hay una imputación directa: en política, la frase “él lo nombró” pesa más que cualquier deslinde técnico. El daño no es jurídico, es simbólico. Y el símbolo ya se instaló.

Como si eso fuera poco, el frente administrativo y legal terminó de cerrar el cerco. Más de treinta denuncias, montos que se cuentan en cientos de millones de pesos y cuestionamientos patrimoniales que, aun sin sentencia, generan una percepción devastadora. No porque prueben culpabilidad, sino porque obligan a dar explicaciones constantes. Y en el Senado, explicar es perder.

Con ese panorama, la embajada aparece como una jugada lógica. No elegante, no heroica, pero sí muy racional.

Salir del Senado reduce el ruido de inmediato. Desaparecen los micrófonos diarios, las preguntas incómodas, la necesidad de reaccionar. El personaje se traslada a una lógica distinta: la del servicio exterior, la representación del país, la agenda institucional. No limpia el pasado, pero enfría el presente.

Hay, además, un precedente que en el poder nadie ignora. Cuando Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General para asumir una embajada en el Reino Unido, la lectura fue similar: no se trató de un ascenso diplomático, sino de una reubicación política cuidadosamente calculada. En su momento, su permanencia en el centro del debate público ya era más costosa que útil, y la salida permitió despresurizar al gobierno sin abrir un conflicto frontal. El paralelismo es evidente: cuando una figura concentra demasiado desgaste, demasiadas resistencias internas y demasiada atención incómoda, la embajada se convierte en una fórmula conocida del sistema para retirar el estorbo sin admitirlo, enfriar la crisis y ganar tiempo. En política, a veces no se va el que cae, sino el que estorba quedándose.

Además, su salida reordena el tablero interno. Sin Adán Augusto en el Senado, su grupo político pierde un eje visible de poder, pero no se desintegra. Al contrario: se dispersa y se vuelve más negociable. Los aspirantes que hoy se cobijan bajo su sombra tendrían que sentarse directamente con el centro del poder. Eso reduce fricciones, descomprime ambiciones y elimina la sensación de que una sola corriente está capturando territorios.

Desde el punto de vista personal, la embajada también compra tiempo. Tiempo para que las investigaciones avancen o se diluyan. Tiempo para que la agenda pública cambie. Tiempo para reconstruir una narrativa distinta: la del político que se hizo a un lado “por el bien del país”, no la del dirigente que fue desplazado por escándalos.

Claro, el movimiento no está libre de riesgos. Salir del Senado puede implicar perder el fuero. Nadie con problemas potenciales hace eso a la ligera. Por eso, esta jugada solo tiene sentido si existe la percepción —o el acuerdo— de que el riesgo legal es controlable. La embajada, en ese sentido, no es protección jurídica, sino protección política.

Y está, por supuesto, la batalla final: la percepción pública. Para algunos será un premio; para otros, un exilio diplomático. Esa disputa no se define con el cargo, sino con el relato. Y ese relato no solo lo construye Adán Augusto: lo administra el poder.

Al final, el punto es brutalmente simple. En la política mexicana no siempre pierde el que se va. Muchas veces pierde el que se queda demasiado tiempo cuando el desgaste ya es irreversible. La embajada, en este caso, no sería una huida, sino un movimiento lateral para evitar una caída vertical.

Porque cuando los rumores de salida se vuelven insistentes, no hablan del futuro del cargo, hablan del presente del poder y hoy Adán Augusto está en el top de los más incómodos para palacio nacional.

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