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¿Quién es «El Chueco»?

José Noriel Portillo Gil, alias «El Chueco» habría sido asesinado en el estado de Sinaloa, de acuerdo con información de la Fiscalía de aquel estado, lo que se dio a conocer durante la madrugada del miércoles.

El cuerpo habría sido encontrado sin vida el 18 de marzo en una brecha en el municipio de Choix, Sinaloa.

«El Chueco» está acusado de matar a los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquin Mora, así como al guía de turistas Pedro Palma y a un joven beisbolista en Cerocahui, municipio de Urique en Chihuahua el 20 de junio del 2022.

El crimen ocurrió en la parroquia San Francisco Javier del poblado de Cerocahui, el cual se llenó de luto, ya que los sacerdotes jesuitas formaban parte de la vida de los pobladores.

¿Quién es «El Chueco»?

José Noriel Portillo Gil «El Chueco», era uno de los líderes del crimen organizado más temido en la zona de la Sierra Tarahumara.

Los habitantes de la región contaron anteriormente que antes de la muerte de los sacerdotes jesuitas, se le veía pasar por las calles de las regiones de Bahuichivo, San Rafael y Cerocahui en el municipio de Urique, con vehículos de reciente modelo e incluso algunos blindados.

Desde el 2018 era buscado por la muerte del profesor estadounidense y de acuerdo con datos oficiales pertenecía al grupo de la Gente Nueva del Cártel de Sinaloa.

Las zonas de operación que tendría en la Sierra de Chihuahua serían Mesa de Arturo, Bahuichivo, donde se dice que vivía hasta el día del crimen de los sacerdotes, así como San Rafael, Cerocahui, entre otras.

Jesuitas recibieron protección de la CIDH

Al no ser detenido la comunidad jesuita que opera en la Sierra Tarahumara, obtuvieron medidas, las cuales les fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 22 de enero de 2023.

Los beneficiarios de las medidas cautelares, son tres religiosas y nueve sacerdotes, quienes hasta el momento se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente, derivado de sus actividades en la comunidad y de la exigencia de justicia por los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza.

El pasado lunes 20 de marzo, al cumplirse 9 meses del crimen, la comunidad jesuita volvió a pedir a las autoridades de los tres niveles de gobierno, seguridad y justicia en la Sierra Tarahumara.

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Asesinato de Jasiel Giovanny: crecen las sospechas de un segundo implicado

El trágico caso del pequeño Jasiel Giovanny, cuyo cuerpo fue hallado en un baldío cercano al fraccionamiento San Agustín, sigue generando indignación y dudas. Aunque el padrastro del menor, Abraham Alejandro F.D., ya fue imputado y recluido por el crimen, nuevas versiones han fortalecido la hipótesis de que no actuó solo.

Un elemento clave ha avivado la sospecha de que una segunda persona participó en el asesinato o, al menos, en el ocultamiento del cuerpo: durante la búsqueda inicial del niño desaparecido, voluntarios y policías recorrieron el mismo terreno donde luego fue encontrado sin que detectaran señal alguna. Esto ha llevado a pensar que el cadáver fue colocado allí después, posiblemente por un cómplice.

Mientras la atención mediática ha girado en torno al debate sobre el lugar de reclusión de Abraham Alejandro —quien fue enviado al Cereso Femenil debido a su identidad de género—, la investigación parece haber dejado cabos sueltos que podrían ser cruciales. La Unidad de Personas Ausentes fue fuertemente señalada por presuntas omisiones, aunque otros grupos dentro de la Fiscalía lograron recuperar el caso a tiempo.

En las audiencias judiciales ya se han expuesto antecedentes de maltrato por parte del padrastro, lo que refuerza su vinculación al crimen. Sin embargo, tanto familiares como ciudadanos han señalado públicamente que alguien más debió intervenir, sobre todo por el modo en que se dio con el cuerpo: casi 20 horas después de la denuncia, en un lugar previamente inspeccionado.

A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía ha ofrecido información limitada, justificando la reserva con la protección de los derechos del menor. Pero más allá de la legalidad, la presión social exige resultados claros. El crimen de Jasiel no solo ha conmovido a su entorno inmediato, sino que ha generado un reclamo generalizado de justicia y de transparencia total en el proceso.

Si hay otra persona involucrada, la autoridad deberá actuar sin titubeos. Y si no la hay, la sociedad merece conocer todos los elementos que llevaron a esa conclusión. Por ahora, la herida sigue abierta y la confianza en las instituciones aún está en juego.

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