Opinión

Leviatán. Por Raúl Saucedo

NACIONES PANTALLA

El regreso de las letras por este medio después de casi un mes de ausencia se debe no solo al periodo de verano en el calendario, sino al estudio y observación de campo…he aquí el primer resultado de ello.

La filosofía política nos enseñó que el poder, para ser efectivo, debe ser concentrado y legitimado. Thomas Hobbes,en su obra cumbre, imaginó al Leviatán, un monstruo bíblico que representaba al Estado soberano, la única entidad capaz de poner fin a la guerra de todos contra todos. El Leviatán de Hobbes no era un tirano por capricho, sino un mal necesario al que los ciudadanos voluntariamente cedían sus derechos a cambio de seguridad y orden. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una nueva forma de poder, un Leviatán moderno que ha surgido de nuestras propias manos: las «naciones pantalla».

Estas «naciones», no son estados en el sentido tradicional. Son corporaciones tecnológicas (Google, Meta, Amazon) que han concentrado un poder económico, cultural y político que eclipsa al de muchos países. Al igual que el Leviatán, ejercen un control absoluto sobre su dominio, pero a diferencia de esta figura, lo hacen sin el pacto social ni la legitimidad democrática. No necesitan pedirnos nuestro consentimiento en una asamblea, pues ya lo hemos entregado de forma tácita con cada clic, cada «me gusta» y cada dato que cedemos.

La analogía es inquietante. El Leviatán digital nos ofrece un tipo de seguridad: la comodidad de tener el mundo en la palma de la mano, el entretenimiento constante y la conexión con otros. A cambio, nos exige una obediencia absoluta. Estas empresas deciden qué información podemos ver y cuál no, manipulan el debate público a través de algoritmos opacos y monetizan la polarización. Han sustituido funciones estatales, gestionando el tráfico mejor que la policía, resolviendo disputas comerciales de forma más eficiente que cualquier oficina pública y orientando las elecciones con mayor impacto que cualquier medio tradicional.

El Leviatán de Hobbes tenía contrapesos; su poder estaba limitado por la voluntad de sus súbditos, que podían derrocarlo si no cumplía con su parte del pacto. El Leviatán digital, en cambio, opera sin contrapesos efectivos. No rinde cuentas ante parlamentos ni tribunales de la misma manera que lo haría un Estado. Cuando viola nuestra privacidad o fomenta la desinformación, las sanciones son, para estas empresas, meros «costos operativos».

La tiranía de estas naciones pantalla es sutil, pero profunda. Fragmentan nuestra atención, vulneran nuestra privacidad y erosionan el periodismo tradicional. Estamos viviendo arrodillados ante ellas, entregando nuestra soberanía a cambio de una ilusión de control. La pregunta no es si debemos apagar las pantallas, sino si estamos dispuestos a exigir que estas herramientas sirvan a los seres humanos y no al revés.

Sin embargo, frente a este panorama, no podemos caer en el fatalismo. La batalla por nuestra soberanía digital se libra en dos frentes: el individual y el colectivo. En el plano individual, la toma de conciencia es el primer paso. Debemos cuestionar nuestra relación con las pantallas, entender los mecanismos de la adicción y valorar nuestra privacidad como un bien fundamental, no como una moneda de cambio por servicios gratuitos. Significa ser críticos con la información que consumimos y con la forma en que interactuamos en estos ecosistemas. No se trata de un rechazo de la tecnología, sino de una nueva alfabetización cívica que nos enseñe a ser ciudadanos digitales, no súbditos.

En el plano colectivo, la respuesta debe ser política y regulatoria. Así como en el siglo XX los Estados limitaron el poder de los grandes monopolios industriales, hoy es urgente crear marcos legales que pongan un freno a la tiranía de las naciones pantalla. Es necesario exigir transparencia en sus algoritmos, proteger nuestros datos personales con leyes firmes y sancionar de manera efectiva la desinformación deliberada. Este es el gran desafío de nuestro tiempo: recuperar el control de las herramientas que hemos creado para que sirvan a la democracia y al bien común, en lugar de consolidar un poder que opera por encima de los gobiernos y de la voluntad popular.

@Raul_Saucedo

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.