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Exhorta Congreso creación de “Iniciativa Chihuahua” para restablecer tejido social

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El Poder Legislativo Estatal emitió un exhorto al Ejecutivo Federal a efecto de que se lleven a cabo las gestiones necesarias que permitan alcanzar un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América a efecto de generar acciones conjuntas en materia de educación, salud, seguridad social, deporte, cultura, esparcimiento y en general, todo aquello que permita restablecer el tejido social de los Estados de la República que se han visto y se siguen viendo afectados por el crimen organizado y la lucha contra el mismo.

La propuesta, solicita se efectúe por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y se pide se le denomine “Iniciativa Chihuahua”.

Por otra parte, para lograr el propósito antes descrito, se ha solicitado al Ejecutivo del Estado para que en su carácter de Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Presidente de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, coadyuve en el ámbito de su competencia con el Ejecutivo Federal.

La solicitud se sustenta en base a que el programa de cooperación internacional llamado “Iniciativa Mérida” ha tenido buenos resultados y se ha avanzado en cada uno de los cuatro pilares que componen el plan de trabajo.

Cabe mencionar que la “Iniciativa Mérida” (a veces llamada Plan Mérida o Plan México) es un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos de América en acuerdo con México y los países de Centroamérica, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y luchar contra ellos. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los Estados Unidos y activado por el expresidente George Bush el 30 de junio del 2008.

De lograrse este programa, se estaría beneficiando al estado de Chihuahua que ha sido uno de los más afectados por los grupos de crimen organizado.

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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