Opinión
Entre risas y pádel: ¿Y estos qué hacen?. Por Caleb Ordóñez Talavera
En México tenemos un don especial para reírnos de nuestras tragedias, especialmente cuando se disfrazan de comedia política. Lo vimos recientemente con Natalia Montaño Ruelas, joven funcionaria de Puerto Vallarta, Jalisco que, en un evento del comediante Franco Escamilla, decidió sincerarse de más ante el público. Entre risas, confesó lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir: que no siempre saben exactamente qué hacen los servidores públicos. El momento fue viral, memeado, parodiado y, como ella misma intentó justificarlo, “un comentario liviano” al aceptar que no sabía lo que hacía, solo “beber mucho” y comer. Pero el fondo del asunto no tiene nada de liviano: retrata una crisis profunda de confianza entre gobernantes y gobernados.

Caleb Ordoñez T.
Porque, seamos honestos, la carcajada colectiva no fue tanto por la ocurrencia, sino por la identificación. ¿Cuántos mexicanos no sienten que muchos funcionarios trabajan más en sus redes sociales que en sus oficinas? Según la encuesta de Transparencia Internacional 2024, el 73% de los mexicanos cree que la mayoría de los servidores públicos son corruptos. El 62% considera que los políticos mienten con frecuencia y apenas el 18% cree que el gobierno escucha realmente a la ciudadanía. Con esos números, no hace falta un monólogo de stand up para entender el hartazgo social.
El problema no es la -mala- broma de Natalia Montaño Ruelas, sino el eco que provocó. Nos reímos porque duele. Y cuando un país se ríe de su desconfianza institucional, es porque ya la normalizó. Esa misma sensación de desconexión se siente cuando vemos a un diputado jugar pádel en horario laboral —sí, Cuauhtémoc Blanco pidiendo que le anoten asistencia como si fuera su obligación ser el “más deportista del congreso”— o cuando funcionarios hacen TikToks con el dinero de los contribuyentes mientras los servicios públicos siguen en ruinas.
Y sin embargo, el fenómeno no distingue colores partidistas. Hay malos ejemplos en todos los partidos: desde los que se creen influencers hasta los que viajan más que un corresponsal de guerra. Pero también existen buenos servidores públicos —los menos visibles, los que no salen en el “Quién es quién de los memes”— que sí trabajan con ética y vocación. El problema es que los honestos no generan clics.
Entonces, ¿qué deben hacer los políticos para recuperar la confianza? Primero, mostrar lo que hacen, no sólo decirlo. La transparencia no es un hashtag, es rendir cuentas con claridad y sencillez. Segundo, volver al contacto humano: caminar las calles, escuchar, resolver. No hay algoritmo que sustituya eso. Y tercero, predicar con el ejemplo: la corrupción no se combate con discursos, sino con coherencia y castigos ejemplares.
Porque si seguimos viendo a las nuevas generaciones de funcionarios como estrellas de reality show, el servicio público seguirá perdiendo su esencia. México necesita atraer a los jóvenes más preparados y honestos, no a los más populares en redes o solo poner a figuras jóvenes en puestos de primerísimo nivel para luego tener que soportar su inexperiencia e ineficiencia . Para lograrlo, se requiere dignificar la política: pagar justamente, capacitar profesionalmente y blindar los cargos contra la tentación del enriquecimiento. Según el INEGI, el 64% de los jóvenes mexicanos desconfía de cualquier institución pública; si no cambiamos eso, seguiremos repitiendo los mismos errores con nuevas caras.
Se trata de pasión y acción enfocada.
La corrupción no es una fatalidad mexicana, es una adicción social que se alimenta del silencio y la impunidad. Mientras un político crea que el poder es un negocio personal, el país seguirá atrapado en el eterno “yo no sabía lo que hacía”. Y es que la ineptitud y la arrogancia del joven inexperto que llega al poder solo por ser promovido por padrinos políticos, se convierte en un imán para convertirle en un monstruo político que solo busca enriquecerse y se embriaga de soberbia.
Reírnos está bien, porque el humor nos salva del cinismo. Pero la risa sin reflexión es anestesia. Si queremos un México distinto, necesitamos funcionarios que trabajen con la misma pasión con la que defienden su imagen en redes. Y sobre todo, ciudadanos que dejen de aplaudir el cinismo con risas y empiecen a exigir resultados con firmeza. La transparencia no se improvisa: se demuestra, se vive y (aunque duela) se fiscaliza. Sólo así podremos volver a confiar en quienes gobiernan y representan a todos.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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