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Somos Estado con alto riesgo financiero: Diputados

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Cinco estados de la República enfrentan “altos riesgos financieros” por el volumen de su endeudamiento público respecto a las participaciones federales que garantizan el pago de sus respectivos adeudos: Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua y Nayarit.

Así lo advierte un reporte de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, donde se documenta que el monto de la deuda pública de los 32 estados se multiplicó de 18 mil 278 millones de pesos al cierre de 1993, a 406 mil 765 millones al tercer trimestre de 2012.

Consultados al respecto, los diputados federales Manuel Añorve, (PRI), Juan Bueno Torio (PAN) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) confirmaron la determinación de legislar el próximo año en la materia y establecer límites al endeudamiento a las entidades.

“Uno de los temas que está en el Pacto por México es el de establecer un mecanismo que ordene la deuda de los estados y evite endeudamientos por encima de sus posibilidades de pago”, puntualizó Bueno Torio.

El perredista Luis Espinosa Cházaro reafirmó a su vez la decisión de revisar el tema y legislar en la materia durante el próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión.

“Vamos a revisarlo, porque es muy importante que seamos muy cuidadosos de estos casos (…); hay que estar muy atentos y sí, vamos a buscar legislar en ese sentido”, indicó.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, Manuel Añorve, secundó a los legisladores de la oposición y subrayó que no existen asuntos vedados para el Legislativo: “Obviamente lo que se quiere es discutir todos los temas y éste es uno que seguramente se tendrán que discutir tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados”.

De acuerdo con la investigación “La deuda pública de las entidades federativas explicada desde la perspectiva del federalismo fiscal mexicano”, existen cinco estados cuyas haciendas locales tienen altos riesgos financieros, porque el monto acumulado de su deuda es superior a las participaciones que reciben del gobierno federal: Para Coahuila representa 304.56 por ciento, Quintana Roo, 204.23 por ciento, Nuevo León, 165.85 por ciento, Chihuahua, 118.39 por ciento, y Nayarit, 111.83 por ciento.

El análisis, elaborado por el investigador parlamentario Reyes Tépach detalla que las entidades federativas con el mayor volumen nominal de endeudamiento son el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Coahuila y Veracruz.

En pesos corrientes, el DF fue la administración local más endeudada, con 56 mil 232.2 millones de pesos (al cierre de 2011), y le siguen Nuevo León, con 38 mil 590.5 millones; el Estado de México, con 38 mil 195.9 millones; Coahuila, con 36 mil 509.6 millones, y Veracruz, con 27 mil 938.1 millones d pesos.

Según el estudio en poder de los diputados federales de las siete fracciones parlamentarias, 13 entidades federativas acumulan una deuda superior a los 10 mil millones de pesos: Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Baja California y Tamaulipas.

A su vez, los estados de Puebla, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa tienen deudas mayores a 5 mil millones e inferiores a 10 mil millones de pesos.

Otros 13 estados adeudan más de mil millones de pesos, pero menos de 5 mil millones (San Luis Potosí, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Guerrero, Aguascalientes, Tabasco, Morelos, Yucatán, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Campeche), mientras que solo una entidad, Tlaxcala, mantiene un endeudamiento inferior a mil millones de pesos.

Pese a las cifras del endeudamiento de las entidades federativas, los diputados de PRI, PAN y PRD rechazaron cualquier riesgo inmediato para las finanzas públicas nacionales.

“Dependiendo, la magnitud de las deudas, es posible que si un mayor número de estados tuviera irresponsabilidad financiera y empezaran a estar en números muy peligrosos, pues claro que eso impactaría las finanzas nacionales. No creo que sea el caso en el que nos encontramos ahora, pero estamos a tiempo de tomar cartas en el asunto”, puntualizó Espinosa.

Bueno Torio advirtió que el de la deuda “sí es un tema grave para los propios estados, pero aún no afectan de una manera importante las finanzas públicas nacionales”.

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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