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Policiaca

24 años a la sombra por homicidio

Juan Carlos Robledo Villalobos, Héctor Adrián Yáñez Pérez y Luis Álvaro Acosta Serrato, recibieron una sentencia de 24 años de cárcel por el delito de homicidio doloso en perjuicio de Jaime Martín Bon Arreola, así como por el ilícito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Juan Carlos Robledo Villalobos, Héctor Adrián Yáñez Pérez y Luis Álvaro Acosta Serrato, recibieron una sentencia de 24 años de cárcel por el delito de homicidio doloso en perjuicio de Jaime Martín Bon Arreola, así como por el ilícito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Los hechos se registraron el 04 de septiembre del 2011, aproximadamente a las 12:00 horas, cuando los sentenciados a bordo de un automóvil Jetta color blanco modelo 2007, con reporte de hurto, trasladaron a la víctima al kilómetro 25 de la Carretera a ciudad Juárez, lugar en donde le dispararon en múltiples ocasiones al occiso, lo que a la postre le generó la muerte, según quedó establecido en la causa penal 2044/2011.

Una vez cometido el crimen, Robledo Villalobos, Yáñez Pérez y Acosta Serrato, emprendieron la huida; sin embargo, fueron interceptados por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes llevaron a cabo el aseguramiento de estos, para ser puestos a disposición de la Fiscalía Zona Centro.

Al término de un procedimiento abreviado, con la presentación y exposición de elementos por parte del Ministerio Público, un Juez de Garantías del Distrito Judicial Morelos, consideró suficientes las pruebas para emitir el veredicto final en contra de los imputados, dictándoles la pena de 24 años de prisión y al pago de 44 mil 793 pesos como reparación del daño por los delitos de homicidio calificado y posesión de vehículo con reporte de robo.

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Chihuahua

Caso crematorio “Plenitud”: van por máxima pena para responsables de ocultar 383 cuerpos sin cremar en Cd. Juárez

El escándalo que conmocionó a Ciudad Juárez por el hallazgo de 383 cuerpos apilados en un crematorio clandestino comienza a tomar forma judicial. La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, y Facundo M. R., su empleado, fueron detenidos y están sujetos a prisión preventiva por los delitos de inhumación y exhumación ilegales, así como por faltas graves al respeto debido a cadáveres humanos.

En una conferencia de prensa encabezada por el Fiscal General César Jáuregui Moreno, se dio a conocer que los cuerpos, embalsamados y sin haber sido cremados, fueron encontrados el pasado 26 de junio en condiciones indignas dentro del inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. El sitio operaba prestando servicios a cinco funerarias locales, que subcontrataban la cremación sin saber —o sin querer saber— el destino final de los cuerpos.

“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables”, declaró Jáuregui, quien también prometió investigar posibles omisiones de las autoridades encargadas de regular este tipo de establecimientos.

La Fiscalía busca una sentencia de hasta 17 años de prisión y, según los avances, ya se ha logrado identificar de forma preliminar a 15 cadáveres, algunos por etiquetas hospitalarias, otros por tatuajes o prótesis dentales. De los 383 cuerpos, 218 son hombres, 149 mujeres, y 16 más aún no han sido clasificados. Cuatro serían menores de edad, incluidos dos neonatos.

Acompañado del Fiscal de Distrito Zona Norte Carlos Manuel Salas, del Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Javier Sánchez Herrera, y de Norma Ledezma, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jáuregui sostuvo un encuentro con familiares que temen que sus seres queridos estén entre los cuerpos hallados. A ellos se les ofreció atención integral y acceso a información detallada del proceso de identificación, el cual se realizará con métodos forenses y antropológicos.

Las funerarias vinculadas a este caso son:

Luz Divina

Protecto-Deco

Del Carmen

Latinoamericana

Amor Eterno

Aunque se investigará si estas funerarias actuaron de buena fe o con negligencia, la prioridad —según dijo Jáuregui— será garantizar justicia y trato digno a los fallecidos, así como evitar la revictimización de las familias.

“Estamos ante un hecho inédito, atroz, que debe marcar un antes y un después en la regulación de los servicios funerarios en el estado”, puntualizó el Fiscal.

La audiencia de vinculación a proceso para los detenidos se celebrará el próximo 4 de julio, donde el Ministerio Público buscará consolidar las pruebas necesarias para llevarlos a juicio. Mientras tanto, las autoridades seguirán trabajando para identificar y entregar los cuerpos a sus familias.

Este caso podría desencadenar una reforma profunda en el sistema de vigilancia de servicios funerarios, ante la magnitud del engaño y el dolor causado a cientos de familias que creyeron haber despedido dignamente a sus seres queridos.

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