Opinión
Educar para avanzar por Kamel Athie
En un país con diversidad ideológica y pluralidad política, en medio de un inacabado proceso democrático, con una sociedad caracterizada por la inequidad y amplias brechas en los estratos económicos, como lo es México, no es ni será posible que las iniciativas reformadoras se aprueben con amplios consensos y acuerdos totalitarios. Por eso las leyes laboral y educativa fueron intensamente discutidas y cuestionadas, más serán aún las reformas hacendaria y petrolera que se plantearán este año.
Sobre a las dos primeras se han hecho múltiples críticas, algunas sin sustento porque no en pocas veces surgen de actores que no han leído las leyes; otros cuestionamientos son razonables y hasta atendibles, pero hay que tomar en cuenta que la ley laboral tenía 40 años sin haberse ajustado a las realidades del país. Abordar la ley educativa para mejorarla y modernizarla era un tabu y resultaba atrevido solo mencionar la posibilidad.
Desde luego que ambas leyes son perfectibles y debe reconocerse que las omisiones, deformaciones y excesos pueden subsanarse mediante nuevos ejercicios en el proceso legislativo, pero que el primer paso para romper mitos ya se dio… y es un punto de arranque para avanzar en los objetivos deseados, considerando las críticas y propuestas para perfeccionarlas.
La Reforma Educativa promueve la inclusión, la tolerancia y sobre todo la calidad, que fomente la innovación, la competitividad, y la productividad con igualdad de oportunidades.
Se garantiza la permanencia de los maestros, como factor fundamental para lograr el gran cambio. Se trata de los maestros existentes… y no de otros. Ellos serán los protagonistas de su propio cambio y de la modernización de la educación. La reforma compromete al Estado a brindar una educación de calidad. Para ello contempla, entre otras cosas la creación del Servicio Profesional Docente y la promoción a cargos de dirección y supervisión en la educación básica y media superior mediante concursos de oposición.
Evaluación universal obligatoria. Con las reformas ahora será obligatoria para todos los maestros de educación básica. Los resultados serán considerados para el programa de estímulos a la calidad docente y para carrera magisterial.
El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa estará dotado de autonomía y lo conformarán cinco personas. El servicio profesional docente, permitirá que el acceso al sistema público, los ascensos y la permanencia de los maestros esté sólo vinculada a procedimientos.
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, garanticen el máximo aprendizaje de los educandos y será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los mismos.
El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se llevará a cabo mediante concurso de oposición. En el servicio profesional docentes que se establece en los términos del artículo 3º de nuestra constitución, se asegurará el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua.
Esta reforma establece que la evaluación de los maestros debe tener como primer propósito el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo otorgará los apoyos necesarios para que los docentes pueden desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.
Se impulsará el funcionamiento de escuelas de tiempo completo con jornadas entre 6 y 8 horas diarias, estipulándose que en aquellas que lo necesiten se impulsarán esquemas para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos, a partir de la creación de empresas locales.
Se consigna la prohibición en todas las escuelas del consumo de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.
El objetivo que persigue la reforma a la educación es formar individuos éticamente responsables, socialmente útiles, respetuosos de la ley capacitados para enfrentar y resolver problemas, aptos para la competencia, sensibles a las expresiones artísticas y culturales, capaces de asumir y divulgar los valores que favorecen el desarrollo de una cultura mas humanizada, justa y sana. A través de ella se logra la transformación, se impulsa la justicia y la equidad; con la educación se avanza en la vida democrática y se propende hacia la prosperidad.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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