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Educar para avanzar por Kamel Athie

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En un país con diversidad ideológica y pluralidad política, en medio de un inacabado proceso democrático, con una sociedad caracterizada por la inequidad y amplias brechas en los estratos económicos, como lo es México, no es ni será posible que las iniciativas reformadoras se aprueben con amplios consensos y acuerdos totalitarios. Por eso las leyes laboral y educativa fueron intensamente discutidas y cuestionadas, más serán aún las reformas hacendaria y petrolera que se plantearán este año.

Sobre a las dos primeras se han hecho múltiples críticas, algunas sin sustento porque no en pocas veces surgen de actores que no han leído las leyes; otros cuestionamientos son razonables y hasta atendibles, pero hay que tomar en cuenta que la ley laboral tenía 40 años sin haberse ajustado a las realidades del país. Abordar la ley educativa para mejorarla y modernizarla era un tabu y resultaba atrevido solo mencionar la posibilidad.

Desde luego que ambas leyes son perfectibles y debe reconocerse que las omisiones, deformaciones y excesos pueden subsanarse mediante nuevos ejercicios en el proceso legislativo, pero que el primer paso para romper mitos ya se dio… y es un punto de arranque para avanzar en los objetivos deseados, considerando las críticas y propuestas para perfeccionarlas.

La Reforma Educativa promueve la inclusión, la tolerancia y sobre todo la calidad, que fomente la innovación, la competitividad, y la productividad con igualdad de oportunidades.

Se garantiza la permanencia de los maestros, como factor fundamental para lograr el gran cambio. Se trata de los maestros existentes… y no de otros. Ellos serán los protagonistas de su propio cambio y de la modernización de la educación. La reforma compromete al Estado a brindar una educación de calidad. Para ello contempla, entre otras cosas la creación del Servicio Profesional Docente y la promoción a cargos de dirección y supervisión en la educación básica y media superior mediante concursos de oposición.
Evaluación universal obligatoria. Con las reformas ahora será obligatoria para todos los maestros de educación básica. Los resultados serán considerados para el programa de estímulos a la calidad docente y para carrera magisterial.

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa estará dotado de autonomía y lo conformarán cinco personas. El servicio profesional docente, permitirá que el acceso al sistema público, los ascensos y la permanencia de los maestros esté sólo vinculada a procedimientos.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, garanticen el máximo aprendizaje de los educandos y será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los mismos.

El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se llevará a cabo mediante concurso de oposición. En el servicio profesional docentes que se establece en los términos del artículo 3º de nuestra constitución, se asegurará el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua.

Esta reforma establece que la evaluación de los maestros debe tener como primer propósito el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo otorgará los apoyos necesarios para que los docentes pueden desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.

Se impulsará el funcionamiento de escuelas de tiempo completo con jornadas entre 6 y 8 horas diarias, estipulándose que en aquellas que lo necesiten se impulsarán esquemas para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos, a partir de la creación de empresas locales.
Se consigna la prohibición en todas las escuelas del consumo de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

El objetivo que persigue la reforma a la educación es formar individuos éticamente responsables, socialmente útiles, respetuosos de la ley capacitados para enfrentar y resolver problemas, aptos para la competencia, sensibles a las expresiones artísticas y culturales, capaces de asumir y divulgar los valores que favorecen el desarrollo de una cultura mas humanizada, justa y sana. A través de ella se logra la transformación, se impulsa la justicia y la equidad; con la educación se avanza en la vida democrática y se propende hacia la prosperidad.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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