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Chihuahua

Exigen en Chihuahua que investiguen a Elba Esther por desaparición de maestros en el país

Representantes del movimiento Resissste en Chihuahua promoverán desde esta martes una serie de amparos en contra de la reforma educativa, del mismo modo exigen a Elba Esther Gordillo sea investigada por los asesinatos y desapariciones de maestros en el país.

Entre las peticiones del movimiento está que en encarcelen a todos aquellos que colaboraron con la exlideresa, pues robaron recursos y fueron copartícipes de los delitos.

Recordaron el caso de la maestra Sonia Madrid Bojorque, asesinada el 27 de septiembre de 2005 cuando caminaba por una calle de la colonia Nombre de Dios de esta capital. La docente era la encargada de las finanzas de la Sección 42 del
Sindicato de Maestros Estatales.

Los representantes de Resissste Francisco Javier Ramírez Durán, de Cuauhtémoc; Irma Lucila Loya López, de Camargo; Hermelinda Bañuelos Bustillos; Julia Esther Enríquez, de Parral y Rafael Velázquez, de Juárez, calificaron la aprehensión de Gordillo como un mensaje velado hacia toda organización sindical.

Este martes los maestros comenzarán a promover los amparos y adelantaron que debido a que es evidente que no hay independencia de poderes, en caso de que les nieguen los amparos recurrirán a la Suprema Corte de Justicia e incluso a la Corte Interamericana.

Fuente: Proceso.

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Chihuahua

Sube a 381 el número de cuerpos hallados en crematorio irregular de Ciudad Juárez

La cifra de cuerpos encontrados en un crematorio presuntamente irregular en Ciudad Juárez ha aumentado de manera alarmante. Luego de que previamente se reportara el hallazgo de aproximadamente 60 cadáveres, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó este sábado que el número asciende ya a 381, todos localizados al interior del establecimiento ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

La actualización fue proporcionada por Eloy García, coordinador de Comunicación Social de la fiscalía estatal, quien indicó que los cuerpos fueron localizados embalsamados y almacenados sin haber sido cremados, lo que representa una clara violación a las normas sanitarias vigentes.

«Se hizo el conteo general, preliminarmente tenemos 381 cuerpos que estaban depositados de manera irregular en el crematorio, que no fueron cremados», declaró García a la agencia AFP.

El sitio, que ya había sido intervenido por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) el pasado viernes, fue clausurado por incumplir los protocolos en el manejo y disposición de restos humanos. Las primeras investigaciones señalan que el crematorio brindaba servicios por subcontratación a tres funerarias de Ciudad Juárez, cuyos nombres aún no han sido revelados.

El caso ha conmocionado a la comunidad fronteriza y ha levantado serias dudas sobre la vigilancia sanitaria y legal de este tipo de establecimientos. Cabe recordar que este mismo crematorio ya había sido sancionado en 2020 por una situación similar, cuando, en el contexto de la pandemia de COVID-19, acumuló cuerpos debido a la saturación de los servicios funerarios.

Las autoridades confirmaron también la detención de una persona identificada como José «A», presunto responsable del inmueble. Se presume que varios de los cuerpos hallados habrían permanecido en el sitio desde el año 2023, algunos aún con ropa, lo que podría complicar su identificación y el proceso legal correspondiente.

El operativo en el lugar continúa en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, quienes trabajan en la identificación de los cuerpos y en el acompañamiento a los familiares.

La Fiscalía señaló que las investigaciones seguirán su curso para determinar el grado de responsabilidad tanto del detenido como de las funerarias implicadas, y no descartó que se presenten más órdenes de aprehensión en los próximos días.

El incremento en la cifra de cadáveres hallados refuerza la urgencia de revisar los protocolos de operación de servicios funerarios y la supervisión sanitaria, ya que este caso revela fallas sistémicas en la regulación de un sector que debería operar bajo estrictos estándares éticos y legales.

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