Opinión
comentarios de prensa – por Luis Ochoa minjarez
Published
hace 13 añoson
FUERA MODORRA, TODOS A VOTAR!
Luis Ochoa Minjares
Hoy domingo 7 de julio del 2013 todos los ciudadanos chihuahuenses, hombres y mujeres, acudiremos a las urnas electorales a depositar nuestro voto a favor del partido político y sus candidatos que más se acomoden a nuestro modo de pensar y a nuestros anhelos y esperanzas. Fuera modorra y desaliento. El único camino para fortalecer nuestra democracia es salir a votar.
Quien no vota no cuenta para nada en la vida cívica y política de su comunidad. Una forma de suicidio civil es sustraerse por apatía, por modorra o indiferencia al cumplimiento de los deberes cívicos. Otro modo de auto eliminarse del conjunto social en el que se vive, es no ejercer los derechos inherentes a todo ciudadano en un sistema democrático.
El Estado mexicano invierte considerables recursos provenientes de los impuestos que pagamos para mantener e impulsar la democracia en nuestro país. Los partidos políticos están considerados constitucionalmente como entidades sociales de interés público porque son los instrumentos de que se sirve el pueblo para organizarse políticamente.
La ciudadanización de los organismos electorales es el fruto de un gran esfuerzo de los mexicanos y sus gobiernos para transparentar la democracia y poner al cuidado de los ciudadanos el manejo de todos los procesos de selección y elección de nuestros gobernantes municipales, estatales y federales.
Garantizar la limpieza y la transparencia de todo proceso electoral como el que desarrollamos este día en todo el Estado de Chihuahua, constituye la misión central y superior de los organismos electorales manejados por ciudadanos ajenos a los puestos del sector público. Ello siembra la confianza en los electores y los incita a participar con entusiasmo al emitir su voto.
Hoy domingo pues, es otra oportunidad que tenemos para manifestar nuestra presencia en la comunidad y en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Al depositar nuestro voto, manifestaremos que somos solidarios con el resto de la población y de que existimos cívica y políticamente para ayudar a señalar el destino y el futuro que queremos para nuestro país.
LOS CONFLICTOS
POSELECTORALES
Una suprema aspiración de los ciudadanos sería concluir los procesos electorales sin los consabidos “conflictos poselectorales”, alentados y fomentados siempre por los partidos minoritarios y candidatos perdedores que no obtienen el triunfo en las urnas por mayoría de votos, algunos con demandas absurdas como la cancelación de los comicios que no les dieron la victoria.
Algunos partidos y dirigentes incapaces de convencer al electorado, ya asomaron la cola y lanzaron sus insolentes amenazas de rechazar los resultados electorales, ensuciar al proceso electoral y difamar a los candidatos triunfadores y sus partidos.
López Obrador, por ejemplo, exhortó a sus seguidores a la “anulación de los votos” para entorpecer el proceso democrático y sus resultados que, de antemano saben que le son adversos. En nada contribuye al perfeccionamiento de nuestro sistema democrático esta serie de amenazas y medidas suicidas.
Por su parte, el jerarca mayor del partido conservador, el lunes pasado amenazó con que “evaluarán los resultados del 7 de julio y si el proyecto restaurador priísta se impone con el regreso de los tiempos cavernícolas, esto se va a poner muy feo”. ¿Hará alguien que se asuste con este petate del muerto podrido y deshaciéndose a pedazos?
Por fortuna, Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en previsión de estos conflictos artificiosos y antidemocráticos, previeron la capacitación de un ejército de abogados expertos en Sistemas de Impugnación en materia electoral y Sistema de Nulidades.
Consejeros jurídicos y representantes electorales del PRI Chihuahua recibieron capacitación sobre legalidad en los procesos electorales. Más de 100 abogados de la ciudad de Chihuahua e igual número de litigantes en Ciudad Juárez, se prepararon con nuevos criterios en materia jurídico-electoral y emprender acciones preventivas para la defensa de los derechos electorales.
Se trata de reducir los conflictos poselectorales a su más mínima expresión para no entorpecer o retardar la marcha del municipio, el Estado y el país.
¿EN GESTACION
UN PARTIDO GAY?
Al amparo de la celebración del Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual, se sembró el anteproyecto de constituir un Partido Político Gay”, proyecto que circuló entre los cientos de personas en diversos países.
Los chilangos tuvieron la oportunidad de ver una marcha conmemorativa, cuyos participantes se calcularon en más de 75 asistentes. En Ciudad Juárez los fronterizos se asombraron cuando vieron desfilar al candidato a alcalde de un partido político, “bellamente” convertido en glamorosa dama con turgentes senos, cuya autenticidad no fue muy convincente.
Muchos consideraron que este inusitado hecho fue uno de los primeros pasos para pensar en la fundación de un Partido Político Gay dado que “es inevitable ver en esos avances, logrados ya sea por la vía legislativa o la judicial, el resultado de años de batalla política y jurídica desarrollada por los diversos colectivos de homosexuales, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales o transgéneros, así como una victoria moral de esos grupos en su lucha por hacerse visibles y conquistar respeto de la sociedad”.
Parece inevitable que el municipio de Juárez llegue a tener un día no muy lejano, un presidente-presidenta municipal gay.
OJO AL PARCHE
INVERSIONISTAS
Gracias a don Javier Ortiz por compartir con “Teclazos dominicales” la noticia de la estratégica conferencia que, la semana próxima, el día 10, Bloomberg, la empresa de noticias financieras propiedad del alcalde de Nueva Cork Michael Bloomberg, ofrecerá en la Academia de Ciencias neoyorquina, con asistencia de dos gobernadores mexicanos fronterizos entre quienes se incluye al de Chihuahua César Duarte.
La presencia y jerarquía social y económica de un buen número de ejecutivos de fondos de inversión, y dos gobernadores fronterizos, Rodrigo Medina de Nuevo León, y César Duarte, de Chihuahua, presagia la atención y planteamiento de temas y problemas de gran envergadura política y económica.
Además, del gobierno federal estará Alejandro Murat, director del Infonavit, y Jorge Tello Peón, ex director del Cisen y asesor del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad. Se dijo que “con sólo verlos geográfica y sectorialmente, se puede entender la preocupación y atención de los inversionistas”.
Como el mandamás chihuahuense no es nada “maniao”, esperamos que acomode todas las fichas que pueda para acelerar el impulso de Juárez y Chihuahua hacia la meta trazada.
LA DIGNIDAD
MAGISTERIAL
¿Cómo rescatar y restituir la dignidad del magisterio chihuahuense, desdibujada unas veces y mancillada otras por culpa de unos cuantos mequetrefes enviciados en el esquilmo y el sufrimiento de muchos padres y madres de familia urgidos de una educación laica y gratuita?
Algunos opinan que ese pequeño e insignificante por su número de profesores “cobra-cuotas”, podría neutralizarse o aniquilarse mediante el cese fulminante, y así librar al grueso del honorable y esforzado magisterio chihuahuense de una afrenta inmerecida y, por supuesto, librar a los padres y madres de familia de la despiadada amenaza “o pagas la cuota o tus hijos se quedan sin escuela”.
Son múltiples y variadas las sugerencias para terminar con este cáncer que corroe a nuestro sistema escolar. Aunque la solución radical pasa por la liberación al gobierno del Estado de pagar la educación que corresponde al gobierno federal.
Se sabe que, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal no presupuesta un solo peso para educación pública. Todo lo paga el gobierno federal.
Por fortuna, este penoso problema que deshonra a la masa magisterial ya está en la mesa de asuntos pendientes del presidente Peña Nieto.
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Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
Published
hace 1 semanaon
Jul 24, 2026
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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