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Opinión

comentarios de prensa – por Luis Ochoa minjarez

FUERA MODORRA, TODOS A VOTAR!

 

Luis Ochoa Minjares

 

  Hoy domingo 7 de julio del 2013 todos los ciudadanos chihuahuenses, hombres y mujeres, acudiremos a las urnas electorales a depositar nuestro voto a favor del partido político y sus candidatos que más se acomoden a nuestro modo de pensar y a nuestros anhelos y esperanzas. Fuera modorra y desaliento. El único camino para fortalecer nuestra democracia es salir a votar.

 

   Quien no vota no cuenta para nada en la vida cívica y política de su comunidad. Una forma de suicidio civil es sustraerse por apatía, por modorra o indiferencia al cumplimiento de los deberes cívicos. Otro modo de auto eliminarse del conjunto social en el que se vive, es no ejercer los derechos inherentes a todo ciudadano en un sistema democrático.

 

   El Estado mexicano invierte considerables recursos provenientes de los impuestos que pagamos para mantener e impulsar la democracia en nuestro país. Los partidos políticos están considerados constitucionalmente como entidades sociales de interés público porque son los instrumentos de que se sirve el pueblo para organizarse políticamente.

 

   La ciudadanización de los organismos electorales es el fruto de un gran esfuerzo de los mexicanos y sus gobiernos para transparentar la democracia y poner al cuidado de los ciudadanos el manejo de todos los procesos de selección y elección de nuestros gobernantes municipales, estatales y federales.

 

   Garantizar la limpieza y la transparencia de todo proceso electoral como el que desarrollamos este día en todo el Estado de Chihuahua, constituye la misión central y superior de los organismos electorales manejados por ciudadanos ajenos a los puestos del sector público. Ello siembra la confianza en los electores y los incita a participar con entusiasmo al emitir su voto.

 

   Hoy domingo pues, es otra oportunidad que tenemos para manifestar nuestra presencia en la comunidad y en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Al depositar nuestro voto, manifestaremos que somos solidarios con el resto de la población y de que existimos cívica y políticamente para ayudar a señalar el destino y el futuro que queremos para nuestro país.

 

LOS  CONFLICTOS

POSELECTORALES

 

Una suprema aspiración de los ciudadanos sería concluir los procesos electorales sin los consabidos “conflictos poselectorales”, alentados y fomentados siempre por los partidos minoritarios y candidatos perdedores que no obtienen el triunfo en las urnas por mayoría de votos, algunos con demandas absurdas como la cancelación de los comicios que no les dieron la victoria.

 

Algunos partidos y dirigentes incapaces de convencer al electorado, ya asomaron la cola y lanzaron sus insolentes amenazas de rechazar los resultados electorales, ensuciar al proceso electoral y difamar a los candidatos triunfadores y sus partidos.

 

López Obrador, por ejemplo, exhortó a sus seguidores a la “anulación de los votos” para entorpecer el proceso democrático y sus resultados que, de antemano saben que le son adversos. En nada contribuye al perfeccionamiento de nuestro sistema democrático esta serie de amenazas y medidas suicidas.

 

Por su parte, el jerarca mayor del partido conservador, el lunes pasado amenazó con  que “evaluarán los resultados del 7 de julio y si el proyecto restaurador priísta se impone con el regreso de los tiempos cavernícolas, esto se va a poner muy feo”. ¿Hará alguien que se asuste con este petate del muerto podrido y deshaciéndose a pedazos?

Por fortuna, Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en previsión de estos conflictos artificiosos y antidemocráticos, previeron la capacitación de un ejército de abogados expertos en Sistemas de Impugnación en materia electoral y Sistema de Nulidades.

   Consejeros jurídicos y representantes electorales del PRI Chihuahua recibieron capacitación sobre legalidad en los procesos electorales. Más de 100 abogados de la ciudad de Chihuahua e igual número de litigantes en Ciudad Juárez, se prepararon con nuevos criterios en materia jurídico-electoral y emprender acciones preventivas para la defensa de los derechos electorales.

   Se trata de reducir los conflictos poselectorales a su más mínima expresión para no entorpecer o retardar la marcha del municipio, el Estado y el país.

¿EN GESTACION

UN PARTIDO GAY?

   Al amparo de la celebración del Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual, se sembró el anteproyecto de constituir un Partido Político Gay”, proyecto que circuló entre los cientos de personas en diversos países.

   Los chilangos tuvieron la oportunidad de ver una marcha conmemorativa, cuyos participantes se calcularon en más de 75 asistentes. En Ciudad Juárez los fronterizos se asombraron cuando vieron desfilar al candidato a alcalde de un partido político, “bellamente” convertido en glamorosa dama con  turgentes senos, cuya autenticidad no fue muy convincente.

   Muchos consideraron que este inusitado hecho fue uno de los primeros pasos para pensar en la fundación de un Partido Político Gay dado que “es inevitable ver en esos avances, logrados ya sea por la vía legislativa o la judicial, el resultado de años de batalla política y jurídica desarrollada por los diversos colectivos de homosexuales, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales o transgéneros, así como una victoria moral de esos grupos en su lucha por hacerse visibles y conquistar respeto de la sociedad”.

   Parece inevitable que el municipio de Juárez llegue a tener un día no muy lejano, un presidente-presidenta municipal gay.

OJO AL PARCHE

INVERSIONISTAS

   Gracias a don Javier Ortiz por compartir con “Teclazos dominicales” la noticia de la estratégica conferencia que, la semana próxima, el día 10, Bloomberg, la empresa de noticias financieras propiedad del alcalde de Nueva Cork Michael Bloomberg, ofrecerá en la Academia de Ciencias neoyorquina, con asistencia de dos gobernadores mexicanos fronterizos entre quienes se incluye al de Chihuahua César Duarte.

   La presencia y jerarquía social y económica de un buen número de ejecutivos de fondos de inversión, y dos gobernadores fronterizos, Rodrigo Medina de Nuevo León, y César Duarte, de Chihuahua, presagia la atención y planteamiento de temas y problemas de gran envergadura política y económica.

   Además, del gobierno federal estará Alejandro Murat, director del Infonavit, y  Jorge Tello Peón, ex director del Cisen y asesor del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad. Se dijo que “con sólo verlos geográfica y sectorialmente, se puede entender la preocupación y atención de los inversionistas”.

   Como el mandamás chihuahuense no es nada “maniao”, esperamos que acomode todas las fichas que pueda para acelerar el impulso de Juárez y Chihuahua hacia la meta trazada.

LA DIGNIDAD

MAGISTERIAL

   ¿Cómo rescatar y restituir la dignidad  del magisterio chihuahuense, desdibujada unas veces y mancillada otras por culpa de unos cuantos mequetrefes enviciados en el esquilmo y el sufrimiento de muchos padres y madres de familia urgidos de una educación laica y gratuita?

   Algunos opinan que ese pequeño e insignificante por su número de profesores “cobra-cuotas”, podría neutralizarse o aniquilarse mediante el cese fulminante, y así librar al grueso del honorable y esforzado magisterio chihuahuense de una afrenta inmerecida y, por supuesto, librar a los padres y madres de familia de la despiadada amenaza “o pagas la cuota o tus hijos se quedan sin escuela”.

   Son múltiples y variadas las sugerencias para terminar con este cáncer que corroe a nuestro sistema escolar. Aunque la solución radical pasa por la liberación al gobierno del Estado de pagar la educación que corresponde al gobierno federal.

   Se sabe que, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal no presupuesta un solo peso para educación pública. Todo lo paga el gobierno federal.

   Por fortuna, este penoso problema que deshonra a la masa magisterial ya está en la mesa de asuntos pendientes del presidente Peña Nieto.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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