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Justicia chilena abrirá el testamento de Augusto Pinochet

SANTIAGO, 24 de abril.- Un juzgado civil de Santiago abrirá este miércoles el testamento de Augusto Pinochet para calcular el patrimonio real del fallecido dictador chileno y sus herederos, en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, según informaron fuentes del Poder Judicial.

La diligencia se realizará este miércoles por la mañana en el Tercer Juzgado Civil de Santiago a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que es parte querellante en el proceso.

Según las fuentes consultadas, el testamento que se revelará fue modificado por Pinochet en 2005, cuando ya era investigado tras el descubrimiento de numerosas cuentas secretas que mantenía en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras del exterior.

Este testamento está en manos del notario Eduardo Avello y fue firmado en calidad de testigos por dos amigos de la familia del dictador, que falleció el 10 de diciembre de 2006.

El notario y los dos testigos fueron citados a la audiencia de este miércoles, en la que también estará presente un abogado del Consejo de Defensa del Estado.

El abogado de la familia del ex gobernante de facto y algunos miembros de ésta también podrían acudir a la diligencia, aunque su presencia no ha sido confirmada.

Lucía Hiriart, una de las hijas de Pinochet, dijo en declaraciones al diario vespertino La Segunda que no asistirá a la apertura del testamento de su padre porque tiene que asistir a un concejo municipal en el barrio santiaguino de Vitacura, donde es concejal.

Agregó que no tiene «ninguna expectativa» ante el trámite y que desconoce el contenido del testamento del dictador.

Las propiedades de Pinochet que se repartirán en el testamento son casas en el barrio santiaguino de Lo Barnechea, una parcela en la localidad costera de Quintero, una casa en las afueras de Santiago, apartamentos en Reñaca, Iquique, Valparaíso y Santiago y tres automóviles.

Estos inmuebles están embargados por la Justicia, que además congeló 2.6 millones de dólares depositados en el Banco de Chile y vales vista de un banco estadunidense.

La investigación judicial determinó que la fortuna de Pinochet supera los 26 millones de dólares, de los que sólo dos millones tienen una justificación contable.

El juez en visita Carlos Valderrama, a cargo de la investigación, explicó a medios locales que la apertura del testamento del dictador es un «acto de carácter civil» que permitirá conocer la distribución de sus bienes entre los herederos, a pesar de que todas las propiedades de Pinochet están embargadas.

Al fallecer, Pinochet estaba procesado en el llamado ‘caso Riggs’ por fraude al Fisco y uso de pasaportes falsos y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de caudales públicos.

Lucía Hiriart consideró que la apertura del testamento de su padre «es parte de una persecución política» que empezó en el Gobierno del ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006) y que sigue en curso en la actualidad «porque nadie es tan valiente como para cortar el asunto».

Hiriart sostuvo que Pinochet no tiene el dinero que le atribuye la investigación judicial y lamentó la campaña de «desprestigio» que, a su juicio, existe en torno a la figura del dictador y su familia.

jrr

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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