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México

A la baja producción lechera del país

El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche demandó hoy al próximo gobierno un cambio de modelo económico porque en la actualidad al país se le maneja como si fuera una empresa, lo que ha condenado a los productores nacionales de alimentos a la pobreza, el desempleo y a la emigración.

Álvaro González Muñoz, dirigente del organismo que representa también a los ganaderos del sector social que se dedican a la actividad lechera, acusó a la Secretaría de Economía de hundir al sector agropecuario del país por aplicar el criterio de que en cuestión de alimentos todo se puede importar por medio de las empresas comercializadoras, a las cuales el gobierno les ha dado ‘manga ancha”.

En este sentido, el líder de los lecheros manifestó que para el año 2020 México requiere alcanzar una producción de 52 millones de litros diarios del lácteo, cuando en la actualidad se cumple con un  nivel de 30 millones al día con tendencia claramente a la baja, por lo que en diez o doce años no habrá capacidad de atender la demanda en caso de que no se cambie el rumbo económico del país.

Para Álvaro González Muñoz la producción lechera nacional está en franco declive y resulta dramático que en la última década hayan desaparecido del padrón de productores de leche más de medio millón de jefes de familia, por falta de rentabilidad, de apoyos institucionales y de nulidad financiera.

En dirigente denunció además de que la administración de Felipe Calderón Hinojosa ofrece cifras falsas y acude a una manejo torcido de las estadísticas del sector pecuario, pues insiste en afirmar que la industria crece cuando lo que se consume en el país son fórmulas importadas que contienen de todo menos leche.

Por lo que respecta al sector, dijo, México vive una economía de ficción ya que se pretende hacer creer que todo está bien en tanto que la realidad es que la producción de leche disminuye de manera continua, lo que se puede comprobar con que debido a la falta de apoyos miles de vacas acaban en los rastros.

Lo cierto, agregó, es que pese a una política adversa se puede asegurar que los ganaderos del sector social “somos extraordinarios productores, porque con poco, hacemos mucho”; con forrajes que no son los óptimos, se logra una productividad que, si no fuera por los precios castigados que paga la industria, sería de las más eficientes.

Por último, el dirigente de los lecheros demandó programas de financiamiento, de precios justos, modernización; control de calidad y sanidad y un marco jurídico que favorezca un análisis justo de todos los eslabones de la cadena para que cada una de las partes se quede con la utilidad que le corresponda.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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