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Política

A partir de 2015 podrán participar candidaturas ciudadanas

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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio.- El Congreso mexicano declaró hoy válida la reforma constitucional para que los ciudadanos participen como candidatos independientes en elecciones a la Presidencia o aspiren a cualquier otro cargo popular a partir de 2015, informaron fuentes legislativas.

La misma fue aprobada por 18 de los 32 congresos estatales que hay en México y ya fue enviada desde el Legislativo al Ejecutivo para su promulgación.

La Comisión Permanente, órgano que sustituye al Congreso durante los períodos de receso, en el caso actual hasta el 1 de septiembre, emitió su aprobación a la tan esperada reforma política que permite a los ciudadanos postularse sin necesidad de pertenecer a un partido político.

Las fuentes explicaron a Efe que esta reforma, que modifica y adiciona un total de catorce artículos, con los avales que ahora tiene, no requiere de la aprobación del Ejecutivo por lo que su publicación en el Diario Oficial es un trámite que podría ocurrir mañana mismo.

Las modificaciones constitucionales permiten convocar a una consulta popular para que los ciudadanos puedan incidir en la creación o modificaciones de reformas o leyes que sean de trascendencia.

Las consultas sólo podrán ser convocadas por el Ejecutivo, el Legislativo, siempre y cuando sean aprobadas por dos terceras partes de la Cámara de los Diputados, o por ciudadanos cuando la apoyen al menos el 2 por ciento de los potenciales electores.

La consulta ciudadana será vinculante cuando la participación total corresponda a por lo menos el 40 por ciento más uno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Tras conocerse el respaldo de la reforma constitucional Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que «era necesario darle más poder a los ciudadanos que a los políticos (…) para incidir en decisiones de la vida política del país».

Agregó que la misma implica una «modernización del presidencialismo» mexicano y «provee nuevos instrumentos para el diálogo entre Poderes».

Esta reforma política, validada entre aplausos y de pie por los legisladores de la Comisión Permanente, culmina tras celebrarse el pasado 1 de julio comicios presidenciales en México.

Un añadido más es que el cambio constitucional facilita que el presidente electo pueda asumir la Jefatura de Estado ante el presidente de las Mesas Directivas del Congreso o ante el magistrado-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También otorga al Ejecutivo el derecho de remitir dos iniciativas preferentes en cada período ordinario de sesiones, e incluye cambios en la Constitución que precisan los métodos de sustitución del Presidente de la República en casos en que el mismo falte de manera definitiva.

Sería el secretario de Gobernación (ministro del Interior) el que asuma el cargo a la espera de que el Congreso decida designar a otros o convocar a elecciones extraordinarias.

No obstante, el senador Francisco García Lizardi, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, consideró que la reforma política quedó corta de miras para un país que necesita un cambio verdadero. 

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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