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Chihuahua

Fiscalía abrirá de nuevo el caso de Arzate

La Fiscalía General del Estado abrirá un nuevo proceso penal y solicitará una orden de aprehensión en contra de Israel Arzate Meléndez, por su presunta participación en la masacre de Villas de Salvárcar, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó el amparo sólo contra la vinculación a proceso.

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La Fiscalía General del Estado abrirá un nuevo proceso penal y solicitará una orden de aprehensión en contra de Israel Arzate Meléndez, por su presunta participación en la masacre de Villas de Salvárcar, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó el amparo sólo contra la vinculación a proceso.

Los ministros validaron que hubo tortura para que Israel Arzate se autoculpara, pero éste no ha sido sentenciado ni absuelto por la Corte, explicó ayer el fiscal general del Estado, Jorge Enrique González Nicolás.

Dijo que una vez que conozcan los resolutivos del fallo de la SCJN, es decir, sus argumentos legales para otorgar el amparo, valorarán los nuevos elementos de peso para presentarlos e iniciar otra vez el proceso.

El fiscal explicó que tienen elementos para proceder porque la ley les permite formular de nuevo la imputación y solicitar una orden de aprehensión contra Arzate por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, o bien, para que por lo menos comparezca ante el juez y reiniciar el procedimiento con esos nuevos elementos.

González Nicolás habló ayer, a unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara la liberación inmediata de Israel Arzate Meléndez, quien estaba bajo arraigo domiciliario.

La Corte declaró como una “prueba ilícita” la argumentación de la Fiscalía General del Estado y ordenó liberar al acusado de participar en la masacre de 15 jóvenes en un domicilio de Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010. Anoche, dicha orden se cumplimentó en la casa ubicada en la calle Plaza del Campidoglio de la colonia Roma Poniente y Arzate Meléndez fue liberado y trasladado al Distrito Federal.

Carlos González Estrada, vocero de la FGE, explicó que el acto de tortura lo cometieron los militares desde el momento del arresto de Arzate Meléndez en febrero de 2010 y la Fiscalía lo recibió golpeado.

Explicó que debido a que la defensa de Arzate promovió amparos contra la vinculación a proceso y el procedimiento concluyó con el fallo de la SCJN, la Fiscalía nunca pudo desahogar las pruebas que tiene que demuestran, presuntamente, su culpabilidad en el multihomicidio.

Entre esas pruebas, dijo, se encuentra el video de una audiencia en la que una de las víctimas señala a Israel como la persona que disparó contra ella, así como números telefónicos de los otros implicados que tenía Arzate en su poder.

El fiscal González Nicolás, quien el martes dijo que se respetaría la decisión de la SCJN, recordó que hasta ahora hay cuatro coinculpados en la masacre y tres de los testigos protegidos que tiene la Fiscalía señalaron a Arzate, de frente a él, como uno de los responsables.

Por el multihomicidio de Villas de Salvárcar un tribunal oral sentenció a 240 años a José Dolores Arroyo Chavarría, Juan Alfredo Soto Arias, Heriberto Martínez y Aldo Favio Hernández, cuya condena fue ratificada por un tribunal de segunda instancia luego de que fue apelada.

El fiscal dijo que los cuatro fueron llevados a juicio con las mismas pruebas que Arzate.

“Más allá de que haya habido tortura, que se decretó y se estableció que fue por elementos del Ejército Mexicano quienes realizaron la detención y posiblemente hubieran hecho esa tortura, yo creo que la investigación ha sido impecable por parte de la Fiscalía”, sostuvo.

Arzate partió el mismo miércoles al Distrito Federal para reunirse con su madre, quien estuvo presente ayer en la Corte cuando resolvió a su favor.

Fuente: El Diario de Chihuahua.

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Chihuahua

Gobierno de Chihuahua firma convenio interinstitucional para fortalecer justicia y protección a mujeres

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, acuerdo que establece bases de coordinación entre distintas instituciones para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.

El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales del país, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre autoridades para generar resultados integrales en materia de protección y acceso a la justicia.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal señaló que una de las responsabilidades de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes la han sufrido y generar condiciones que les permitan avanzar en su vida personal y profesional.

Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la recuperación de estancias infantiles para apoyar a las mujeres que trabajan, el fortalecimiento del transporte público seguro, la ampliación de sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.

La mandataria afirmó que aún existen retos por atender, pero destacó que cuando las instituciones colocan en el centro la dignidad de las mujeres, se pueden generar condiciones de justicia y esperanza para la sociedad.

El acuerdo contempla la instalación de mesas interinstitucionales con el fin de reforzar la protección, atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. También se impulsarán campañas de promoción de la igualdad, acompañamiento a familias afectadas, acciones educativas y apoyo a reformas en la legislación local.

Maru Campos participó como testigo de honor en la firma del convenio, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Entre las líneas de cooperación se establece garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, además de evitar el archivo indebido de los casos sin la debida fundamentación.

Asimismo, se contempla instalar una mesa de trabajo permanente para revisar y fortalecer los protocolos de atención, investigación y seguimiento, así como implementar programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

La directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el acuerdo refleja la decisión de continuar fortaleciendo el trabajo institucional contra la violencia de género.

Por su parte, la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez, indicó que la institucionalización de estas acciones permitirá brindar mayor respaldo a mujeres y niñas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, destacó que el acceso a la justicia depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos relacionados con violencia contra las mujeres.

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