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México

Afirma Calderón que no tiene pacto con el PRI

El presidente Felipe Calderón dijó que no tiene pacto alguno con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para permitir que regrese de manera tersa al poder, y señaló no tener miedo de ser llevado ante La Haya por la llamada guerra contra el narcotráfico.

En una entrevista para el periódico español El País, el mandatario mexicano comentó que antes de ser opositor al PRI es un demócrata, “y sé que la democracia se dirime por los votos, sean uno, dos o tres de diferencia”.

—Cuando dio su mensaje la noche electoral parecía muy contento. Hay quien asegura que tiene un pacto con el PRI — se le cuestionó.

—¡Vaya!, no hay absolutamente nada de eso, mi pacto es con la ley, con la Constitución y con la democracia. Y esa noche estaba yo con la tranquilidad de que no se habían producido en la jornada electoral hechos lamentables de violencia —respondió.

Sobre el proceso electoral, subrayó que “el problema de la democracia mexicana” no está en la contabilidad electoral, que fue el alegato en 2006, sino en la libertad con la que un elector llega a la casilla para votar por uno u otro candidato, “y ese desafió sigue presente (…) estimó que si se llega a comprar un voto, así sea uno, cien mil o cinco millones, está mal”.

En ese sentido, agregó que si hay un voto o diez o mil que están comprados, evidentemente se anula la voluntad de esos votantes, pero consideró que el que esos votos sean nulos no necesariamente implica la nulidad del proceso electoral en el que han votado 70 millones de personas.

Calderón afirmó no teme a ser llevado a la Corte Penal Internacional de La Haya, pues aseveró que su gobierno ha actuado “en todo momento con escrupuloso respeto a la ley. Ha habido una gran cantidad de homicidios en México, que por supuesto lamentamos, pero los que cometen esos homicidios son los criminales”, señaló.

Reconoció posibles violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y de la policía, pero, argumentó, han sido excepcionales, no sistemáticas.

Detalló que según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los casos denunciados, “probablemente” solo 1.5 o 2 por ciento de las quejas han derivado en recomendaciones con fundamento.

Al señalarle que el ex presidente Vicente Fox ha reconocido muchas violaciones, externó que si su antecesor tiene constancia de ellas, debería ir a la autoridad a denunciarlas.

El Presidente indicó que al salir de Los Pinos perderán todos los panistas.

“Perdió la dirección panista, porque quizá el proceso de selección de candidatos fue errático, tortuoso, costos políticos (…) hay muchos factores que explican esa derrota, pero qué duda cabe que en ello todos tenemos una parte de responsabilidad y hay que asumirla y de inmediato poner remedio”.

Sobre su futuro, Calderón dijo tener la voluntad de seguir viviendo en México tras terminar su mandato, además de que no descartó ocupar otro cargo político, ya que expresó que hay muchas cosas que hacer, “porque creo que la labor que empezamos en esta administración tiene que seguir”.

Al cuestionarlo si el PAN apoyará las reformas legislativas que el PRI y Enrique Peña Nieto intentan sacar adelante, indicó que eso lo decidirá su partido, pero añadió que él y su gobierno seguirán impulsándolas.

“Presenté una reforma energética en 2008, todavía están a tiempo de aprobarla, igual que la laboral y la fiscal. Muchas de esas reformas precisamente no se lograron por la obstaculización del PRI durante estos años y espero que esa actitud que ha sido nociva para la República pueda rectificarse.

En términos de violencia, el Presidente aceptó que “evidentemente” no estamos mejor que hace seis años, porque en el país y en América Latina “ha habido un incremento exponencial de la violencia y de las muertes generadas por los grupos criminales que se disputan rutas y territorios”; no obstante, refirió que sí ha habido una mejoría en términos de fortalecimiento de las instituciones.


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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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