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Al saberse acorralado, ex-gobernador de NL donó sus ranchos, le embargan uno

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Sólo se pudo decomisar un rancho a Rodrigo Medina ya que donó tres propiedades a sus familiares y una más fue vendido.

Tal y como se anunció ayer, el proceso de embargo de bienes contra funcionarios del anterior sexenio en Nuevo León arrancó con el decomiso de 22 propiedades, entre las que destaca el rancho de Rodrigo Medina de la Cruz, en General Terán, en la Región Citrícola del Estado.

El rancho de Medina, que mide unas 36 hectáreas, fue la única propiedad a su nombre que pudo ser embargada, ya que el ex gobernador donó tres propiedades a sus familiares y una cuarta fue vendida.

Aldo Fasci Zuazua confirmó lo anterior en una abrupta rueda de prensa a la que citaron para “aclarar dudas y críticas».

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Tiene 9 años y desde que nació nunca ha salido del hospital

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Por culpa de la burocracia, Camila Huerta, de nueve años de edad, desde que nació, nunca ha salido del Hospital del ISSSTE Primero de Octubre, en la Ciudad de México, por lo que no conoce una escuela, un parque ni su propia casa, como si se tratara de una película.

Previo a nacer, sufrió falta de oxígeno que le provocó daño cerebral, hidrocefalia y retraso psicomotor global. Ante la gravedad de su estado, sus padres iniciaron una larga batalla legal interponiendo múltiples amparos para evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la diera de alta en sus primeros años, argumentando que requería cuidados especializados que ellos no podían costear o replicar en casa.

Posteriormente, sus padres, perdieron la batalla legal y pagan actualmente al ISSSTE más de 11 mil pesos para su manutención, luego de que así lo ordenó un juez.

Actualmente, la niña ya puede regresar a su hogar y sus dos padres cuentan con trabajo y la capacidad para mantener a la menor,  a quien acuden a cuidar diariamente  desde el día que nació, pero el extravío de su expediente médico y la falta de orden de un juez, desde finales del 2025, impide que se vaya con su familia que acusa ineficiencia por parte del sistema judicial.

Sus padres también acusan que no hay ninguna ley o reglamento que sea sensible ante este caso.

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