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Alemania tiene nuevo Gobierno y nuevo canciller: Olaf Scholz

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El socialdemócrata Olaf Scholz fue elegido canciller federal por el Parlamento alemán, donde su partido y sus futuros aliados de gobierno, los Verdes y el Partido Liberal, tienen la mayoría.

El nuevo canciller obtuvo el respaldo de 395 votos, frente a 303 en contra y 6 abstenciones. Su alianza con los verdes y los liberales suma en el Bundestag 416 escaños del total de 736, aunque el número de diputados presentes en la cámara era de 707.

Olaf Scholz sucede en el cargo a la conservadora Angela Merkel, que traspasará el poder tras 16 años a quien ha sido su vicecanciller y ministro de Finanzas de su última gran coalición.

La sesión de investidura se produce después de la firma del pacto de coalición entre las tres formaciones que conforman el nuevo gobierno, que en los días precedentes habían ratificado por separado el acuerdo negociado entre sus cúpulas.

El nuevo gobierno, un tripartito inédito a escala federal, será el más paritario de la historia de Alemania, ya que ocho de sus 16 ministerios -17, con el puesto de canciller- estarán ocupados por mujeres, entre ellos los cuatro que atañen a la seguridad nacional y política exterior: Asuntos Exteriores, Interior, Defensa y Ayuda al Desarrollo.

Al Partido Socialdemócrata (SPD), la fuerza más votada en las elecciones generales del pasado septiembre con un 25,7 por ciento, le corresponden siete ministerios, además de la Cancillería.

Los Verdes, que obtuvieron un 14,8 por ciento, tendrán cinco carteras, entre ellas el superministerio de Economía y el Clima, para su co-presidente Robert Habeck, que además será el vicecanciller, mientras que su co-presidenta, Annalena Baerbock, ocupará Asuntos Exteriores.

Al FPD, con un 11,5 por ciento en los pasados comicios, le correspondieron cuatro ministerios, incluido el departamento clave en la potencia europea de Finanzas, que será para su líder, Christian Lindner.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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