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Alerta en Uruguay por «enfermeros homicidas»

MONTEVIDEO, 20 de marzo.- El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, afirmó hoy que las víctimas de los dos enfermeros procesados por el asesinato de pacientes en unidades de cuidados intensivos de Montevideo son sin duda muchas más que las 16 de las que se habló inicialmente.

No es una investigación fácil, el trabajo que le queda al juez es importante porque se cree que la acción criminal de los enfermeros abarca varios años, afirmó este martes Bonomi a la emisora Radio Carve.

«Lo que se ha descubierto es con las historias médicas y la muerte de personas en un lapso relativamente corto de tiempo», indicó el ministro, antes de afirmar que no descarta la posibilidad de que los crímenes se remonten a más de siete años atrás.

Fuentes judiciales indicaron hoy que aunque el domingo, durante los interrogatorios, los inculpados confesaron cinco y once asesinatos cada uno al mostrárseles fotografías, en ambos casos los enfermeros reconocieron haber perdido la cuenta.

«Todavía no tenemos un número exacto ni periodo de tiempo», agregaron las fuentes, que estiman en varias decenas las víctimas mortales.

Según informa la prensa uruguaya, los investigadores de la policía, que ha comenzado a recibir denuncias de nuevos casos sospechosos, especulan con un número superior a los 200 casos, aunque por ahora se trata solamente de conjeturas.

«No vamos a hablar de cantidad de casos, ni de plazos de tiempo hasta que tengamos toda la información, porque este se ha vuelto un tema demasiado sensible como para no ser precisos», se excusó a los medios el comisario inspector San Angel Rosas, coordinador de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol.

Precisamente sobre una de esas versiones, que apunta a que uno de los enfermeros confesó haber matado a un paciente por semana, Bonomi indicó a Carve que «la policía tenía una cifra algo menor» aunque se escudó también de ser más preciso.

El ministro recordó que «aclarar un crimen serial de este tipo en un país desarrollado llevó 13 ó 18 años y el caso uruguayo comenzó a investigarse en enero pasado, cuando se produjo una denuncia anónima de parte del personal sanitario.

Gracias a las investigaciones posteriores, el viernes pasado fueron detenidos los enfermeros J. A. A, de 46 años, y M. P. G., de 39 años, trabajadores de la Asociación Española, una prestigiosa mutua privada del país, y del Hospital Maciel, de titularidad pública.

Un informe del Ministerio de Salud realizado en el Hospital Maciel y reproducido hoy por el diario El País afirma que en la Unidad de Cuidados Cardiológicos (UCC), donde se registraron varias de las muertes, hubo un incremento brusco de la tasa de mortalidad durante 2011.

El índice de mortalidad oscilaba entre un 3 % y un 4 % de promedio en el último lustro, pero el año pasado se disparó hasta un 12 %.

Junto a los enfermeros, que se encuentran en prisión, fue procesada por encubrimiento una enfermera que conocía a uno de ellos, aunque la justicia descarta por ahora una acción coordinada.

Sin embargo, Bonomi habló este martes en Radio Carve de que «había una suerte de competencia» entre los criminales, pero también dijo luego que «hay muchas cosas que no están claras» en el caso.

El móvil de los crímenes, según sus autores, era «dar calma» a las víctimas aunque ese es otro punto oscuro, admitió el ministro, que descartó en principio posibles vínculos entre los asesinos y mafias de tráfico de órganos porque las víctimas eran todas «personas de edad».

El ministro de Salud, Jorge Venegas, deberá comparecer el jueves ante el Parlamento para dar explicaciones sobre los controles existentes en el sector sanitario y en las próximas horas está previsto que el juez del caso, Rolando Vomero, difunda el auto de procesamiento de los acusados, que seguramente ofrecerá nuevas luces sobre un proceso que promete ser largo.

jrr

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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