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Alerta en Uruguay por «enfermeros homicidas»

MONTEVIDEO, 20 de marzo.- El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, afirmó hoy que las víctimas de los dos enfermeros procesados por el asesinato de pacientes en unidades de cuidados intensivos de Montevideo son sin duda muchas más que las 16 de las que se habló inicialmente.

No es una investigación fácil, el trabajo que le queda al juez es importante porque se cree que la acción criminal de los enfermeros abarca varios años, afirmó este martes Bonomi a la emisora Radio Carve.

«Lo que se ha descubierto es con las historias médicas y la muerte de personas en un lapso relativamente corto de tiempo», indicó el ministro, antes de afirmar que no descarta la posibilidad de que los crímenes se remonten a más de siete años atrás.

Fuentes judiciales indicaron hoy que aunque el domingo, durante los interrogatorios, los inculpados confesaron cinco y once asesinatos cada uno al mostrárseles fotografías, en ambos casos los enfermeros reconocieron haber perdido la cuenta.

«Todavía no tenemos un número exacto ni periodo de tiempo», agregaron las fuentes, que estiman en varias decenas las víctimas mortales.

Según informa la prensa uruguaya, los investigadores de la policía, que ha comenzado a recibir denuncias de nuevos casos sospechosos, especulan con un número superior a los 200 casos, aunque por ahora se trata solamente de conjeturas.

«No vamos a hablar de cantidad de casos, ni de plazos de tiempo hasta que tengamos toda la información, porque este se ha vuelto un tema demasiado sensible como para no ser precisos», se excusó a los medios el comisario inspector San Angel Rosas, coordinador de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol.

Precisamente sobre una de esas versiones, que apunta a que uno de los enfermeros confesó haber matado a un paciente por semana, Bonomi indicó a Carve que «la policía tenía una cifra algo menor» aunque se escudó también de ser más preciso.

El ministro recordó que «aclarar un crimen serial de este tipo en un país desarrollado llevó 13 ó 18 años y el caso uruguayo comenzó a investigarse en enero pasado, cuando se produjo una denuncia anónima de parte del personal sanitario.

Gracias a las investigaciones posteriores, el viernes pasado fueron detenidos los enfermeros J. A. A, de 46 años, y M. P. G., de 39 años, trabajadores de la Asociación Española, una prestigiosa mutua privada del país, y del Hospital Maciel, de titularidad pública.

Un informe del Ministerio de Salud realizado en el Hospital Maciel y reproducido hoy por el diario El País afirma que en la Unidad de Cuidados Cardiológicos (UCC), donde se registraron varias de las muertes, hubo un incremento brusco de la tasa de mortalidad durante 2011.

El índice de mortalidad oscilaba entre un 3 % y un 4 % de promedio en el último lustro, pero el año pasado se disparó hasta un 12 %.

Junto a los enfermeros, que se encuentran en prisión, fue procesada por encubrimiento una enfermera que conocía a uno de ellos, aunque la justicia descarta por ahora una acción coordinada.

Sin embargo, Bonomi habló este martes en Radio Carve de que «había una suerte de competencia» entre los criminales, pero también dijo luego que «hay muchas cosas que no están claras» en el caso.

El móvil de los crímenes, según sus autores, era «dar calma» a las víctimas aunque ese es otro punto oscuro, admitió el ministro, que descartó en principio posibles vínculos entre los asesinos y mafias de tráfico de órganos porque las víctimas eran todas «personas de edad».

El ministro de Salud, Jorge Venegas, deberá comparecer el jueves ante el Parlamento para dar explicaciones sobre los controles existentes en el sector sanitario y en las próximas horas está previsto que el juez del caso, Rolando Vomero, difunda el auto de procesamiento de los acusados, que seguramente ofrecerá nuevas luces sobre un proceso que promete ser largo.

jrr

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Increible

Desaparece en Disneyland y aparece días después en un bote de basura en Mexicali: el misterioso caso de Annie Encino

Una adolescente estadounidense de 16 años fue localizada con vida dentro de un contenedor de basura en Mexicali, Baja California, días después de haber desaparecido en el parque Disney California Adventure, en Anaheim. El caso ha despertado preocupación e interrogantes en ambos lados de la frontera, especialmente por el silencio mediático en México y las lagunas que aún rodean su cruce hacia territorio nacional.

Annie Kathleen Encino desapareció el pasado 20 de abril tras una discusión con su familia dentro del parque temático. Fue vista por última vez alejándose sola, lo que activó una Alerta Amber en Estados Unidos. Sin embargo, esa alerta nunca cruzó a territorio mexicano, dejando a la opinión pública del país sin conocimiento de su desaparición… hasta que la historia dio un giro tan insólito como alarmante.

Días después, una llamada anónima al 911 alertó a la policía municipal de Mexicali sobre la presencia de una menor dentro de un bote de basura. Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a la joven en condiciones que no han sido detalladas, pero confirmaron su identidad. El consulado de Estados Unidos fue notificado de inmediato y su madre viajó a la ciudad fronteriza para identificarla y llevarla de regreso.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado cómo fue que Annie cruzó la frontera sin documentos, sin acompañantes y sin ser detectada. Tampoco han revelado si fue víctima de trata, secuestro, abuso o si viajó voluntariamente con ayuda de terceros. La Fiscalía de Baja California mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

Lo que sí queda claro es que algo falló en los mecanismos de cooperación fronteriza. Ni la alerta internacional funcionó, ni hubo un protocolo binacional que permitiera actuar a tiempo. La aparición de una menor estadounidense en un contenedor de basura, en una ciudad donde los casos de desapariciones no son novedad, pone una vez más bajo la lupa la crisis de seguridad y el flujo irregular entre ambos países.

Mientras se esperan más detalles oficiales, el caso de Annie Encino evidencia que incluso en un entorno supuestamente seguro como Disneyland, la vulnerabilidad de los menores puede terminar en una historia digna de una serie policiaca.

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