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Alerta en Uruguay por «enfermeros homicidas»

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MONTEVIDEO, 20 de marzo.- El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, afirmó hoy que las víctimas de los dos enfermeros procesados por el asesinato de pacientes en unidades de cuidados intensivos de Montevideo son sin duda muchas más que las 16 de las que se habló inicialmente.

No es una investigación fácil, el trabajo que le queda al juez es importante porque se cree que la acción criminal de los enfermeros abarca varios años, afirmó este martes Bonomi a la emisora Radio Carve.

«Lo que se ha descubierto es con las historias médicas y la muerte de personas en un lapso relativamente corto de tiempo», indicó el ministro, antes de afirmar que no descarta la posibilidad de que los crímenes se remonten a más de siete años atrás.

Fuentes judiciales indicaron hoy que aunque el domingo, durante los interrogatorios, los inculpados confesaron cinco y once asesinatos cada uno al mostrárseles fotografías, en ambos casos los enfermeros reconocieron haber perdido la cuenta.

«Todavía no tenemos un número exacto ni periodo de tiempo», agregaron las fuentes, que estiman en varias decenas las víctimas mortales.

Según informa la prensa uruguaya, los investigadores de la policía, que ha comenzado a recibir denuncias de nuevos casos sospechosos, especulan con un número superior a los 200 casos, aunque por ahora se trata solamente de conjeturas.

«No vamos a hablar de cantidad de casos, ni de plazos de tiempo hasta que tengamos toda la información, porque este se ha vuelto un tema demasiado sensible como para no ser precisos», se excusó a los medios el comisario inspector San Angel Rosas, coordinador de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol.

Precisamente sobre una de esas versiones, que apunta a que uno de los enfermeros confesó haber matado a un paciente por semana, Bonomi indicó a Carve que «la policía tenía una cifra algo menor» aunque se escudó también de ser más preciso.

El ministro recordó que «aclarar un crimen serial de este tipo en un país desarrollado llevó 13 ó 18 años y el caso uruguayo comenzó a investigarse en enero pasado, cuando se produjo una denuncia anónima de parte del personal sanitario.

Gracias a las investigaciones posteriores, el viernes pasado fueron detenidos los enfermeros J. A. A, de 46 años, y M. P. G., de 39 años, trabajadores de la Asociación Española, una prestigiosa mutua privada del país, y del Hospital Maciel, de titularidad pública.

Un informe del Ministerio de Salud realizado en el Hospital Maciel y reproducido hoy por el diario El País afirma que en la Unidad de Cuidados Cardiológicos (UCC), donde se registraron varias de las muertes, hubo un incremento brusco de la tasa de mortalidad durante 2011.

El índice de mortalidad oscilaba entre un 3 % y un 4 % de promedio en el último lustro, pero el año pasado se disparó hasta un 12 %.

Junto a los enfermeros, que se encuentran en prisión, fue procesada por encubrimiento una enfermera que conocía a uno de ellos, aunque la justicia descarta por ahora una acción coordinada.

Sin embargo, Bonomi habló este martes en Radio Carve de que «había una suerte de competencia» entre los criminales, pero también dijo luego que «hay muchas cosas que no están claras» en el caso.

El móvil de los crímenes, según sus autores, era «dar calma» a las víctimas aunque ese es otro punto oscuro, admitió el ministro, que descartó en principio posibles vínculos entre los asesinos y mafias de tráfico de órganos porque las víctimas eran todas «personas de edad».

El ministro de Salud, Jorge Venegas, deberá comparecer el jueves ante el Parlamento para dar explicaciones sobre los controles existentes en el sector sanitario y en las próximas horas está previsto que el juez del caso, Rolando Vomero, difunda el auto de procesamiento de los acusados, que seguramente ofrecerá nuevas luces sobre un proceso que promete ser largo.

jrr

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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