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Alerta en Uruguay por «enfermeros homicidas»

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MONTEVIDEO, 20 de marzo.- El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, afirmó hoy que las víctimas de los dos enfermeros procesados por el asesinato de pacientes en unidades de cuidados intensivos de Montevideo son sin duda muchas más que las 16 de las que se habló inicialmente.

No es una investigación fácil, el trabajo que le queda al juez es importante porque se cree que la acción criminal de los enfermeros abarca varios años, afirmó este martes Bonomi a la emisora Radio Carve.

«Lo que se ha descubierto es con las historias médicas y la muerte de personas en un lapso relativamente corto de tiempo», indicó el ministro, antes de afirmar que no descarta la posibilidad de que los crímenes se remonten a más de siete años atrás.

Fuentes judiciales indicaron hoy que aunque el domingo, durante los interrogatorios, los inculpados confesaron cinco y once asesinatos cada uno al mostrárseles fotografías, en ambos casos los enfermeros reconocieron haber perdido la cuenta.

«Todavía no tenemos un número exacto ni periodo de tiempo», agregaron las fuentes, que estiman en varias decenas las víctimas mortales.

Según informa la prensa uruguaya, los investigadores de la policía, que ha comenzado a recibir denuncias de nuevos casos sospechosos, especulan con un número superior a los 200 casos, aunque por ahora se trata solamente de conjeturas.

«No vamos a hablar de cantidad de casos, ni de plazos de tiempo hasta que tengamos toda la información, porque este se ha vuelto un tema demasiado sensible como para no ser precisos», se excusó a los medios el comisario inspector San Angel Rosas, coordinador de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol.

Precisamente sobre una de esas versiones, que apunta a que uno de los enfermeros confesó haber matado a un paciente por semana, Bonomi indicó a Carve que «la policía tenía una cifra algo menor» aunque se escudó también de ser más preciso.

El ministro recordó que «aclarar un crimen serial de este tipo en un país desarrollado llevó 13 ó 18 años y el caso uruguayo comenzó a investigarse en enero pasado, cuando se produjo una denuncia anónima de parte del personal sanitario.

Gracias a las investigaciones posteriores, el viernes pasado fueron detenidos los enfermeros J. A. A, de 46 años, y M. P. G., de 39 años, trabajadores de la Asociación Española, una prestigiosa mutua privada del país, y del Hospital Maciel, de titularidad pública.

Un informe del Ministerio de Salud realizado en el Hospital Maciel y reproducido hoy por el diario El País afirma que en la Unidad de Cuidados Cardiológicos (UCC), donde se registraron varias de las muertes, hubo un incremento brusco de la tasa de mortalidad durante 2011.

El índice de mortalidad oscilaba entre un 3 % y un 4 % de promedio en el último lustro, pero el año pasado se disparó hasta un 12 %.

Junto a los enfermeros, que se encuentran en prisión, fue procesada por encubrimiento una enfermera que conocía a uno de ellos, aunque la justicia descarta por ahora una acción coordinada.

Sin embargo, Bonomi habló este martes en Radio Carve de que «había una suerte de competencia» entre los criminales, pero también dijo luego que «hay muchas cosas que no están claras» en el caso.

El móvil de los crímenes, según sus autores, era «dar calma» a las víctimas aunque ese es otro punto oscuro, admitió el ministro, que descartó en principio posibles vínculos entre los asesinos y mafias de tráfico de órganos porque las víctimas eran todas «personas de edad».

El ministro de Salud, Jorge Venegas, deberá comparecer el jueves ante el Parlamento para dar explicaciones sobre los controles existentes en el sector sanitario y en las próximas horas está previsto que el juez del caso, Rolando Vomero, difunda el auto de procesamiento de los acusados, que seguramente ofrecerá nuevas luces sobre un proceso que promete ser largo.

jrr

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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