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Amnistía Internacional pide fin a la represión en Nicaragua

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La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, acusó al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega de dirigir una represión «brutal» en el último año, y lo instó a cesar la violación a los derechos de justicia, verdad y reparación.

En vísperas del primer aniversario de la violenta represión ejercida por el gobierno de Nicaragua contra las protestas por las reformas de la seguridad social del 18 de abril de 2018, Guevara Rosas demandó al gobierno de Ortega para que finalice «de inmediato su estrategia de represión» contra el pueblo.

Durante el último año, el gobierno del presidente Ortega ha reprimido brutal y reiteradamente a todas las personas que se han atrevido a plantar cara a su administración», apuntó la representante de AI para las Américas en un comunicado del organismo.

Aseveró que las autoridades nicaragüenses «siguen violando los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de cientos de víctimas, al tiempo que impiden a las organizaciones de la sociedad civil y a los observadores internacionales de los derechos humanos trabajar libremente en el país. Esto tiene que cesar”.

Dijo que el gobierno de Nicaragua «debe finalizar de inmediato su estrategia de represión y poner en libertad a todos y todas los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica».

AI «seguirá apoyando a todas las personas que luchan pacíficamente por sus derechos», pese al «hostigamiento y la intimidación constantes que sufren por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos parapoliciales».

Guevara Rosas se refirió al tema en vísperas del primer aniversario de las protestas, que se extendieron por varios meses en toda Nicaragua, y que dejaron al menos 325 personas muertas, más de dos mil heridas, centenares detenidas y decenas de miles obligadas a huir a Costa Rica.

Amnistía Internacional recordó que con otras organizaciones internacionales, han documentado casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos armados progubernamentales y la Policía Nacional de Nicaragua.

Excelsior

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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