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México

Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, habría tejido una red de corrupción con sus amigos

Una reciente investigación publicada por el medio Latinus y expuesta por Carlos Loret de Mola reveló que un grupo de amigos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, se habría beneficiado con contratos millonarios con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reportaje, encabezado por Montserrat Peralta, Julio Astorga, Isabella González y Mario Gutiérrez Vega, evidenció que a través de una red de empresas, los allegados a “Andy” habrían obtenido más de 100 millones de pesos del erario.

La empresa Organismo Promotor Logístico (OPL) es la más visible del entramado de entidades dirigidas por los amigos del hijo de AMLO y, de acuerdo con las y los reporteros, su principal proyecto estaría en los terrenos de lo que iba a ser el Aeropuerto de Texcoco.

Ahí, acorde con los documentos presentados en la investigación, se les adjudicó la gerencia de distintos proyectos para el llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Los amigos de Andrés Manuel López Beltrán habrían tenido facilidades para conseguir los contratos. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)
Los amigos de Andrés Manuel López Beltrán habrían tenido facilidades para conseguir los contratos. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

Tres empresas en un mismo domicilio

Uno de los principales focos rojos que dio a conocer el reportaje fue que al menos tres empresas “hermanas” que tuvieron participación en la gerencia del Parque de Texcoco operaban desde un mismo edificio, ubicado en la calle Veracruz 69, en la Colonia Condesa de la Ciudad de México.

Se trata de Organismo Promotor Logístico, AZ Gerencia de Proyectos y Vea Arquitectos. Según la investigación OPL está administrada por Carlos Buentello Carbonell y tiene como apoderado legal a Eduardo Castro Ávila,medio hermano de Alejandro Castro Jiménez Labora (amigo de Andrés López Beltrán).

AZ Gerencia de Proyectos, empresa a la que la Conagua llamó a participar en las obras de Texcoco junto a OPL, tendría como accionista y apoderado a José María Espinoza Pablos, administrador de Vea Arquitectos, en la que también labora como apoderado Carlos Buentello Carbonell.

La Conagua le habría otorgado contratos millonarios a las empresas controladas por los amigos de Andrés López Beltrán. (Youtube/Latinus)
La Conagua le habría otorgado contratos millonarios a las empresas controladas por los amigos de Andrés López Beltrán. (Youtube/Latinus)

Desde el mismo domicilio en la Colonia Condesa, un hombre identificado como Andrés de la Garma Valenzuela, representante de Vea Arquitectos, habría fundado un taller de arquitectura junto con Santiago Jiménez Labora Prieto (primo de Alejandro Castro Jiménez).

El trabajo periodístico apuntó que para los contratos en el Parque Ecológico Lago de Texcoco las empresas ofrecieron direcciones distintas para, presuntamente, esconder una cercanía que se había hecho evidente en años anteriores, cuando ofrecían como referencia un mismo domicilio en la Avenida Kiki Murillo No. 102 del Desarrollo Urbano La Primavera, enCuliacán, Sinaloa.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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