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México

«Aplastaré a la mafia»: Peña Nieto

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a “aplastar a la mafia”. En entrevista con el semanario alemán Der Spiegel, reiteró que la máxima prioridad de su gobierno será reducir los asesinatos y los secuestros.

“Pero también debemos aplastar a la mafia. Muchos asesinatos suceden, porque los criminales están luchando entre sí por los mercados”, dijo el Presidente de México a la revista semanal con un tiraje de más de un millón de ejemplares.

Peña Nieto habló de su oposición a legalizar la mariguana, de la necesidad de reducir la pobreza extrema y la desigualdad para restablecer la paz en el país.

En total diecisiete preguntas, con sus respectivas respuestas, en las que el mandatario mexicano delineó las prioridades de su gobierno en temas como seguridad y justicia, combate a la criminalidad, impulso a la educación y a nuevas reformas, integración económica de México con Estados Unidos e integración de América Latina.

aplastarRespuestas con las que Peña Nieto anunció que no retirará a las fuerzas militares que su antecesor Felipe Calderón desplegó en todo el país para combatir a los cárteles de las drogas, pues, según dijo, sólo lo hará cuando mejore la seguridad.

Será en ese momento cuando su gobierno se verá obligado, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución, a retirar a los militares.

“Vamos a fortalecer a las fuerzas de seguridad y al poder judicial. La cooperación entre el gobierno federal y los estados en lo individual, ya mejoró. Vamos a entrenar profesionalmente y a equipar a la policía, y donde hagan falta oficiales de policía, proporcionaremos personal de seguridad con entrenamiento militar bajo supervisión civil”, dijo.

A la pregunta de si la formación de milicias civiles en algunas zonas del país para protegerse de la delincuencia es un indicio de que el gobierno mexicano ya perdió el control del país, Peña Nieto respondió que no porque su gobierno ha aumentado su presencia en esas áreas donde la población había optado por defenderse a sí misma.

“La justicia de vigilantes sólo conduce a más violencia”, declaró.

Al responder la pregunta de si serán llevados ante la justicia los soldados acusados por grupos de defensa de derechos humanos de haber perpetrado ataques en contra de personas inocentes, Peña Nieto dijo que la nueva ley sobre las víctimas es un paso en ese sentido:

“Aprobamos una ley que otorga compensaciones a las víctimas de la violencia y nos obliga a aclarar los crímenes. Esto va a obligar a las fuerzas de seguridad a respetar los derechos humanos”.

Sobre el reciente aumento en el número de asesinatos y secuestros en la capital mexicana y los cadáveres que las bandas criminales han abandonado en el vecino Estado de México, su estado natal, el mandatario mexicano aclaró que la solución no va a venir de la noche a la mañana.

“La situación no va a mejorar de la noche a la mañana. En el pasado se cometieron errores y tenemos que aprender de ellos. La violencia bajará en el mediano plazo. Esa es la promesa que les hice a los mexicanos”.

Aunque para lograrlo Peña Nieto destacó la necesidad de combatir la desigualdad y el hambre.

Ante la pregunta de si considera que la legalización de la mariguana en algunos estados de Estados Unidos resta credibilidad a la guerra contra las drogas, Peña Nieto explicó su desacuerdo con la legalización de la cannabis.

“Debo al menos fomentar el debate. Yo me opongo a legalizar la mariguana porque funge como entrada para las drogas”, dijo.

A la pregunta de si México, que en el pasado jugó un importante papel como mediador en América Latina, podría ayudar a impulsar potenciales reformas políticas en Cuba y en Venezuela, Peña Nieto respondió:

“Nuestra política exterior ha perdido algo de su punch en años recientes, en parte debido a problemas internos. En el futuro queremos poner mayores esfuerzos detrás de la integración de toda América Latina. Pero no vamos a interferir en los asuntos internos de otros países. Queremos ampliar nuestras relaciones con Cuba”.

El semanario alemán no se olvidó de recordarle que en una ocasión el nobel de literatura Mario Vargas Llosa calificó al PRI como un sistema de control de tipo monárquico al que calificó como “la dictadura perfecta”, Peña Nieto respondió:

“México ha cambiado. No hay espacio hoy para los mecanismos del pasado. El PRI, al igual que cualquier otro partido, se someterá a las normas democráticas del juego (político).

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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