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Opinión

ARMAS INFALIBLES CONTRA EL DELITO por LUIS OCHOA MINJAREZ

Armas infalibles contra el delito
Luis Ochoa Minjares

El Secretario de Seguridad Pública Municipal coronel Leyzaola se queja, y con toda razón, que la comunidad le regatea la cooperación mediante la denuncia ciudadana, y que los defensores de los derechos humanos le ponen piedritas en el camino, no obstante que son irrebatibles las pruebas de que “está atajando la pelota” en la difícil tarea de regresar a Juárez la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos.El hampa insolente y desbordada le está buscando tres pies al gato. Tal vez sus cerebros y capos mayores desconocen el sabio refrán popular harto elocuente: “Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos”. Y si los buenos son más que los perversos, deben hacer valer esa ventaja y blandir la razón que los asiste, y, sobre todo, utilizar las dos armas infalibles a la mano: la denuncia ciudadana y el “pitazo” telefónico anónimo

El cinismo despiadado y la prepotencia criminal del hampa mayor y menor han colmado la paciencia colectiva desde hace mucho tiempo y enardecido los ánimos populares. Es cada día más vigorosa la exigencia de que las autoridades no den tregua ni muestren la menor cobardía frente a ese monstruo de mil cabezas de la delincuencia organizada.

La aplicación de la ley en la lucha contra el crimen organizado y eventual, no resulta fácil si las instituciones judiciales y policíacas no sienten además de la presión popular, el apoyo franco, abierto y decidido de todos y cada uno de los habitantes de la comunidad.

La efectividad de las corporaciones policíacas y el aparato judicial no se expresará al cien por ciento ni dará los frutos requeridos, si no se da cima a la depuración de esos organismos y se expulsa de su seno a todos aquellos malos elementos que han sido corrompidos desde el exterior o infiltrados por las mafias.

La organización del vecindario en grupos vigilantes en cada cuadra y en turnos escalonados, la denuncia telefónica anónima, parecen ser por ahora las formas más eficaces de colaborar con las corporaciones e instituciones policíacas para devolver a la comunidad la seguridad pública, la paz y la tranquilidad. El sistema de silbatos implantado por Leyzaola es también una herramienta contra los malandros.

Es cierto que los buenos son más que los malos. Hagamos de esta verdad la principal arma contra el hampa insolente, desbordada y despiadada. Actuemos con mayor decisión y valor civil y menos indiferencia. Leyzaola merece más decidido apoyo de la comunidad. Denuncia ciudadana y pitazos anónimos y oportunos, son por ahora, los dos recursos, las dos armas más eficaces que puede esgrimir la ciudadanía.

LA ADICCION

AL TRABAJO

El parralense que nos gobierna está dando muestras de una adicción al trabajo y un dinamismo incansable a tal grado que ya los sabihondos cafetómanos lo están futureando. ¿Quién no envidia el ritmo de trabajo, el dinamismo y la ubicuidad del gobernador Duarte, ahora en gira de trabajo por el lejano oriente buscando mercados nuevos para los productos chihuahuenses? Y es que el ejemplo de la conducta personal tiene una fuerza extraordinaria para gobernar.

Es bien sabido que cuando uno está haciendo lo que le gusta, no se cansa nunca. Y en el caso del gobernador Duarte la política no le gusta, le encanta, y en su ejercicio consume las veinticuatro horas del día. Dígalo si no su agenda diaria de actividades. Trabaja en lo que le gusta, la política, entendida como instrumento para ejercer el poder público con dinamismo, eficacia y alegría.

Y, repetimos, no hay recurso más poderoso de convencimiento que la fuerza del ejemplo de la conducta y el comportamiento personal. Un servidor público que realiza su misión con el brillo de la alegría en sus ojos, la sonrisa en los labios y un dinamismo incansable, transmite confianza, optimismo y deseos de luchar.

Lo ideal sería que los adictos al trabajo fueran muchos más que los adictos a otras aficiones degradantes como la molicie, el tabaco, el licor, las drogas y demás desviaciones de la conducta humana. La iglesia en su ámbito espiritual y la escuela en su campo de la enseñanza, podrían hacer mucho por cambiar esta gigantesca desproporción entre los adictos al trabajo y los adictos a los vicios.

Sería deseable que el ejemplo de la conducta personal del gobernador Duarte contagie a todos y cada uno de sus colaboradores, y estos a su vez lo retransmitan a la comunidad donde se desenvuelven y realizan las funciones propias del cargo que desempeñan, así sea desde el modesto conserje, hasta el más encumbrado funcionario.

ANÉCDOTA DE

DOS ALCALDES

Cuando era alcalde de Chihuahua el ex diputado federal y ex gobernador y ahora candidato a Senador del Tricolor Patricio Martínez, visitó Ciudad Juárez.

Faltaban ya escasos ocho días para Navidad y el tema del día era si el alcalde panista Pancho Villarreal se decidía o no a poner arreglos de navidad en las calles de la Ciudad.

El reportero radiofónico Javier Mendoza Zubiate le preguntó a Patricio, ¿qué opina señor Martínez de esta polémica?

No, responde el alcalde de Chihuahua, nosotros ya los pusimos desde hace un mes para que en estos días navideños, la gente disfrute su ciudad, la viva y la sienta.

Por fortuna, después fue gobernador y le siguió José Reyes Baeza, durante cuyos sexenios promovieron ambos mandatarios en el municipio de un amplio programa de promoción de la cultura, un programa donde los habitantes de la frontera fortalecieron su identidad y su orgullo de pertenencia.

En el sexenio actual, tenemos fe en que los chihuahuenses en todas las ciudades del Estado, pueblos y rancherías, aprendamos a “vivir y sentir” nuestros respectivos terruños, a quererlos, cuidarlos y mantenerlos siempre enfilados hacia la modernidad y el progreso constantes.

TECLAZOS

DOMINICALES

Con alegre y campirana comelitona, se recordó ayer la fecha cuando el General Francisco Villa hizo un alto en Samalayuca para descansar. Se comentaron, por supuesto, los propósitos de convertir a la enigmática y atrayente “Reina de los Médanos” y sus vastos arenales, en una especie de vergel, y en un sitio de atracción turística y reserva ecológica… Por cierto, ha quedado en silencio el resultado de la investigación acerca de la contaminación causada por un extraño líquido arrojado en un área cercana a las vías del ferrocarril que cruza Samalayuca… Algunos miembros del sector empresarial están tan deslumbrados con los logros alcanzados en seguridad por el coronel Leyzaola, que ya lo andan candidateando para suceder al ingeniero Murguía. Ni tanto que queme al santo… Se nos está yendo el año y los juarenses no damos muestras de hacerle frente a las grandes obras, cuyos proyectos duermen el sueño de los justos en las gavetas y los escritorios, como el Centros de Convenciones, el Transporte Urbano Semimasivo y la Remodelación del Centro Histórico entre otras. ¿Qué nos pasa?

FINALMENTE la frase de la semana: “Hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga”

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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