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México

Aumenta el maltrato infantil en México

Entre una cuarta y quinta parte de los niños encuestados reportó que los motivos más frecuentes de maltrato consistieron en haberlos hecho llorar, golpeado, quitado o escondido sus cosas.

El diputado Jaime Chris López Alvarado del PRI propuso un punto de acuerdo para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) diseñe un programa de aprendizaje para madres, padres y tutores sobre las mejores prácticas educativas y correctivas.

En un comunicado, el priista mencionó que el DIF debe difundir la importancia del sano esparcimiento en el hogar y «las graves repercusiones de la violencia a menores durante su crecimiento, ya que los familiares más cercanos creen que los golpes, gritos y diversas formas de maltrato son la mejor manera de educar a un infante.

Sin embargo, resulta contraproducente, porque en ocasiones repercute en el aumento de jóvenes que se integran al vandalismo».

El secretario de la Comisión de Gobernación refirió que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 reveló que al menos 24.1 por ciento de la población en México justifica (en mayor o menor medida) pegarle a una niña o niño para que obedezca, lo cual refleja «la terrible situación que pueden sufrir los menores, ya que por ninguna circunstancia es justificable golpearlos, porque es el primer paso para la crianza de posibles jóvenes delincuentes con problemas psicológicos y de salud».

Asimismo, continuó, es complicado detectar las violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que en su mayoría, por miedo, prefieren callar el maltrato que sufren y no denunciarlo, a pesar de que la Enadis 2010 estableció que el 26.7 por ciento de las niñas y niños han sido golpeados por sus padres.

Entre una cuarta y quinta parte de los niños encuestados reportó que los motivos más frecuentes de maltrato consistieron en haberlos hecho llorar, golpeado, quitado o escondido sus cosas. De los que admiten haber sido golpeados, uno de cada diez, dijo, que es una situación muy frecuente y casi la mitad señala que sucede poco.

López Alvarado consideró que la violencia infantil en el país «es sumamente seria, y no debe tomarse a la ligera». Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2010 reveló que en 26 de los 32 sistemas estatales del DIF se atendieron 32 mil 68 reportes por maltrato a menores, y en el 55.5 por ciento de los casos se comprobó la agresión (17 mil 800), precisó.

De ese total, 50.2 por ciento fueron niñas y las entidades con el mayor índice de casos fueron Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

Destacó que el maltrato infantil, en cualquiera de sus modalidades, es grave por el simple hecho de serlo; no obstante, resulta aún más alarmante cuando la violación a los derechos de los menores es realizada comúnmente en los hogares como «medida disciplinaria», ejercida por la madre y el padre, presentando el más alto nivel de violencia ejercida hacia los niños, seguidos por los padrastros, las madrastras y otros miembros de la familia.

El Informe Mundial Contra la Violencia contra los Niños y las Niñas realizado por la ONU, señala que entre las consecuencias del maltrato se pueden presentar lesiones cerebrales y abdominales; fracturas, discapacidad, problemas reproductivos, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual, abuso de alcohol y drogas, depresión y ansiedad; retraso en el desarrollo, falta de autoestima, incapacidad para relacionarse, comportamiento suicida, cáncer, enfermedad hepática, esterilidad, entre otros.

El Inegi identificó en una encuesta realizada en 2011, que en todo el país se registraron 8 mil 47 defunciones de menores de 18 años por causas violentas; 65.5 por ciento fueron accidentes; 19.4 por ciento se trató de homicidios y nueve de cada 100 fueron suicidios, refirió.

El legislador del PRI resaltó que, a nivel internacional, México se encuentra en una seria posición, ya que junto con Estados Unidos y Portugal presenta un índice hasta 15 veces superior de mortalidad de menores a causa del maltrato físico que en el resto de las naciones desarrolladas, de acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef).

Por ello, consideró urgente que el DIF difunda que son los padres quienes tienen la responsabilidad y deber de cuidar, proteger y educar a sus hijos en un marco de respecto, sin violencia, y que permitan a las niñas, niños y adolescentes vivir en armonía y con calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al maltrato infantil como todas las formas de violencia: abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Al respecto, el Unicef identifica como tipos de violencia la física, emocional y sexual; especialistas advierten diversas formas de maltrato infantil poco conocidas y conceptualizadas como síndrome del niño sacudido, síndrome de Münchhausen, abuso fetal, ritualismo satánico, maltrato étnico y niños de la guerra.

Fuente: Radio Fórmula

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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