El Ayuntamiento de Chihuahua aprobó por unanimidad reformas al Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos y al Reglamento del Sistema de Justicia Cívica del Municipio, con el objetivo de erradicar la apología del delito y la violencia contra las mujeres en espacios y contenidos de difusión pública.

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, la lectura del dictamen estuvo a cargo del regidor presidente de la Comisión de Gobernación, José Alfredo Navarrete Paz, quien subrayó que las modificaciones reflejan el compromiso del gobierno municipal con la promoción de una convivencia social sana, el respeto a los derechos humanos y la erradicación de cualquier forma de violencia, en particular la dirigida contra las mujeres.

Las reformas establecen mecanismos para regular la difusión pública de contenidos musicales, audiovisuales o de cualquier otra naturaleza que hagan apología del delito o de quienes cometen hechos ilícitos, así como aquellos que inciten a la violencia. De acuerdo con lo expuesto, este tipo de mensajes tiene un impacto negativo en la formación de valores y contribuye a normalizar conductas contrarias a la convivencia pacífica.

De manera específica, los cambios aprobados incorporan un enfoque especial para atender contenidos que promuevan la violencia contra las mujeres, su denigración, menosprecio o exclusión, al considerar que vulneran principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana.

Uno de los elementos centrales de las reformas es el destino de las sanciones administrativas que se impongan por estas conductas. Se establece que los recursos económicos obtenidos no tendrán únicamente un carácter punitivo, sino que serán canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua. Dichos recursos podrán ser utilizados para fortalecer programas de atención a sectores vulnerables afectados por la violencia y para el desarrollo integral de las familias.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca dar claridad al uso de los recursos derivados de las sanciones y reforzar las políticas municipales de prevención de la violencia y protección de grupos vulnerables, en congruencia con los principios que rigen la administración pública municipal.