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CAMBIO EN SAGARPA. ¿CAMBIO SANO O CAMPO SANTIO? POR VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA

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Por: Víctor M. Quintana

Ni llegó Duarte ni se quedó Enrique Martínez y Martínez al frente de la SAGARPA. En el caso de éste último, casi tres años le tomó a  Peña Nieto darse cuenta que no era lo mejor tener a la cabeza de la política agroalimentaria del Gobierno Federal a un empresario del negocio de las pompas fúnebres. Parecía como si se le quisiera darle el réquiem a la agricultura nacional. Porque de acuerdo a como se están presentando las acciones de gobierno y las situaciones, la agricultura de la mayoría de los productores, pobres, medianos y buena parte de los ricos, está más cerca de la fosa que de una reactivación generalizada.

Es muy  largo el  desfile de políticas públicas y programas para el campo de los últimos sexenios: Procampo,  Programa Especial Concurrente (PEC), Acuerdo Nacional para el Campo,  Procampo Capitaliza, Activos Productivos, Progan, Proagro, etc. En los dos últimos años se ha hecho mucha propaganda, pero nunca se ha llevado a cabo la “Reforma para el Campo”, y ahora se ha desatado la discusión sobre el Presupuesto Base Cero. Nada esto ha servido para revertir el proceso de concentración de los recursos públicos en un puñado de megaproductores  y grandes empresas y para producir más alimentos, a más bajo costo para el pueblo de México. A pesar de que, desde 2003 el presupuesto para el campo se ha incrementado en un 180 por ciento en términos nominales, nuestro sector agropecuario sigue viviendo una agonía crónica, evidenciada por multitud de datos recientes:

La producción agrícola, según el INEGI, va a la baja: en el segundo trimestre de este año se redujo en un 1.6% con relación al mismo período del año pasado. No hemos logrado producir los alimentos  que consumimos: el año pasado importamos 450 mil millones de pesos  de alimentos básicos: 28 mil millones de dólares, casi un 20% más de lo que nos aportaron las remesas de nuestros paisanos.  Argumentan que las exportaciones van también en aumento: es cierto, pero aun fueron menores en tres mil millones de dólares que las importaciones. Seguimos exportando frutas tropicales, tomate, aguacate, tequila, cerveza, productos concentrados en un pequeño grupo de grandes empresas y productores; en tanto importamos más de diez millones de toneladas de maíz, y enormes volúmenes de cárnicos, lácteos  y otros granos básicos.

Con la crisis económica y la devaluación del peso, los pocos beneficiados son, precisamente las empresas exportadoras.  Pero los agricultores que producen para el mercado interno se ven sacudidos porque tienen que comprar en el extranjero insumos como semillas y fertilizantes, cuya producción a nivel local está desmantelada por el celo de los neoliberales. Peor aún, los energéticos como la gasolina, el diesel, la energía eléctrica, así como las refacciones y los implementos agrícolas todos los días aumentan su precio.  Pero los precios de lo producido por la gran mayoría de los agricultores nacionales van a la baja: el maíz, por ejemplo, ha perdido más de la mitad de su valor tan sólo entre 2010 y 2014. Por otro lado, la baja en el precio internacional del algodón va a perjudicar seriamente la estructura productiva nacional de esta fibra.

Para empeorar más todavía la situación de los productores primarios, los esquemas de comercialización propiciados por el gobierno, favorecen a los grandes intermediarios. A ellos les venden los productores alrededor de las  dos terceras partes de la producción de maíz y de frijol, según el INEGI. Y esto es así porque los programas de apoyo a la comercialización de las empresas de los productores son lentos y muy burocráticos. Por ejemplo, ASERCA aún no termina de  pagar a el subsidio al maíz, al frijol, y al algodón de la cosecha primavera-verano de 2014.

Después de la mala experiencia del TLCAN y sus efectos desastrosos en la agricultura campesina, en la soberanía alimentaria nacional, el afán de los funcionarios energúmenos del librecambismo se dirige ahora a la firma del Acuerdo Transpacífico.  De concretarse este acuerdo multinacional hay muchos e importantes sectores de la agricultura nacional que serían perjudicados: los productores de leche y de manzana, ya de por sí colocados contra la pared por el tratado norteamericano, advierten que serán avasallados por la enorme producción de leche y de manzana a bajos costos de Nueva Zelanda y de Chile.

Hace varios sexenios, un secretario de agricultura del PRI  declaró que lo que más producía el campo mexicano eran votos… ahora puede decirse que lo que más produce la SAGARPA son plantones, tomas de oficinas, bloqueos de carreteras, caravanas de tractores y pobreza. Así es porque, por más cambios de normatividad, de programas, de nombres, que haga su política sustantiva de fondo es la misma: favorecer la expansión de los grandes negocios agroalimentarios y administrar el bien morir de la agricultura campesina.

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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