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Opinión

CAMBIO EN SAGARPA. ¿CAMBIO SANO O CAMPO SANTIO? POR VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA

Por: Víctor M. Quintana

Ni llegó Duarte ni se quedó Enrique Martínez y Martínez al frente de la SAGARPA. En el caso de éste último, casi tres años le tomó a  Peña Nieto darse cuenta que no era lo mejor tener a la cabeza de la política agroalimentaria del Gobierno Federal a un empresario del negocio de las pompas fúnebres. Parecía como si se le quisiera darle el réquiem a la agricultura nacional. Porque de acuerdo a como se están presentando las acciones de gobierno y las situaciones, la agricultura de la mayoría de los productores, pobres, medianos y buena parte de los ricos, está más cerca de la fosa que de una reactivación generalizada.

Es muy  largo el  desfile de políticas públicas y programas para el campo de los últimos sexenios: Procampo,  Programa Especial Concurrente (PEC), Acuerdo Nacional para el Campo,  Procampo Capitaliza, Activos Productivos, Progan, Proagro, etc. En los dos últimos años se ha hecho mucha propaganda, pero nunca se ha llevado a cabo la “Reforma para el Campo”, y ahora se ha desatado la discusión sobre el Presupuesto Base Cero. Nada esto ha servido para revertir el proceso de concentración de los recursos públicos en un puñado de megaproductores  y grandes empresas y para producir más alimentos, a más bajo costo para el pueblo de México. A pesar de que, desde 2003 el presupuesto para el campo se ha incrementado en un 180 por ciento en términos nominales, nuestro sector agropecuario sigue viviendo una agonía crónica, evidenciada por multitud de datos recientes:

La producción agrícola, según el INEGI, va a la baja: en el segundo trimestre de este año se redujo en un 1.6% con relación al mismo período del año pasado. No hemos logrado producir los alimentos  que consumimos: el año pasado importamos 450 mil millones de pesos  de alimentos básicos: 28 mil millones de dólares, casi un 20% más de lo que nos aportaron las remesas de nuestros paisanos.  Argumentan que las exportaciones van también en aumento: es cierto, pero aun fueron menores en tres mil millones de dólares que las importaciones. Seguimos exportando frutas tropicales, tomate, aguacate, tequila, cerveza, productos concentrados en un pequeño grupo de grandes empresas y productores; en tanto importamos más de diez millones de toneladas de maíz, y enormes volúmenes de cárnicos, lácteos  y otros granos básicos.

Con la crisis económica y la devaluación del peso, los pocos beneficiados son, precisamente las empresas exportadoras.  Pero los agricultores que producen para el mercado interno se ven sacudidos porque tienen que comprar en el extranjero insumos como semillas y fertilizantes, cuya producción a nivel local está desmantelada por el celo de los neoliberales. Peor aún, los energéticos como la gasolina, el diesel, la energía eléctrica, así como las refacciones y los implementos agrícolas todos los días aumentan su precio.  Pero los precios de lo producido por la gran mayoría de los agricultores nacionales van a la baja: el maíz, por ejemplo, ha perdido más de la mitad de su valor tan sólo entre 2010 y 2014. Por otro lado, la baja en el precio internacional del algodón va a perjudicar seriamente la estructura productiva nacional de esta fibra.

Para empeorar más todavía la situación de los productores primarios, los esquemas de comercialización propiciados por el gobierno, favorecen a los grandes intermediarios. A ellos les venden los productores alrededor de las  dos terceras partes de la producción de maíz y de frijol, según el INEGI. Y esto es así porque los programas de apoyo a la comercialización de las empresas de los productores son lentos y muy burocráticos. Por ejemplo, ASERCA aún no termina de  pagar a el subsidio al maíz, al frijol, y al algodón de la cosecha primavera-verano de 2014.

Después de la mala experiencia del TLCAN y sus efectos desastrosos en la agricultura campesina, en la soberanía alimentaria nacional, el afán de los funcionarios energúmenos del librecambismo se dirige ahora a la firma del Acuerdo Transpacífico.  De concretarse este acuerdo multinacional hay muchos e importantes sectores de la agricultura nacional que serían perjudicados: los productores de leche y de manzana, ya de por sí colocados contra la pared por el tratado norteamericano, advierten que serán avasallados por la enorme producción de leche y de manzana a bajos costos de Nueva Zelanda y de Chile.

Hace varios sexenios, un secretario de agricultura del PRI  declaró que lo que más producía el campo mexicano eran votos… ahora puede decirse que lo que más produce la SAGARPA son plantones, tomas de oficinas, bloqueos de carreteras, caravanas de tractores y pobreza. Así es porque, por más cambios de normatividad, de programas, de nombres, que haga su política sustantiva de fondo es la misma: favorecer la expansión de los grandes negocios agroalimentarios y administrar el bien morir de la agricultura campesina.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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