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México

Cárteles de droga roban a Pemex para financiarse

El robo de combustibles ya se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles de la droga como Los Zetas Los Caballeros Templarios.

Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que los grupos de la delincuencia organizada crean empresas legales y fantasma para vender diesel y gasolina a empresarios de Estados Unidos, de Centroamérica y de Sudamérica, con ingresos que llegan a superar los 500 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/ 539/2011, Raúl Lucio Hernández Lechuga El Z16 El Lucky, miembro de Los Zetasdetenido en diciembre de 2011, confesó que el hidrocarburo se obtiene de tomas clandestinas de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) o a través del robo de pipas.

El detenido dijo ante las autoridades federales que el trasiego de diesel y gasolina se hace vía marítima o terrestre con destino a Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y hasta Colombia.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ubica a Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa como las entidades donde más ocurre el robo de combustibles.

Narcos ordeñan a Pemex y surten a Centroamérica

PGR identifica a 21 empresas fantasma de Los Zetas y de Los Templarios.

El tráfico de hidrocarburos robado se ha constituido en una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales quienes no sólo crean sus propias empresas para aparentar legalidad en sus operaciones, sino que le venden el producto robado a empresarios de Estados Unidos y Centroamérica, revelan investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) .

El tráfico de combustibles robados, a través de la sustracción ilegal de disel o gasolina a través de los ductos de Petróleos Mexicanos, o por el robo de pipas, constituye una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas de Los Zetas Los Caballeros Templarios, quienes han creado empresas fantasma, y algunas establecidas para obtener ingresos que se presume pueden superar los 500 millones de pesos mensuales.

La compraventa de combustibles se lleva a cabo por las vías marítima y terrestre, según se precisa en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/539/2011.

Ahí se establece que un miembro de Los Zetas, Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Z16 o El Lucky, tras su detención en diciembre de 2011, detalló las formas de operación de la organización para perpetrar el ilícito.

El robo permanente de los combustibles no sólo es para obtener recursos, sino para surtir sus vehículos.

De acuerdo a las averiguaciones previas por la sustracción ilegal de combustible y su comercialización, la PGR ha identificado por lo menos 21 empresas “fantasma”, que comercializaban con el hidrocarburo.

Modus operandi

Respecto al robo de pipas o tractocamiones con disel o gasolina, la dependencia federal tiene la denuncia de 623 vehículos.

A través de sus indagatorias, la PGR tiene constancia de que el combustible robado se ha traficado por las organizaciones criminales a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, incluso hasta Colombia.

Entre las evidencias con las que cuenta la dependencia federal se encuentran los decomisos y operaciones que ha realizado la Secretaria de Marina durante de operativos en altamar.

Tal es el caso del aseguramiento de un buque el pasado 11 de julio en aguas cercanas a Isla del Carmen, cuando la Armada de México decomisó la embarcación con 291 mil litros de disel, que viajaba hacia Honduras.

Ese entonces, la dependencia federal precisó que “fueron encontrados 291 mil 971 litros de combustible diesel, cantidad excedente que no aparecía asentada en el Diario de Navegación, manifestando haber recibido el hidrocarburo de otros buques abastecedores”.

Además, en enero de este año la Semar puso a disposición de la PGR a 20 personas entre ellas, 11  hondureños que en una embarcación denominada Caribbean
Clipper
 trasladaban diesel, sin que pudieran probar la lícita posesión del combustible.

En total, la Armada de México en enero de este año aseguró en altamar de 648 mil litros de diesel, por lo que fueron remitidas al juzgado Tercero de Distrito en Tabasco 20 personas detenidas.

Respecto a la organización Caballeros Templarios, la PGR investiga denuncias de empresarios a quienes les cobran como cuota de extorsión la entrega permanente de diesel y gasolina.

Tan sólo en 2011, la Secretaria de la Defensa Nacional encontró mil 287 tomas clandestinas, ubicadas en Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, los estados con mayor incidencia en este ilícito.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado más de dos mil averiguaciones previas y consignado a 325 personas en cinco años por el delito de sustracción de hidrocarburos a los ductos de Petróleos Mexicanos.

La paraestatal precisó que derivado de esas indagatorias se identificó más de cinco mil puntos de “ordeña” en todo el país. En muchos de los casos, la sustracción se lleva a cabo con rudimentarios accesorios.

En tanto, Pemex precisó que el robo de combustible por tomas clandestinas al mes de noviembre de 2011 se incrementó  52 por ciento más que el año pasado, detectándose una pérdida económica alrededor de seis mil millones de pesos.

La Procuraduría General de la República señala en respuesta de información precisa que del 2007 a 2011, se iniciaron dos mil 193 averiguaciones previas, un crecimiento del mil  por ciento mas que en 2007 al registrarse en ese año sólo 161 indagatorias en contraste con 2011 que se iniciaron mil 1163 averiguaciones previas.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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