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México

Cárteles influyeron en elecciones mexicanas, según 17 agencias de seguridad e inteligencia de EU

Las organizaciones transnacionales criminales mexicanas utilizaron miles de millones de dólares de las ganancias de las drogas, para intimidar a políticos e influir en elecciones, según aseguraron en un informe publicado, este martes 8 de marzo, las 17 principales agencias de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos.

Entre ellas, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Agencia de Inteligencia del Pentágono (DIA), el Buró Federal de Inteligencia (FBI), y, la Inteligencia de la Guardia Costera (CGI), todas con sus siglas en inglés.

Sin embargo, en la edición 2022 de la ‘Evaluación de Amenazas Alrededor del Mundo’ -reporte presentado de forma anual al Congreso de EE.UU. desde 2006-, las 17 principales agencias de inteligencia de Estados Unidos evitaron mencionar cifras o nombres de los políticos intimidados por los cárteles mexicanos del narcotráfico.

“En partes de México, las organizaciones transnacionales criminales usan miles de millones de dólares de las ganancias de las drogas para intimidar a políticos e influir en elecciones”, aseguró la evaluación de las agencias estadounidenses, dada a conocer por la Oficina de la Directora Nacional de Inteligencia de EE.UU., Avril Haines.

“[Las organizaciones transnacionales criminales mexicanas] reclutan y arman a combatientes capaces de confrontar directamente a las fuerzas de seguridad del Gobierno”, indicó la Evaluación, en la cual se destacan, también, los altos niveles de homicidios registrados en México, los cuales adjudica a las peleas por territorio y rutas de los grupos de narcotraficantes.

“Las batallas entre las organizaciones transnacionales criminales mexicanas que luchan por las rutas de drogas y por territorio han resultado en tasas de homicidios altas y constantes desde 2018, y que son cuatro veces la tasa de homicidios en Estados Unidos”, señaló la Oficina de la Directora Nacional de Inteligencia de EE.UU.

Asimismo, las 17 agencias estadounidenses reiteraron que las organizaciones transnacionales criminales mexicanas son las productores y surtidores dominantes de drogas ilícitas en Estados Unidos, además de que pronosticaron que ampliarán su capacidad de producir fentanilo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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