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Chihuahua

¿Caso Christopher pudo evitarse?

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Los menores vinculados al homicidio del menor Christopher, de seis años de edad,   en un aparente juego de secuestro, viven en condiciones sociales difíciles y ante un abandono paterno por cuestiones laborales, informó el fiscal de la Zona Centro de la Fiscalía General de Chihuahua, Sergio Almaraz Ortiz.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia, el funcionario explicó que aparentemente hubo señales sobre el comportamiento de algunos de los menores, que fueron ignorados por sus padres, mientras que otro había recibido atención sicológica.

Sobre las condiciones de la colonia Laderas de San Guillermo, en donde ocurrieron los hechos, el funcionario explicó que se trata de una zona conurbada a Chihuahua, colindante con el Centro de Reinserción Social.

“Hay un factor preponderante en este tema que es la ocupación laboral de padre y madre, estos menores en ausencia de sus padres no tenían actividades educativas que los blindaran de este tipo de ideas”, explicó el fiscal Almaraz Ortiz.

El funcionario detalló que la ausencia de los padres no permitió detectar señales de violencia, mientras que uno de ellos recibió atención por una conducta irregular.

“Todos los menores asisten a centros  educativos. “La víctima era un menor que convivía con estos menores, son vecinos, sus padres se conocen y tenían convivencia habitual. El comportamiento se gestó desde la voluntad de un instigador, que fue uno de los mayores de 15 años, quien llamó al resto de los miembros a que participaran en el acto que terminó por privar de la vida al menor”, explicó Almaraz Ortiz.

“Los cinco menores primero privaron de la vida a un animalito y a partir de ahí tienen contacto con este menor (Christopher); le piden que los acompañe a juntar leña por instrucción de sus padres, se dirigen al cauce de un arroyo colindante con el espacio habitacional que no es visible.

“Una vez ahí le proponen participar del juego, lo sujetan de manos y pies y estando maniatado, uno de los mayores le coloca un palo a la altura de la tráquea, lo que interrumpe la circulación de aire, pierde el conocimiento, pero no  la vida; posteriormente sufre una lesión con piedras y una arma blanca en la que cada uno de los cinco menores tienen participación activa”, detalló Almaraz Ortiz.

De acuerdo con la narración de los hechos, el cuerpo de Christopher fue cubierto con maleza y los restos del perro muerto, que habían cazado durante la mañana, con el objetivo de despistar del lugar donde se había removido la tierra.

El fiscal de la Zona Centro de Chihuahua afirmó que no se trata de un tema de inseguridad pública.

El funcionario dijo que los mayores de 15 años serán sujetos a un proceso y que podrían alcanzar una pena de 10 años.

“Somos una sociedad  productora de violencia”

Alfredo Rodríguez, coordinador de Ciencias Forenses del condado de San Diego, California, señaló que el fiscal de la zona centro de Xhihuahua, Sergio Almaraz Ortíz, se enfocó en el punto de vista jurídico, “pero no estoy de acuerdo en que la responsabilidad es completa de los padres. El caso no es aislado, hemos tenido muchos casos en México que crean conductas destructivas”.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia explicó que “no sólo es el hecho de cómo tratas a una mascota sino en cómo se programó un hecho criminal típico de un adulto, en el caso del menor Christopher  lo golpearon, lo lesionaron con objetos punzocortantes y ocultaron el cadáver con cierto grado de pericia y hubo un factor preparante”.

“Este caso es el resultado de los problemas de educación y no sólo de los problemas de familia. Somos una sociedad productora de violencia y creadora de estereotipos, hay chavos  que ya han presenciado un homicidio en su cuadra, o que saben que su vecino es un asesino o un sicario”.

“Me parece que disociar el caso con la situación de violencia que se vive en el país es difícil. Son esquemas aprendidos, debe haber una forma en la violencia doméstica, debemos formar programas sociales que prevengan este tipo de casos y que no sean víctimas, cada vez a menor edad los chavos que ingresan al crimen organizado”.

Fuente: Excélsior

Chihuahua

Gobierno de Chihuahua firma convenio interinstitucional para fortalecer justicia y protección a mujeres

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, acuerdo que establece bases de coordinación entre distintas instituciones para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.

El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales del país, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre autoridades para generar resultados integrales en materia de protección y acceso a la justicia.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal señaló que una de las responsabilidades de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes la han sufrido y generar condiciones que les permitan avanzar en su vida personal y profesional.

Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la recuperación de estancias infantiles para apoyar a las mujeres que trabajan, el fortalecimiento del transporte público seguro, la ampliación de sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.

La mandataria afirmó que aún existen retos por atender, pero destacó que cuando las instituciones colocan en el centro la dignidad de las mujeres, se pueden generar condiciones de justicia y esperanza para la sociedad.

El acuerdo contempla la instalación de mesas interinstitucionales con el fin de reforzar la protección, atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. También se impulsarán campañas de promoción de la igualdad, acompañamiento a familias afectadas, acciones educativas y apoyo a reformas en la legislación local.

Maru Campos participó como testigo de honor en la firma del convenio, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Entre las líneas de cooperación se establece garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, además de evitar el archivo indebido de los casos sin la debida fundamentación.

Asimismo, se contempla instalar una mesa de trabajo permanente para revisar y fortalecer los protocolos de atención, investigación y seguimiento, así como implementar programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

La directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el acuerdo refleja la decisión de continuar fortaleciendo el trabajo institucional contra la violencia de género.

Por su parte, la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez, indicó que la institucionalización de estas acciones permitirá brindar mayor respaldo a mujeres y niñas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, destacó que el acceso a la justicia depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos relacionados con violencia contra las mujeres.

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