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Chihuahua uno de los estados con cantidades más fuertes de recursos

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Con recursos públicos, el gobierno federal erogó casi 2 mil millones de pesos para el pago de comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante 2011, muchos de los cuales recibieron sus salarios pese a ocupar cargos de elección popular, mientras otros se ausentaron de sus labores docentes por comisiones sindicales o para desempeñar puestos en dependencias, partidos y hasta presidencias municipales.

De acuerdo con el Portal de Cumplimiento del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), Elba Esther Gordillo recibió en los cuatro trimestres del año pasado 380 mil 438 pesos como comisionada en el centro de trabajo con la clave 15AGS0001S, donde también cobra su hija Maricruz Montelongo, quien obtuvo en ese periodo 335 mil 310 pesos.

En la escuela de la maestra, que se identifica en Tlalnepantla de Baz, estado de México, aunque contradictoriamente tiene el domicilio de Belisario Domínguez 32, en el Distrito Federal, que pertenece a la sección novena, se pagó una nómina de 120 millones 814 mil 529 pesos.

El ex yerno de Gordillo, René Fujiwara Apodaca, quien mantiene sus ocho plazas de profesor de enseñanza tecnológica, recibió 295 mil 66 pesos y su estatus se modificó al incluir una nueva clave (15FZT0015U) de centro de trabajo como supervisor escolar de zona número 15, en el tercer trimestre del año pasado. Esto, mientras el ex secretario general de dicha organización, Rafael Ochoa, cobró 99 mil 103 pesos en el primer trimestre del citado año, y luego, el 16 de marzo de 2011, terminó su comisión sindical y fue dado de baja de la escuela de la maestra y sus allegados.

El actual secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, obtuvo 382 mil 972 pesos el año pasado.

En total, por los cuatro trimestres de 2011, el gobierno de Felipe Calderón pagó mil 994 millones 528 mil 909 pesos al personal comisionado de la organización sindical. Las entidades donde se erogaron las cantidades más fuertes de recursos para el pago de estos docentes con comisión fueron en, primer lugar, Sonora, con 371 millones 319 mil 863 pesos; Distrito Federal, con 351 millones 117 mil 293 pesos; Chihuahua, con 334 millones 906 mil 393 pesos, y Campeche, con 233 millones 958 mil 360 pesos. Lo anterior, sin contar que en algunos trimestres muchos de los estados no reportaron la información respectiva.

En el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se notificó a los titulares del ramo en las entidades la actualización de la información al cuarto trimestre de 2011. Sin embargo, aunque el informe no ha sido entregado a la Cámara de Diputados, en la base de datos se encuentran los detalles de las nóminas por entidad.

Destaca, por ejemplo, que en Zacatecas el objeto y función de la comisión de la maestra María de la Luz Gallegos Torres fue la presidencia municipal de Pinos y que por ello se le pagaron en el cuarto trimestre 87 mil 343 pesos. El profesor Antonio Díaz Nava se fue a la alcaldía de General Pánfilo Natera y cobró de octubre a diciembre 82 mil 300 pesos.

Los comisionados en ese estado –la mayoría en alcaldías, algunos en el PRI y otros en las secretarías de Planeación y Desarrollo Regional, así como de Desarrollo Agropecuario– tuvieron un costo para el erario de 3 millones 773 mil 406 pesos tan sólo en el cuarto trimestre de 2011.

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Fiscalía impugnará amparo que permitió liberar a dueño del crematorio Plenitud

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La Fiscalía General del Estado exigió la revisión inmediata del amparo que derivó en la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio Plenitud, y anunció la presentación de recursos legales para revertir la decisión.

El fiscal César Jáuregui informó que se promoverá un recurso de revisión ante jueces del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de que se recomponga la sentencia y las cosas vuelvan al estado en que se encontraban. Además, se interpondrá una queja ante los órganos de control del propio Poder Judicial para que se analice la actuación del juez que concedió el amparo.

El funcionario dio a conocer que sostuvo un encuentro con familias afectadas, a quienes explicó la postura institucional y ofreció respaldo en la búsqueda de que la resolución sea modificada.

En conferencia de prensa, acompañado por el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y el vicefiscal, Francisco Sáenz, detalló que el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó el amparo para ordenar la libertad inmediata del imputado, quien estaba detenido por delitos vinculados con el establecimiento donde el 26 de junio fueron localizados 386 cuerpos. La noche del 13 de febrero, añadió, se cumplimentó la determinación judicial y el hombre salió en libertad.

Jáuregui recordó que previamente ese mismo juzgado había negado una solicitud similar al considerar que los cadáveres permanecieron durante meses en condiciones insalubres y en descomposición, lo que implicaba un riesgo para la comunidad.

Expuso que la autoridad ministerial acreditó la existencia de 386 cuerpos sin tratamiento adecuado y que a familiares se les entregaron urnas con restos que no correspondían a sus seres queridos. Indicó que el juez que concedió el amparo centró su análisis en los verbos rectores de los delitos, ocultar y conservar, al estimar que no se configuraban porque los cuerpos no estaban escondidos.

El fiscal agregó que ya se diseña una estrategia jurídica y, para no entorpecer los procesos, se reservarán más detalles. Reiteró el compromiso de la institución para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

Hasta ahora, la Fiscalía ha identificado 191 cuerpos, de los cuales 185 han sido entregados, y se realizaron 152 peritajes de ADN cuyos resultados se recibirán en los próximos días.

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