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Chihuahua

Chihuahua uno de los estados con cantidades más fuertes de recursos

Con recursos públicos, el gobierno federal erogó casi 2 mil millones de pesos para el pago de comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante 2011, muchos de los cuales recibieron sus salarios pese a ocupar cargos de elección popular, mientras otros se ausentaron de sus labores docentes por comisiones sindicales o para desempeñar puestos en dependencias, partidos y hasta presidencias municipales.

De acuerdo con el Portal de Cumplimiento del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), Elba Esther Gordillo recibió en los cuatro trimestres del año pasado 380 mil 438 pesos como comisionada en el centro de trabajo con la clave 15AGS0001S, donde también cobra su hija Maricruz Montelongo, quien obtuvo en ese periodo 335 mil 310 pesos.

En la escuela de la maestra, que se identifica en Tlalnepantla de Baz, estado de México, aunque contradictoriamente tiene el domicilio de Belisario Domínguez 32, en el Distrito Federal, que pertenece a la sección novena, se pagó una nómina de 120 millones 814 mil 529 pesos.

El ex yerno de Gordillo, René Fujiwara Apodaca, quien mantiene sus ocho plazas de profesor de enseñanza tecnológica, recibió 295 mil 66 pesos y su estatus se modificó al incluir una nueva clave (15FZT0015U) de centro de trabajo como supervisor escolar de zona número 15, en el tercer trimestre del año pasado. Esto, mientras el ex secretario general de dicha organización, Rafael Ochoa, cobró 99 mil 103 pesos en el primer trimestre del citado año, y luego, el 16 de marzo de 2011, terminó su comisión sindical y fue dado de baja de la escuela de la maestra y sus allegados.

El actual secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, obtuvo 382 mil 972 pesos el año pasado.

En total, por los cuatro trimestres de 2011, el gobierno de Felipe Calderón pagó mil 994 millones 528 mil 909 pesos al personal comisionado de la organización sindical. Las entidades donde se erogaron las cantidades más fuertes de recursos para el pago de estos docentes con comisión fueron en, primer lugar, Sonora, con 371 millones 319 mil 863 pesos; Distrito Federal, con 351 millones 117 mil 293 pesos; Chihuahua, con 334 millones 906 mil 393 pesos, y Campeche, con 233 millones 958 mil 360 pesos. Lo anterior, sin contar que en algunos trimestres muchos de los estados no reportaron la información respectiva.

En el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se notificó a los titulares del ramo en las entidades la actualización de la información al cuarto trimestre de 2011. Sin embargo, aunque el informe no ha sido entregado a la Cámara de Diputados, en la base de datos se encuentran los detalles de las nóminas por entidad.

Destaca, por ejemplo, que en Zacatecas el objeto y función de la comisión de la maestra María de la Luz Gallegos Torres fue la presidencia municipal de Pinos y que por ello se le pagaron en el cuarto trimestre 87 mil 343 pesos. El profesor Antonio Díaz Nava se fue a la alcaldía de General Pánfilo Natera y cobró de octubre a diciembre 82 mil 300 pesos.

Los comisionados en ese estado –la mayoría en alcaldías, algunos en el PRI y otros en las secretarías de Planeación y Desarrollo Regional, así como de Desarrollo Agropecuario– tuvieron un costo para el erario de 3 millones 773 mil 406 pesos tan sólo en el cuarto trimestre de 2011.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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