Chihuahua
Chihuahua uno de los estados con cantidades más fuertes de recursos
Con recursos públicos, el gobierno federal erogó casi 2 mil millones de pesos para el pago de comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante 2011, muchos de los cuales recibieron sus salarios pese a ocupar cargos de elección popular, mientras otros se ausentaron de sus labores docentes por comisiones sindicales
o para desempeñar puestos en dependencias, partidos y hasta presidencias municipales.
De acuerdo con el Portal de Cumplimiento del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), Elba Esther Gordillo recibió en los cuatro trimestres del año pasado 380 mil 438 pesos como comisionada en el centro de trabajo con la clave 15AGS0001S, donde también cobra su hija Maricruz Montelongo, quien obtuvo en ese periodo 335 mil 310 pesos.
En la escuela de la maestra, que se identifica en Tlalnepantla de Baz, estado de México, aunque contradictoriamente tiene el domicilio de Belisario Domínguez 32, en el Distrito Federal, que pertenece a la sección novena, se pagó una nómina de 120 millones 814 mil 529 pesos.
El ex yerno de Gordillo, René Fujiwara Apodaca, quien mantiene sus ocho plazas de profesor de enseñanza tecnológica, recibió 295 mil 66 pesos y su estatus se modificó al incluir una nueva clave (15FZT0015U) de centro de trabajo como supervisor escolar de zona número 15, en el tercer trimestre del año pasado. Esto, mientras el ex secretario general de dicha organización, Rafael Ochoa, cobró 99 mil 103 pesos en el primer trimestre del citado año, y luego, el 16 de marzo de 2011, terminó su comisión sindical y fue dado de baja de la escuela de la maestra y sus allegados.
El actual secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, obtuvo 382 mil 972 pesos el año pasado.
En total, por los cuatro trimestres de 2011, el gobierno de Felipe Calderón pagó mil 994 millones 528 mil 909 pesos al personal comisionado de la organización sindical. Las entidades donde se erogaron las cantidades más fuertes de recursos para el pago de estos docentes con comisión fueron en, primer lugar, Sonora, con 371 millones 319 mil 863 pesos; Distrito Federal, con 351 millones 117 mil 293 pesos; Chihuahua, con 334 millones 906 mil 393 pesos, y Campeche, con 233 millones 958 mil 360 pesos. Lo anterior, sin contar que en algunos trimestres muchos de los estados no reportaron la información respectiva.
En el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se notificó a los titulares del ramo en las entidades la actualización de la información al cuarto trimestre de 2011. Sin embargo, aunque el informe no ha sido entregado a la Cámara de Diputados, en la base de datos se encuentran los detalles de las nóminas por entidad.
Destaca, por ejemplo, que en Zacatecas el objeto y función de la comisión
de la maestra María de la Luz Gallegos Torres fue la presidencia municipal de Pinos y que por ello se le pagaron en el cuarto trimestre 87 mil 343 pesos. El profesor Antonio Díaz Nava se fue a la alcaldía de General Pánfilo Natera y cobró de octubre a diciembre 82 mil 300 pesos.
Los comisionados en ese estado –la mayoría en alcaldías, algunos en el PRI y otros en las secretarías de Planeación y Desarrollo Regional, así como de Desarrollo Agropecuario– tuvieron un costo para el erario de 3 millones 773 mil 406 pesos tan sólo en el cuarto trimestre de 2011.
Chihuahua
Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua
Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.
El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.
En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.
¿De qué se acusa a César Jáuregui?
Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.
El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.
Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.
¿Cómo se autorizó la orden de captura?
El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.
Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.
La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.
Lo que todavía falta por esclarecer
Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.
Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.
La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.
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