Los gobiernos de las entidades no han cumplido con la certificación total de su personal antisecuestro, delito de alto impacto cuya incidencia principal se concentra en Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León, afirmó Marisela Morales Ibáñez, procuradora General de la República.

En la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo que de un estado de fuerza actual de mil 311 elementos en dichas unidades, mil 129 han sido evaluados, es decir, 86 por ciento; 186 resultaron no aptos.

“Los avances son significativos; sin embargo, todavía no hemos alcanzado el objetivo que nos planteamos, de tener 100 por ciento de los elementos evaluados”, agregó.

Expuso que Durango, Yucatán, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur, Zacatecas, Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz y Nayarit tienen un avance menor a 60 por ciento; otras 12 entidades llevan 60 por ciento y sólo ocho superan 70 por ciento.

Informó que de 2008 a 2011 siete entidades reportaron el mayor índice de secuestro; ahí ocurrieron entre 91 y 180 casos por año.

Morales Ibáñez indicó que se deben redoblar esfuerzos para que las instituciones federales y los estados concluyan lo más pronto posible los procesos de evaluación y depuración en términos de ley.

“Hemos avanzado”

Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, afirmó que el país está “muchísimo más adelantado” en reformas y modelos de seguridad que antes, pero dijo que hay un rezago en el combate a la impunidad y en alinear las políticas gubernamentales con los intereses ciudadanos.

Durante su participación en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo en 2008, cuando lanzó la frase “si no pueden renuncien”, no había esquemas policiales y de combate al secuestro bien definidos.

“Entonces exigíamos muchas cosas; hoy tenemos muchas cosas qué hacer, hay una gran diferencia de hace cuatro años: tenemos modelos de reforma, modelos policiales, modelos de oficinas antisecuestro, muchas implementaciones que ya las podemos tomar como actos de buena práctica y replicados a en los estados.

“Estamos muchísimo más adelantos que hace cuatro años y medio, no cabe la menor duda, y lo quiero confesar. Sin embargo, nuestra desesperación es que nos faltan quizá cuatro años para terminar con esto”, comentó.