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China admitió una fuga radiactiva en su central nuclear de Taishan luego de ocultar el incidente

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Un pequeño número de barras de combustible dañadas provocó una acumulación de gases radiactivos en la central nuclear de Taishan, indicaron este miércoles las autoridades chinas, que descartaron todo peligro.

El canal de televisión estadounidense CNN informó el lunes de una posible “fuga” en esta planta ubicada en el sur de China y que dispone de los únicos reactores EPR de última generación, un diseño que funciona con agua presurizada, que han entrado en servicio en el mundo.

La cadena estadounidense dijo que la empresa francesa Framatome advirtió de una “amenaza radiológica inminente”.

Hasta el momento, Beijing había relativizado los riesgos y explicado que los niveles de radiactividad en la central eran normales.

Este miércoles, el ministerio chino de Medio Ambiente y la Autoridad de Seguridad Nuclear dieron las primeras explicaciones técnicas.

En un comunicado común, admitieron un alza de la radiactividad en el interior de uno de los reactores provocada “por unas cinco barras de combustibles dañadas”.

Trabajadores que esperan que el entonces primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, llegue a la central nuclear conjunta chino-francesa de Taishan, en las afueras de la ciudad de Taishan, en la provincia de Guangdong. (Photo by PETER PARKS / AFP)Trabajadores que esperan que el entonces primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, llegue a la central nuclear conjunta chino-francesa de Taishan, en las afueras de la ciudad de Taishan, en la provincia de Guangdong. (Photo by PETER PARKS / AFP)

Este fenómeno fue calificado de “común” por las autoridades, debido a “factores incontrolables” durante los procesos de fabricación, transporte o instalación en la central.

Las barras de combustible contienen pastillas de uranio y proporcionan la energía que hace funcionar a un reactor nuclear.

El aumento de la radiactividad en la planta se ubica “en el parámetro reglamentario” y “no hay fuga” en el medio ambiente, precisa el comunicado.

La compañía francesa EDF, que tiene el 30% del paquete accionario de la central de Taishan junto con el operador chino CGN, informó el lunes de la presencia de “gases raros” en el circuito primario del primer reactor.

La puesta en servicio de reactores EPR de última generación ha sido objeto de años de retraso en proyectos europeos similares en el Reino Unido, Francia y Finlandia.

La central de Taishan, puesta en marcha en 2018, fue la primera en todo el mundo en operar un reactor nuclear EPR de última generación, un diseño con agua presurizada que ha sido objeto de años de retraso en proyectos europeos similares en el Reino Unido, Francia y Finlandia.

La central nuclear conjunta chino-francesa de Taishan se está construyendo en las afueras de la ciudad de Taishan en la provincia de Guangdong. (Photo by PETER PARKS / AFP)La central nuclear conjunta chino-francesa de Taishan se está construyendo en las afueras de la ciudad de Taishan en la provincia de Guangdong. (Photo by PETER PARKS / AFP)

La central, situada en la ciudad de Taishan, cerca de la costa del sur de Guangdong y del centro financiero de Hong Kong, cuenta ahora con dos unidades EPR.

EDF, propietaria mayoritaria de Framatome, dijo en un comunicado que había solicitado una reunión extraordinaria del consejo de administración de la central.

La página web del regulador chino, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, solo registró un incidente en Taishan en los últimos meses, ocurrido el 5 de abril, en el que una “pequeña cantidad de gas radiactivo entró inesperadamente” en la tubería sellada con agua de la primera unidad de la central.

El comunicado dice que el incidente ya fue inspeccionado y que la cantidad total de gas vertido representó el 0,00044% del límite de emisión anual.

Sin embargo no está claro si el incidente de abril esté relacionado con la reciente situación señalada por Framatome.

Con información de AFP

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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