El sector automotriz prevé que el gobernador de Chihuahua, César Duarte, anunciará este lunes un programa de regularización de vehículos “chocolate” en esa entidad, a través del cual se otorgarán placas de plástico y engomados a los vehículos usados introducidos ilegalmente, que circulan en la entidad hasta ahora de forma irregular.

Ante ello, la industria automotriz mexicana pidió a las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía no dar amnistía a la medida que consideran de corte electoral por parte del gobernador, para legalizar autos “chocolate”.

El sector pidió además que se procedan las sanciones por violar las leyes aduanera y de comercio exterior, así como la normatividad federal.

“En un momento en el que hemos dado un frente muy importante (el Gobierno Federal y la industria) permitiendo reducir 60% las importaciones de esta basura vehicular, me parece inaudito que desde el gobierno del estado de Chihuahua se pretenda dar amnistía a vehículos ilegales”, criticó Eduardo Solís, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Dicha iniciativa viola leyes aduaneras y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior, a cambio de una tarifa de 1,900 pesos durante nueve meses, con opción de renovarse.

En conferencia de prensa conjunta, el director de la AMIA y Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidora de Automotores (AMDA) reprocharon la iniciativa del gobernador, cuando su compromiso al arranque de su gobierno en el 2012 fue acabar con el problema de importación de usados que dejó a un mercado interno débil.

Legalizar lo “chueco”

Solís explicó que los vehículos “chuecos” fueron internados al estado de Chihuahua y ahora se les pretende dar un engomado y una placa de plástico, lo cual contraviene la Norma 001 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de placas particulares.

De esta forma, el líder de las armadoras en el país afirmó que las autoridades del Servicio de Administración Tributaria cuentan con las herramientas y facultades para sancionar la ilegalidad de la estancia de este tipo de unidades.

En tanto, el director general de la AMDA, Guillermo Rosales, recordó que desde la implementación del programa, que concluyó en 2013, para que Chihuahua garantice contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados que circulan en dicha entidad, el gobernador no ha cumplido el compromiso para acabar con estas unidades ilegales.

El Economista