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México

Ciera el INE temporalmente los Módulos de Atención Ciudadana en el país

En atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias del país y diversos gobiernos de los estados, para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) informa que a partir de este lunes 23 de marzo serán suspendidas las actividades en los 858 Módulos de Atención Ciudadana.

La determinación se adopta para proteger la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos.

De acuerdo con especialistas y autoridades en materia de salud, el distanciamiento social es la medida más eficaz que se puede aplicar para evitar la propagación del virus. Con anterioridad, el INE tomó medidas de protección a la salud de la ciudadanía reduciendo en un 70 por ciento el aforo en las salas de espera de los módulos e instrumentando la realización de actividades del Instituto en todo el país con el personal mínimo indispensable en oficinas.

Por otro lado, desde la semana pasada un número importante de instituciones de educación básica, media y superior -públicas y privadas- de todo el país, determinaron la suspensión de actividades, y a partir de este lunes 23 –como en su momento anunciaron las autoridades de Educación Pública-, la totalidad de las instituciones de educación cerrarán sus instalaciones.

Gobiernos estatales -como los de Jalisco y la Ciudad de México-, pidieron a los habitantes suspender actividades y permanecer en sus hogares, para evitar la propagación del virus, y anunciaron la suspensión de trámites en ventanilla a partir de este lunes. Medidas similares se han adoptado en otras entidades del país. El INE se mantendrá atento a estas y otras acciones de prevención que sean anunciadas o sugeridas en los próximos días por las autoridades sanitarias del país.

Una vez superada la emergencia epidemiológica, el INE reprogramará las citas establecidas con anterioridad y reanudará las actividades de los Módulos de Atención Ciudadana, garantizando que todos los trámites pendientes serán atendidos con celeridad y profesionalismo, como es la norma.

El INE reitera que, por encima de toda consideración, primero está la protección de la salud de la ciudadanía y la de las y los trabajadores de la institución.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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